Pueblos indígenas de La Paz anuncian la primera marcha en defensa de sus derechos
En relación a la tierra y territorio, la Cpilap denuncia que existe un "ilegal" retraso en el saneamiento de las tierras ancestrales del norte paceño, atribuible a la "negligencia administrativa" del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), incluido el viceministerio de Tierra y Territorio.
Asimismo, sostienen que desde la vigencia de la ley INRA no se ha elaborado un manual de distribución de tierras fiscales, hecho que perjudica en el acceso a sus territorios que tradicionalmente ocupan. Repudian que el INRA La Paz les dijera que sus demandas de saneamiento "debían ser abordados con la participación del Pacto de Unidad Departamental", cuando existe un procedimiento legal.
Piden su inclusión en la Ley de Minería, porque la norma no fue consensuada con los pueblos indígenas que ven avasallados sus territorios con la actividad minera. "El obligarlos a organizarse en cooperativas o empresas mineras, es desconocer sus propias formas de organización y estarían siendo colonizados, al insertar dentro de sus costumbres normas ajenas a ellas", sin embargo, demandan ser incluidos como "actores mineros".
En su voto resolutivo hacen notar un problema con la concesión minera aurífera Alto Mapiri de propiedad de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) que traspasaría el territorio de la nación Leco Pilcol. Sostienen que desde hace mucho tiempo la entidad viene subarrendando más de 200 cuadrículas mineras; el hecho estaría afectando en la convivencia de los lecos.
En otro tema, la Cpilap condena el avasallamiento de los territorios ancestrales motivados por la actividad de explotación extractiva de minerales y recomienda aplicar la jurisdicción indígena en el marco de la ley y se proceda a la expulsión previa conminatoria.
Piden participar en las instituciones del Estado, porque a diferencia de otras organizaciones sociales, los pueblos indígenas están relegados y aislados de la participación estatal y niveles de decisión, por lo tanto, no tienen ninguna incidencia en ministerios, direcciones y otras entidades estatales, por eso demandan participar en la ABT, EASBA, INRA, en los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural y Tierras.
Y piden la protección de los pueblos no contactados y en aislamiento y la delimitación de su territorio.
