Gobierno denuncia a exministros Rojo, Ortiz y Guzmán por daño de Bs 76,3 MM
Los delitos por los cuales acusará a los tres exministros son de corrupción pública, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos, falsedad material, uso de instrumento falsificados y ejercicio indebido de la profesión, advirtió Huanca, según la estatal ABI.
El primero de los casos se refiere a la estatal Emapa, donde el exgerente Eduardo Wilde Jordán firmó un contrato por la compra de 30.000 toneladas de trigo transgénico, por 51 millones de bolivianos a una empresa de Estados Unidos.
"Este contrato va contra los intereses del Estado, ya que generó una demanda arbitral tramitada en Londres para el pago de daños y perjuicios por un monto de 2.894.784 dólares, dinero que equivale a unos 20 millones de bolivianos", indicó Huanca, según El Deber.
En el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem), el exgerente de la empresa de abonos y fertilizantes, Sergio Luna Camacho y otros, compraron fertilizantes, pero más tarde se evidenció la falta de los insumos. Esa compra se hizo por 8.898.518, sin que haya un registro del proceso.
Otros cinco casos de corrupción fueron hallados en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), en el cual uno es por el nombramiento de Karina Fabiola Leiva Añez, quien sería pariente de la expresidenta jeanine Añez.
La demanda contra la presunta familiar de la exjefa de Estado indica que fueron creados cargos ejecutivos innecesarios en la pandemia, lo que ocasionó un daño al Estado de 113 mil bolivianos e incrementó sueldos al nivel ejecutivo por 1,2 millones de bolivianos sin justificación.
Otro de los casos observados desde Desarrollo Productivo es uno contra la exgerente de frutos amazónicos de EBA, Carmen Alicia Melgar, el extesorero Javier López Arce y otras personas que habrían ejecutados manejos “discrecionales” por un monto de 8,3 millones de bolivianos en la compra de castaña, sin el debido descargo.
Fueron además recibidos productos para las canastas estudiantiles sin ningún contrato, por un valor de dos millones de bolivianos. Todas las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía para su respectiva investigación.
