Caso Characayo devela fracturas en el MAS y reflote de la corrupción
Antes de este caso, se dieron denuncias de corrupción contra Obras Públicas, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y AE Vivienda, además de maltrato en el Ministerio de Planificación, pero que no tuvieron el mismo trato que este último.
El titular de Obras Públicas, Edgar Montaño, fue sindicado de estar tras irregularidades en la construcción del tren metropolitano en Cochabamba, la apertura del aeropuerto de Chimoré y 36 vuelos irregulares. Ante los pedidos de su destitución, surgió un grupo de masistas que lo defiende y arremete contra quienes piden su cargo. Similar contexto se presentó ayer: dirigentes de los interculturales, sector al que pertenece el ahora exministro, creen que “hubo una mano negra que hizo pisar el palito al compañero”.
“Esperemos que todo sea una mano negra, porque no hemos visto que haya favorecido a alguien”, dijo Oscar Castro, ejecutivo de este sector.
Presión
Los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, son las puntas de lanza para promover la sanción contra la exautoridad.
“Ustedes podrán ver que él recibió la suma de 20 mil dólares, en sus manos, el ahora exministro de Desarrollo Rural y Tierras. Tenemos conversaciones telefónicas entre las personas que estarían incitando en la comisión de estos delitos, creemos que la cabeza de la red de corrupción ha caído”, dijo Del Castillo en rueda de prensa
Lima, por su parte, al informar sobre la presentación de la denuncia formal contra la exautoridad, aseguró que se trata de una red criminal.
“Estamos frente a una organización criminal, no hay otra palabra para calificarla, que está siendo desmantelada (…). Hay prueba contundente y prueba evidente de que aquí se ha cometido delitos de orden público”, señaló.
Junto al exministro se detuvo al también ahora exdirector General de Desarrollo Rural Hiper García Quecaña.
Es la segunda vez, en esta gestión, que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras está en la mira. El antecesor de Characayo, Wilson Cáceres, fue destituido, a poco de ser posesionado, por contratar a su pareja sentimental como su jefa de equipo.
Esta cartera del Estado es uno de los espacios reservados para las organizaciones campesinas.
Obras Públicas
Este despacho tiene varias denuncias de corrupción que involucraron al exviceministro Pablo del Granado, al exdirector de Planificación Luis Fernando Vía y otras tres personas, en el cobro de una coima del 3 por ciento a la empresa responsable de la construcción del tren metropolitano de Cochabamba.
Montaño se deslindó del problema al sostener que no estaba informado. En el caso del aeropuerto de Chimoré y los 36 vuelos, también dijo desconocer las operaciones. Por el caso fue destituido el director general de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (Aasana).
El senador de Creemos Henry Montero denunció un caso de presunta corrupción en AE Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Se buscó beneficiar a una empresa en la adjudicación de obras para AE Viviendas. Al respecto, Montaño indicó que se trata de exfuncionarios.
La Fiscalía admitió una demanda penal en contra del director nacional de la ABT, Omar Quiroga, por presuntos hechos de corrupción.
Detalles del caso de Characayo
El ahora exministro Edwin Characayo prestó ayer su declaración y se encuentra en celdas judiciales para su audiencia de medidas cautelares.
Los tipos penales por lo que se lo investiga son: uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, concusión y cohecho pasivo propio.
La exautoridad pretendía cobrar $us 380.000. De este monto, 100.000 eran para él; 80.000, para pagar a una comisión, y 200.000, a funcionarios del INRA.
Afirman que corrupción volvió a esferas del MAS
Ante el escándalo de corrupción en Desarrollo Rural, surgen voces que denuncian que retornó el sistema corrupto del MAS al Gobierno. Algunos oficialistas minimizan el caso, argumentando que es un hecho individual o intrascendente.
“Vuelve a aparecer la corrupción en los más altos niveles del Gobierno del MAS. La práctica que creció en los 14 años de Morales con cientos de casos que quedaron impunes, y que se instala de nuevo, es una señal del tamaño del cáncer que está destruyendo Bolivia”, escribió Carlos Mesa en su cuenta de Twitter.
Para el presidente de Diputados, Freddy Mamani, es un hecho individual y que no se puede involucrar por éste a todo el Gobierno, mientras que, para su homólogo del Senado, Andrónico Rodríguez, es un hecho de corrupción que no se puede tolerar.
“No puede haber encubrimiento por más que sean ministros, viceministros o directores. Todos los involucrados en el hecho deben comparecer ante la justicia”, dijo.
Por su parte, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana calificó el hecho como intrascendente. “Para mí, es intrascendente que un ministro esté recibiendo 20.000 dólares. ¿Ustedes se imaginan lo que significa, en términos de millones de dólares, el tráfico de tierras por parte de la derecha en Santa Cruz, en los últimos 50 años?”.
“A partir de este episodio se va a desencadenar una guerra contra el Gobierno, por 5 pesos que cualquier dirigente haya cobrado para dar un cargo público. Acuérdense lo que les digo”, argumentó.
La exautoridad, cuando estaba en funciones, fue denunciada por corrupción en la internación de 33 camiones de contrabando. El caso quedó en nada.
Adepcoca pide investigar a Characayo
Los productores de coca de los Yungas de La Paz afiliados en la Adepcoca, contraria al MAS, pidieron ampliar la investigación contra el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Rolando Canceno, y todo el entorno del ahora exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo, involucrado en cobros ilícitos para el saneamiento de tierras.
Armín Lluta, ejecutivo de Adepcoca, mencionó que la justicia tarda pero llega. Pidió se investiguen todas las irregularidades que habría cometido esta exautoridad y su entorno, como la emisión irregular de la Resolución Ministerial 068/2021, que autoriza el traslado del mercado de hoja de coca, instalado en Villa Fátima, a la zona de Kalajahuira.
“Vamos a presentar en la vía penal la denuncia por la emisión de esta resolución contraria a la ley”, refirió Lluta, al agregar que Characayo mostró una actitud radical y rebelde, y con la emisión de la Resolución 068 provocó enfrentamientos entre los cocaleros con el saldo de varios heridos y detenidos.
A su vez, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) demandó la abrogación de la resolución ministerial que, a nombre del traslado del mercado de la coca a Kalajahuira, crea un mercado paralelo e ilegal.
“Esto es una muestra de que el exministro Edwin Characayo es una persona corrupta. Esta operación que ha hecho para crear un mercado paralelo e ilegal seguramente ha estado influenciada por intereses económicos, por lo tanto, exigimos la abrogación para pacificar los Yungas”, dijo Manuel Morales, de Conade.
