Defensoría sostiene que hubo persecución hacia Dockweiler y exfuncionarios de Mi Teleférico
La Defensoría hizo referencia a dos procesos: el primero, por los aportes del personal para actividades de confraternización o políticas, y el segundo, por el uso para fines políticos del Lab Audiovisual Tres60; sin embargo, afirmó que se usó prueba obtenida indebidamente y se vulneró derechos de los exfuncionarios de la empresa Mi Teleférico.
En ese marco, pidió al Consejo de la Magistratura iniciar una auditoría jurídica a los dos procesos penales seguidos contra exfuncionarios, puesto que, de acuerdo con la institución defensorial, se verificó que la prueba sobre la que se sostienen los mismos es altamente cuestionable en su forma de obtención, y la falta de un nexo causal entre varias de las hipótesis desarrolladas por el Ministerio Público para evidenciar la autoría de los delitos supuestamente cometidos.
La institución defensorial encontró, por ejemplo, la inexistencia del acta de la audiencia de medidas cautelares de Rengifo, que Alcón fue dejado seis días en celdas judiciales y que hubo vulneración del derecho a la privacidad e intimidad de Rengifo y de su hijo menor de edad.
Asimismo, la institución defensorial recomendó a la Fiscalía Departamental de La Paz investigar a las personas que habrían participado en los actos de hostigamiento, acoso laboral y persecución política a personal de la entidad de transporte por cable.
En la resolución defensorial, se aconseja a la empresa de transporte por cable iniciar una investigación para determinar la veracidad de los testimonios que dieron servidores de esta entidad y en los que señalan la existencia de una serie de actos de presión y hostigamiento para que brinden información incriminatoria penalmente en contra de determinado personal; además, pide revisar la forma en que fueron desvinculados decenas de empleados de esta entidad desde el 12 de noviembre de 2019 hasta la fecha, para que en la medida de las posibilidades sean reincorporados aquellos que hubiesen sido retirados de forma ilegal.
En los testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo, como parte de la investigación que inició en diciembre de 2019, se observa que la gerencia de esta empresa, durante el Gobierno de transición, habría coaccionado a su personal de manera sistemática para obtener informes y declaraciones en contra de la anterior gerencia, en compañía de altas autoridades de la anterior administración gubernamental y asesores externos, y lo habría hecho bajo amenaza del inicio de procesos penales o de desvinculaciones.
La entidad defensorial conoció que, entre el 12 de noviembre de 2019 y el 6 de noviembre de 2020, Mi Teleférico retiró a 228 servidores, 165 de los cuales correspondían a contratos finalizados en 2019, tres por evaluación de periodo probatorio y 42 desvinculaciones por renuncia. Según la institución, esto ocurrió en un periodo que coincide con los actos de hostigamiento.
