Dos audios revelan supuesta extorsión a implicado en el desfalco al Banco Unión
“Hablando del tema económico, mira, yo haciendo mis cálculos, el (fiscal Germán) Rea por la cuantía y por la relevancia (del caso) te va a querer cobrar unos 5.000 (dólares). La (jueza) Melina Lima, y perdóname te lo voy a decir a calzón quitado, ella tiene su tarifa es de dos (2.000 dólares) para arriba, o sea, mínimo va a ser dos para ella. Tiene su tarifa, no se arriesga, tiene su contacto (el esposo) y si arreglas con él automáticamente arreglas con ella. A ella no le gusta la plata, le encanta la plata”, se le escucha decir al abogado Marwel Flores, en conversación con los familiares del exjefe de Operaciones de la agencia bancaria, Julio Cesar Rivera, único detenido por el desfalco de 1,6 millones de bolivianos.
“No he sido notificado con ninguna denuncia. Quieren desviar la atención de la verdadera investigación”, fue la breve respuesta que dio Flores la pasada semana a Página Siete, sobre la denuncia en su contra y señaló que no haría ningún otro comentario.
En el caso de la jueza Lima, su declaración no fue autorizada por el Tribunal Departamental de Justicia desde que se presentó la denuncia. Por medio de una llamada a este medio, una persona que no dio su nombre y aseguró ser funcionario de ese juzgado dijo que se concertaría una entrevista, que nunca se concretó.
Los antecedentes del caso dan cuenta de que Rivera es acusado de realizar cinco sustracciones de dinero de las cuentas de los cajeros automáticos del Unión en Desaguadero por medio de alteraciones al sistema de control.
“El 19 de septiembre de 2015, el 18 de octubre de 2016, el 29 de diciembre de 2016, el 13 de abril de 2017, el 19 de junio de 2017 con las sumas de entre 474.000 bolivianos, 489.000, 491.000 y otros, haciendo un total de 1,6 millones de bolivianos”, explicó en 2018 el entonces fiscal departamental Edwin Blanco.
Desde su detención en el penal de San Pedro, el 18 de mayo de 2018, Rivera aseguró ser inocente de los cargos en su contra y —según la denuncia que presentó ante el Ministerio de Justicia— el fiscal Rea impide que se realice una correcta investigación. Junto al exjefe de Operaciones de esa agencia están imputados otros cinco funcionarios: dos de Santa Cruz y tres de sus colaboradores en La Paz.
En los audios, Flores condiciona la “ayuda” del fiscal y la jueza a que la defensa de Rivera deje de pedir que se investigue.
“El tema de fondo ya no lo toques”, se le escucha decir en la grabación, con el fin de que el caso no sea de conocimiento de la prensa.
El abogado denunciado representa al exgerente de la agencia de Desaguadero, Marco Antonio C., y en las grabaciones afirma que gracias a su “buena defensa” y los contactos que tiene en la Fiscalía logró que su cliente, pese a estar imputado, nunca sea sometido a una audiencia cautelar desde que se inició el caso hace dos años y seis meses, como este medio verificó.
En los mismos audios, Flores habla de varios otros casos que solucionó con similares acuerdos en el juzgado de Lima, incluidos proceso contra presuntos violadores. Asimismo, implica como manipuladores del caso del desfalco, por intereses políticos, al exfiscal Ronal Chávez y al exfiscal departamental, William Alave.
Rivera señala al menos otras ocho irregularidades dentro del caso en su contra, como la falta de los informes del Banco Unión sobre las cinco fechas en las que supuestamente sustrajo el dinero. Señala que las claves de acceso a las cuentas de los cajeros automáticos no son de uso único y el área informática de la entidad financiera también tiene acceso a ellas.
En este mismo caso, el 13 de diciembre de 2019 se denunció el extravío de cinco cajas de pruebas de las oficinas de la Fiscalía. Entre los documentos perdidos están una auditoría y datos sobre el movimiento de dinero de los cajeros automáticos.
