Vocero del MAS dice que giros a cuentas de Arce no son «desproporcionales»

La Paz, Página Siete Digital 
El vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sebastián Michel, aseguró este jueves que las transferencias y depósitos bancarios a cuentas del candidato de su partido, Luis Arce, y su esposa, no son sumas “desproporcionales”, ya que se trata de dinero acumulado, según él, en 20 años. “No hay que ser exagerados, son grandes montos y son de 20 años; es una investigación de 20 años y esa es la sumatoria. 

No son montos desproporcionales, son montos de una persona catalogada como el mejor ministro de Economía de la región”, dijo Michel a Red Uno. El miércoles, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) reveló un informe en el cual se evidencia movimientos financieros “anómalos y sin justificación” que suman al menos seis millones de bolivianos.

Varios de estos giros se realizaron por parte de funcionarios públicos, particulares y empresas privadas mientras Arce fungía como ministro. Al respecto, Michel señaló que se trata de dinero depositado por cuestión de “consultorías y docencia”, e incluso de familiares y que “es normal” depositar para “pagar gastos y deudas”. 

 “Es normal que yo deposite dinero en la cuenta de mi mamá para pagar un gasto, es normal que le deposite a mi suegra para que le pague una deuda que tengo, es normal que si yo presté plata a mi primo él me la devuelva, es normal”, agregó el vocero del MAS. De acuerdo con el informe de la UIF, las cuentas de Arce registran movimientos bancarios que superan los seis millones de bolivianos en 14 años; la mayor parte de ellos se realizaron cuando estaba a cargo de la cartera de Economía. 

Asimismo, hay otros movimientos bancarios registrados cuando dejó el cargo por motivos de salud. El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, anunció el miércoles una denuncia contra el candidato del MAS y el expresidente Evo Morales por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, aseguró que una autoridad en funciones y con la titularidad de una cartera de Estado no debería haber prestado servicios de consultoría.

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