Detectan movimientos financieros sospechosos de Arce y su esposa por Bs 6 MM
“Son hallazgos importantes que en montos expresan un manejo irregular de casi seis millones de bolivianos”, declaró Morales, quien precisó que los movimientos tienen relación con el “multimillonario desfalco al Fondo Indígena y expresan, una a una, varias modalidades de comisión delictiva”.
La autoridad reveló que una investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó graves irregularidades en la administración de recursos estatales y considera que hay indicios que señalan daños a los intereses del Estado, por lo que demandó a la Fiscalía General procesar a los responsables. El periodo de investigación va de 2006 al 31 de enero de 2020.
“Qué evidencia la UIF… movimientos económicos anómalos irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro y su familia. Esas anomalías consisten en traspaso de dinero de fuente ilícitas, flujos de dinero desconocidos vinculados a su cargo, incrementos patrimoniales desproporcionados compatibles con enriquecimiento ilícito”, indicó Morales en conferencia de prensa.
Detalló que las indagaciones encontraron traspasos de dinero por unos 689.441 bolivianos de parte de la secretaria personal de Arce, Helory Deysi Soria Soto, quien también deberá ser procesada por manejo de fondos no declarados ante las autoridades, según el procurador.
Además se encontraron traspasos por 139 mil bolivianos al dirigente Fausto Genero Flores, miembro de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
Se trata de operaciones financieras realizadas entre 2012 y 2019 que, según la UIF, muestran indicios de responsabilidad por presuntos delitos contra los intereses del Estado, dado que se habrían realizado movimientos financieros no acordes con sus perfiles socioeconómicos.
La investigación de la UIF también detectó que Arce recibió, entre 2011 y 2019, fondos de parte de seis funcionarios públicos por un total de 310.647 bolivianos.
“Funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central de Bolivia y de otras entidades denunciaban que eran obligados a pagar diezmos y participar obligatoriamente en campañas. De dónde se deduce que un empleado público, a la principal autoridad de su identidad, le haga depósitos a su cuenta personal, no hay justificación legal”, agregó Morales.
La UIF identificó traspasos de fondo a las cuentas de la esposa del exministro por 1,7 millones de bolivianos y por otros 50.000 dólares.
“Desde el año 2011 al 2019, la esposa el exministro de Economía deposita en su cuenta más de 700.000 bolivianos (…). Ella fungía como exsubgerente del Banco Unión, en su cuenta bancaria se registra, entre otros, 216.600 bolivianos, cuya fuente es similar a los depósitos de su esposo. Le hacen estos depósitos trabajadores del Banco Unión sin ninguna justificación ni respaldo”, apuntó el procurador.
La normativa vigente establece que ningún funcionario debe enviar dinero a ninguna autoridad superior. En una de las maniobras, el presidente del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales (SIN) le envió 16.100 bolivianos sin ningún tipo de justificación, señala el informe de la UIF.
Las autoridades de la PGE demandaron al Ministerio Público que tome cartas en el asunto de inmediato a fin de dar con los responsables y reparar los posibles daños que se hayan podido realizar contra bienes y recursos del Estado.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que la cuenta de Arce recibió un depósito por 120.000 bolivianos por una supuesta "actividad ganadera", pese a que el entonces funcionario no declaró nunca tener una hacienda con ganado vacuno.
Además, la investigación de la UIF detectó depósitos realizados a su cuenta de parte de la empresa Shell Bolivia, YPFB Transporte, Consejo de la Judicatura y otras instituciones por 276.343 bolivianos y más de 14.000 dólares.
“Estos depósitos tendrían como justificación cobros por consultorías de organismos internacionales, sin embargo, cuando uno ejerce un cargo de la envergadura del Ministro de Economía no puede seguir prestando servicios de consultoría”, sostuvo Morales y añadió que estas operaciones demuestran que hubo un abuso del cargo público, al recibir a título de consultorías trabajos y transacciones no declarados a Impuestos Nacionales.
