La pugna por la aprobación del crédito del FMI tiene como trasfondo la campaña de Juntos y el MAS
Santa Cruz, El Deber
En la agrupación Juntos aseguran que el MAS actúa de forma política y con cálculos electorales para impedir que la Asamblea Legislativa apruebe el crédito de $us 327 millones que concedió el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender la emergencia sanitaria y económica que atraviesa el país por causa del coronavirus. Desde el MAS argumentan que el Ejecutivo, liderado por la candidata de Juntos, incumple los procedimientos legales para acceder a los préstamos.
Desde la otra acera el excandidato presidencial y exdirigente del MNR Juan Carlos Durán, acusa a ambos partidos de anteponer sus intereses políticos y electorales de una forma "vergonzosa y preocupante" en lugar de ponerse al servicio del pueblo para atender la crisis política, económica y social que atraviesa Bolivia.
"Si la justicia funcionara en este país, el Órgano Judicial tendría que iniciar un proceso por incumplimiento de deberes y la comisión de otros delitos en contra de la presidenta del Estado, Jeanine Áñez; a la titular del Senado, Eva Copa, y al de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, porque este conflicto es parte de la disputa política-electoral", señaló el hombre, que presidió el Senado durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
Durán es apuntado como cercano a la agrupación Creemos, que lidera Fernando Camacho.
A pesar de que el país necesita de los recursos para atender la pandemia, tanto la presidenta Áñez, que es candidata por Juntos, como los miembros de la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS, utilizan este caso para fines de campaña. En ambos casos, de acuerdo con Durán, se incurre en irregularidades.
Posiciones
Vladimir Peña, representante de Juntos, aseguró que el MAS utiliza su mayoría parlamentaria como arma electoral para impedir la aprobación de los recursos para atender una emergencia. Sobre Durán, argumentó que es una provocación de un político que busca reinventarse en el escenario nacional.
Lo importante es que el Gobierno está dedicado a paliar la crisis. Pagó bonos que ayudaron a la población vulnerable ante la crisis del coronavirus, con la ayuda en subsidiar los costos de los servicios básicos y la postergación del pago de los créditos bancarios, señaló Peña.
"Estas medidas ayudan a la población que sufren por la pandemia. Con esto se echa por tierra el argumento político de Durán", señaló Peña.
Explicó que los recursos del FMI están asegurados, aunque para incorporarlos al Tesoro General de la Nación debe contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Henry Cabrera, MAS, aseguró que el crédito del FMI se encuentra paralizado en la Asamblea porque el Ejecutivo está incumpliendo los procedimientos que establece la Constitución Política del Estado.
"Esto no responde a un tema político-electoralista, sino a un aspecto legal. Prueba de ellos es que la Asamblea aprobó $us 700 millones de otro crédito internacional y recientemente autorizó préstamos para los gobiernos municipales de Santa Cruz de la Sierra y El Alto", señaló Cabrera.
Según el diputado del MAS, los asambleístas fueron elegidos para fiscalizar y hacer cumplir la ley. Por lo tanto, el Ejecutivo debe corregir su procedimiento para tramitar la aprobación del crédito del FMI.
El martes se conoció que el país pagó $us 1,7 millones al FMI por concepto de amortización del crédito que fue autorizado hace cinco meses.
En la agrupación Juntos aseguran que el MAS actúa de forma política y con cálculos electorales para impedir que la Asamblea Legislativa apruebe el crédito de $us 327 millones que concedió el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender la emergencia sanitaria y económica que atraviesa el país por causa del coronavirus. Desde el MAS argumentan que el Ejecutivo, liderado por la candidata de Juntos, incumple los procedimientos legales para acceder a los préstamos.
Desde la otra acera el excandidato presidencial y exdirigente del MNR Juan Carlos Durán, acusa a ambos partidos de anteponer sus intereses políticos y electorales de una forma "vergonzosa y preocupante" en lugar de ponerse al servicio del pueblo para atender la crisis política, económica y social que atraviesa Bolivia.
"Si la justicia funcionara en este país, el Órgano Judicial tendría que iniciar un proceso por incumplimiento de deberes y la comisión de otros delitos en contra de la presidenta del Estado, Jeanine Áñez; a la titular del Senado, Eva Copa, y al de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, porque este conflicto es parte de la disputa política-electoral", señaló el hombre, que presidió el Senado durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
Durán es apuntado como cercano a la agrupación Creemos, que lidera Fernando Camacho.
A pesar de que el país necesita de los recursos para atender la pandemia, tanto la presidenta Áñez, que es candidata por Juntos, como los miembros de la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS, utilizan este caso para fines de campaña. En ambos casos, de acuerdo con Durán, se incurre en irregularidades.
Posiciones
Vladimir Peña, representante de Juntos, aseguró que el MAS utiliza su mayoría parlamentaria como arma electoral para impedir la aprobación de los recursos para atender una emergencia. Sobre Durán, argumentó que es una provocación de un político que busca reinventarse en el escenario nacional.
Lo importante es que el Gobierno está dedicado a paliar la crisis. Pagó bonos que ayudaron a la población vulnerable ante la crisis del coronavirus, con la ayuda en subsidiar los costos de los servicios básicos y la postergación del pago de los créditos bancarios, señaló Peña.
"Estas medidas ayudan a la población que sufren por la pandemia. Con esto se echa por tierra el argumento político de Durán", señaló Peña.
Explicó que los recursos del FMI están asegurados, aunque para incorporarlos al Tesoro General de la Nación debe contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Henry Cabrera, MAS, aseguró que el crédito del FMI se encuentra paralizado en la Asamblea porque el Ejecutivo está incumpliendo los procedimientos que establece la Constitución Política del Estado.
"Esto no responde a un tema político-electoralista, sino a un aspecto legal. Prueba de ellos es que la Asamblea aprobó $us 700 millones de otro crédito internacional y recientemente autorizó préstamos para los gobiernos municipales de Santa Cruz de la Sierra y El Alto", señaló Cabrera.
Según el diputado del MAS, los asambleístas fueron elegidos para fiscalizar y hacer cumplir la ley. Por lo tanto, el Ejecutivo debe corregir su procedimiento para tramitar la aprobación del crédito del FMI.
El martes se conoció que el país pagó $us 1,7 millones al FMI por concepto de amortización del crédito que fue autorizado hace cinco meses.