Fiscalía de la CIP toma caso contra Evo y aclara que eso no supone abrir una investigación
La Haya, Página Siete DigitalLa fiscal de la Corte Penal Internacional (CIP) de La Haya, Fatou Bensouda, confirmó este miércoles que esa instancia tomó conocimiento de la denuncia de lesa humanidad en contra del exprediente Evo Morales, y aclaró que esa acción no significa el inicio automático de una investigación.
"El 4 de septiembre de 2020 recibí una remisión del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en relación a la situación en su propio territorio, de acuerdo a sus prerrogativas como Estado Parte del Estatuto de Roma (…) a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes (de lesa humanidad) a una o varias personas", explicó Bensouda, a través de una comunicación oficial que figura en la página web de la CIP.
En la nota, la fiscal explica que recibió del Gobierno de Bolivia documentos de respaldo con detalles adicionales sobre las circunstancias relevantes en las que presuntamente se cometieron los crímenes por los que se acusa a Morales y al dirigente Juan Carlos Huarachi.
"De conformidad con la Norma 45 del Reglamento de la Corte, he informado a la Presidencia de la CPI de esta remisión para facilitar la asignación de la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares", comunicó la fiscal, antes de mencionar que "una remisión de un Estado Parte no conlleva automáticamente a la apertura de una investigación",
No obstante —precisó— si la Fiscalía determina que la situación remitida amerita una investigación de conformidad, el Estatuto no requiere que ésta solicite la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una pesquisa.
"La recepción de una remisión puede acelerar el procedimiento de apertura de una investigación sólo en la medida en que la revisión judicial de mi decisión no sería necesaria con arreglo al Estatuto (de Roma)", sostuvo Bensouda.
La CIP añadió que la remisión presentada por el Gobierno de Bolivia es la undécima recibida por esa Fiscalía desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el 1 de julio de 2002. Con anterioridad, recibió remisiones por los Gobiernos de Uganda, República Democrática del Congo, el Estado de Palestina (2018) y un grupo de diversas naciones en relación con la situación en Venezuela.
"La Fiscalía de la CPI lleva a cabo exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales de los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión", sostuvo la CPI.
El viernes 4 de septiembre, el procurador general del Estado, José María Cabrera Dalence, fue recibido en audiencia oficial por la fiscal general de la Corte, a quien presentó la denuncia en representación jurídica del Estado Boliviano en contra de Morales, "prófugo de la justicia boliviana, por el delito de lesa humanidad por actos inhumanos".
El Gobierno inició esas acciones por las movilizaciones de agosto, cuando grupos afines al MAS bloquearon las carreteras e impidieron la distribución de insumos médicos para antender la crisis sanitaria por la pandemia, medidas de presión que costaron la vida de al menos 40 personas.
