Entidades bancarias se oponen a la aprobación “política” de diferimiento de créditos
Cochabamba, Los Tiempos
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las Cooperativas de Ahorro y Credito se pronunciaron en contra del proyecto de ley aprobado el miércoles por la Cámara de Senadores, documento que extiende el diferimiento de pago de créditos hasta fin de año.
La Ley 720/2019 “ha sido sancionada con criterios políticos y electorales de corto plazo, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional, ni sus potenciales efectos”, dicen las entidades en comunicado conjunto.
Según el pronunciamiento, la determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, la que, a su vez, pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero nacional, sino también a la economía de las empresas y personas.
“Las empresas y personas, no solo requieren del diferimiento de cuotas, sino de reprogramaciones, refinanciación y la inyección de nuevos recursos para reactivar sus actividades económicas, lo que se logra recuperando préstamos de quienes cuentan con capacidad de pagar, y destinando esos recursos hacia quienes han visto afectada su capacidad en esta coyuntura”, explican las entidades”, indica el comunicado.
Las entidades firmantes convocan a las autoridades nacionales a “evaluar responsablemente” el impacto de esta ley y a actuar deponiendo “otros intereses”.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las Cooperativas de Ahorro y Credito se pronunciaron en contra del proyecto de ley aprobado el miércoles por la Cámara de Senadores, documento que extiende el diferimiento de pago de créditos hasta fin de año.
La Ley 720/2019 “ha sido sancionada con criterios políticos y electorales de corto plazo, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional, ni sus potenciales efectos”, dicen las entidades en comunicado conjunto.
Según el pronunciamiento, la determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, la que, a su vez, pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero nacional, sino también a la economía de las empresas y personas.
“Las empresas y personas, no solo requieren del diferimiento de cuotas, sino de reprogramaciones, refinanciación y la inyección de nuevos recursos para reactivar sus actividades económicas, lo que se logra recuperando préstamos de quienes cuentan con capacidad de pagar, y destinando esos recursos hacia quienes han visto afectada su capacidad en esta coyuntura”, explican las entidades”, indica el comunicado.
Las entidades firmantes convocan a las autoridades nacionales a “evaluar responsablemente” el impacto de esta ley y a actuar deponiendo “otros intereses”.