Anapo y Aprograch exigen uso de semillas transgénicas y rechazan acción popular
La Paz, Página Siete Digital
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y los productores de granos del Gran Chaco del Departamento de Tarija (Aprograch) emitieron pronunciamientos en los que exigen que se les permita el uso de semillas transgénicas en su producción. Las organizaciones cuestionan y rechazan la acción popular interpuesta por activistas, expertos y representantes de pueblos originarios contra los decretos supremos 4232 y 4238.
“Los productores de granos de las principales zonas productivas del departamento de Santa Cruz, en los Municipios de Cuatro Cañadas, San Julián, Pailón, El Puente, Okinawa, San Pedro, y Fernández Alonzo, deseamos manifestar que necesitamos utilizar tecnologías modernas, como los eventos de semillas genéticamente mejoradas para mejorar la productividad y competitividad en nuestros cultivos, para mitigar los efectos climáticos adversos y de ataque de plagas que ocasionan cuantiosas pérdidas productivas y económicas”, indica la Anapo.
La Aprograch señaló que se manifiestan en "defensa al derecho de utilizar eventos de organismos genéticamente modificados, en los cultivos de soya, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar, porque necesitamos de esas tecnologías para mitigar los efectos climáticos adversos y de plagas que nos ocasionan cuantiosas pérdidas productivas y económicas”.
Las organizaciones sostienen que el sector se ve afectado por el ingreso de productos transgénicos de contrabando, como el maíz de Argentina, en su opinión la acción popular que rechaza este tipo de producción mantiene el rezago tecnológico en la agricultura y “atenta contra la alimentación y el futuro de la actividad agropecuaria”.
Asimismo, la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz (Asociatrin) expresó su apoyo al uso de semillas transgénicas e indicó que la acción popular también pone en riesgo el trabajo ligado a los productores agrícolas y el movimiento económico en todo el país.
“La Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz Asociatrin, brinda su total apoyo, a la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, quienes se encuentran en un estado de emergencia, porque algunas personas se atribuyen una representación ciudadana, sin tenerla, pretenden bloquear el acceso a la tecnología moderna de parte de los agricultores de nuestro departamento”, expresa en un comunicado.
El pasado 7 de mayo la presidenta Jeanine Áñez aprobó el decreto 4232 que fijaba un plazo de hasta diez (10) días calendario para que el Comité Nacional de Bioseguridad evalúe la aprobación de los procedimientos abreviados sobre el uso de semillas transgénicas de algodón, soya, caña, maíz y trigo en Bolivia. El 14 de mayo promulgó el decreto 4238 que modificaba ese plazo a 40 días.
El 8 de agosto la Asamblea por los Bosques y la Vida dio a conocer que la Acción Popular que presentaron en contra de los decretos supremos 4232 y 4238 fue aceptada en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
“Dicha Acción Popular demuestra la necesidad de suspender la ejecución y aprobación del DS 4232/20 y su modificación establecida en el DS 4238/20, por amenazar el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, a la consulta previa, a la territorialidad, el territorio y al hábitat de los pueblos indígenas, y en particular al patrimonio genético y cultural sobre las semillas nativas, la biodiversidad y el medio ambiente sano, en su doble dimensión: como sujeto de derechos y por las funciones que cumplen respecto del resto de los seres vivos y la salubridad pública, poniendo en riesgo potencial su libre goce y ejercicio”, explicó la Asamblea por los Bosques y la Vida.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y los productores de granos del Gran Chaco del Departamento de Tarija (Aprograch) emitieron pronunciamientos en los que exigen que se les permita el uso de semillas transgénicas en su producción. Las organizaciones cuestionan y rechazan la acción popular interpuesta por activistas, expertos y representantes de pueblos originarios contra los decretos supremos 4232 y 4238.
“Los productores de granos de las principales zonas productivas del departamento de Santa Cruz, en los Municipios de Cuatro Cañadas, San Julián, Pailón, El Puente, Okinawa, San Pedro, y Fernández Alonzo, deseamos manifestar que necesitamos utilizar tecnologías modernas, como los eventos de semillas genéticamente mejoradas para mejorar la productividad y competitividad en nuestros cultivos, para mitigar los efectos climáticos adversos y de ataque de plagas que ocasionan cuantiosas pérdidas productivas y económicas”, indica la Anapo.
La Aprograch señaló que se manifiestan en "defensa al derecho de utilizar eventos de organismos genéticamente modificados, en los cultivos de soya, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar, porque necesitamos de esas tecnologías para mitigar los efectos climáticos adversos y de plagas que nos ocasionan cuantiosas pérdidas productivas y económicas”.
Las organizaciones sostienen que el sector se ve afectado por el ingreso de productos transgénicos de contrabando, como el maíz de Argentina, en su opinión la acción popular que rechaza este tipo de producción mantiene el rezago tecnológico en la agricultura y “atenta contra la alimentación y el futuro de la actividad agropecuaria”.
Asimismo, la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz (Asociatrin) expresó su apoyo al uso de semillas transgénicas e indicó que la acción popular también pone en riesgo el trabajo ligado a los productores agrícolas y el movimiento económico en todo el país.
“La Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz Asociatrin, brinda su total apoyo, a la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, quienes se encuentran en un estado de emergencia, porque algunas personas se atribuyen una representación ciudadana, sin tenerla, pretenden bloquear el acceso a la tecnología moderna de parte de los agricultores de nuestro departamento”, expresa en un comunicado.
El pasado 7 de mayo la presidenta Jeanine Áñez aprobó el decreto 4232 que fijaba un plazo de hasta diez (10) días calendario para que el Comité Nacional de Bioseguridad evalúe la aprobación de los procedimientos abreviados sobre el uso de semillas transgénicas de algodón, soya, caña, maíz y trigo en Bolivia. El 14 de mayo promulgó el decreto 4238 que modificaba ese plazo a 40 días.
El 8 de agosto la Asamblea por los Bosques y la Vida dio a conocer que la Acción Popular que presentaron en contra de los decretos supremos 4232 y 4238 fue aceptada en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
“Dicha Acción Popular demuestra la necesidad de suspender la ejecución y aprobación del DS 4232/20 y su modificación establecida en el DS 4238/20, por amenazar el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, a la consulta previa, a la territorialidad, el territorio y al hábitat de los pueblos indígenas, y en particular al patrimonio genético y cultural sobre las semillas nativas, la biodiversidad y el medio ambiente sano, en su doble dimensión: como sujeto de derechos y por las funciones que cumplen respecto del resto de los seres vivos y la salubridad pública, poniendo en riesgo potencial su libre goce y ejercicio”, explicó la Asamblea por los Bosques y la Vida.