15 instituciones rechazan liberación de feminicida sentenciado y piden intervención del Gobierno
La Paz, Página Siete DigitalJosé Pimentel, autor confeso del feminicidio de Pamela Viviana Mamani el 28 de marzo de 2019, que fue sentenciado a 30 años de cárcel en un juicio abreviado, obtuvo su libertad de manera casi irrestricta en una audiencia el 19 de junio de este año. Una quincena de instituciones, fundaciones y plataformas emitieron un pronunciamiento rechazando este hecho y exigiendo la intervención del Ministerio de Justicia, además de la suspensión de la jueza que benefició a Pimentel.
En el pronunciamiento se da a conocer que el acusado presentó un recurso de nulidad argumentando que no fue notificado con la sentencia inextensa de manera personal, y su defensa aprovechó esta circunstancia para solicitar la cesación a la detención preventiva, adjuntando un certificado médico de que Pimentel es positivo a covid-19, sin las pruebas de laboratorio.
La Jueza Claudia Teresa Bascopé determinó la cesación a su libertad de Pimentel y ordenó que se realice el trámite de arraigó y presentarse en la Fiscalía una vez por semana. Las instituciones señalan que la autoridad incumplió con su deber constitucional de ser garate en el debido proceso y su obligación de brindar una protección reforzada a las víctimas.
“Los feminicidas sentenciados no pueden salir sin probar una afectación grave contra su salud y, aunque la probaran, que no es el caso, se tendrían que imponer medidas de restricción para proteger a los familiares de las víctimas también. El accionar de esta juez da un mensaje de impunidad y desprotección a las mujeres que están viviendo violencia en este tiempo de cuarentena dinámica”, lamentó Bárbara Jiménez, de Equality Now.
“¿Hasta cuándo las familias de las víctimas de feminicidio van a tener que lidiar con tanta injusticia?”, cuestiónó también, Jessica Echeverría, representante de la Red Contra la Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes en Santa Cruz.
Las instituciones que emitieron un pronunciamiento son la Fundación Voces Libres, Centro Una Brisa de Esperanza (FUBE), la Red Contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, la Oficina Jurídica para la Mujer, el Colectivo Valiente Mujer, la Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad, la Red Contra la Violencia a las Mujeres Cochabamba, Wiñay Pacha, Fundación de Desarrollo Humano Ayni, A Breeze of Hope Foundation, NiUnaMenos, Fundación Familias Saludables, Equality Now, Comité Cívico Femenino de Cochabamba y el Observatorio de Justicia.
Las denunciantes consideran que la jueza cautelar de San Borja Claudia Teresa Bascopé incumplió su deber garantizar el debido proceso y de proteger a las víctimas, pero, además, ha ordenado la libertad de un privado de libertad con COVID 19 positivo asintomático, permitiendo que el mismo retorne a Riberalta y poniendo a esa población en riesgo de contagio masivo, en lugar de mantenerlo aislado en el penal o en un hospital, con custodios.
En el pronunciamiento exigen la intervención inmediata del Ministerio de Justicia, la realización de una auditoría jurídica del caso, la suspensión inmediata de la jueza Claudia Teresa Bascopé, el inicio de oficio de una investigación por la emitir resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes.
Además, piden la intervención de la Comisión de Género del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura y que Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno, no realice ningún trámite de arraigo hasta que el Tribunal de Alzada emita una resolución sobre la apelación ya presentada.
