Padres de familia se aferran a una reducción del 50% en pensiones de colegios privados
La Asociación Nacional de Colegios Privados plantea el pago completo. Dice que puede haber prórrogas. Los padres insisten que el contrato de servicio educativo implica clases presenciales, no virtuales
Javier Méndez
El Deber
La Asociación Nacional de Padres Familia plantea la reducción del 50% en el pago de las pensiones desde que empezó la cuarentena: abril, mayo y probablemente junio. “La enseñanza virtual está al margen de la ley. No está contemplada en la Ley Avelino Siñani y además, en el decreto supremo sobre la cuarentena dice que se suspende toda actividad pública y privada”, asegura José Pereira, directivo de los padres.
La Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) argumenta que no existe posibilidad de descuento. La representante de Andecop, Isabel Sotez, asegura que no existe liquidez en los colegios privados para pagar salarios a docentes. “Por otra parte, desde hace años hubo disminución en el porcentaje de pensiones de cada gestión. El incremento de las pensiones ha sido inferior al incremento de los salarios. Eso ha significado de manera permanente, año tras año, la disminución de presupuesto en los colegios”, asegura.
Los padres esgrimen un argumento legal. Según explica Ronald Pinto, el abogado que los asesora, el sistema virtual no está reconocido. La resolución ministerial que cada año emite el Ministerio de Educación no reconoce un sistema virtual de enseñanza. “Los contratos que firmamos los padres son para educación presencial. No hay dónde perderse. Contratamos eso y es obligación del colegio otorgar ese tipo de servicio; eso genera la obligación de pagar. Si no se cumple, no podemos cumplir el pago del servicio”, argumenta.
El abogado dice que las condiciones de ese contrato de servicio educativo están reguladas por el Estado. “Las partes no deciden qué se va a enseñar, por cuántas horas, dónde y como. No definimos. Define el Estado. Por eso el Ministerio de Educación tiene que resolver este tema”, asegura.
Para 326.000 estudiantes privados
Según Sotez, el descuento implicaría el cierre del 85% de los colegios privados, lo que sería un problema social para el Estado. El sistema fiscal debería absorber a la mayoría de los 326.000 estudiantes de los centros privados y se pondría en peligro el trabajo de 28.000 docentes de este sistema privado. “Los colegios privados tomamos la responsabilidad de no suspender las clases. Siguen las clases virtuales. La educación virtual significará una regularidad de clases con apoyo presencial. Además, estamos dispuestos a cumplir con los 200 días hábiles”, asegura la directiva.
El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, ha prometido para estos días un reglamento “para definir qué es y qué no es educación virtual”. José Pereira plantea que cuando ese reglamento esté listo, exigirán nuevos contratos con los colegios, para plantear un precio justo, porque “las clases virtuales en cualquier parte del mundo son más baratas que las presenciales”.
Proyectos de ley
Dos diputadas han presentado proyectos de ley para establecer la rebaja en las pensiones. Las legisladoras Claudia Mallon y Rosmery Arias plantean disminuciones de entre 30% y 50%. “Los colegios mandan mensajes y llaman a los padres para pagar el 100%. Hay miles que no son funcionarios ni tienen salario fijo. Trabajan duro para que sus hijos estudien en establecimientos privados”, dice Mallon.
Diálogo el viernes
El viernes pasado hubo una reunión en la Cámara de Diputados entre los sectores que representan a la educación privada con el diputado Franklin Flores, de la Comisión de Educación. Estuvieron la Asociación Nacional de Universidades Privadas, Andecop, los padres de familia y Andinacep (que representa a los institutos superiores de enseñanza). Ahí se planteó la imposibilidad de la reducción de las pensiones.
Este viernes se reunirán nuevamente, también en la Cámara de Diputados. “Esperemos que salga humo blanco. Tenemos dos planteamientos. Que se mejoren las plataformas de enseñanza virtual y que se llegue a más alumnado. O que se hagan dos gestiones académicas el próximo año. Pero tendríamos problemas con los que están en la promoción”, dice Pereira.
Andecop está dispuesta a reprogramar los pagos de las pensiones. “Andecop nunca fue insensible. Dio más becas que las obligatorias por situaciones sociales, por fallecimiento de los padres. Tiene una cantidad considerable de becas. Además, la mora de los padres es grande”, explica Sotez.
La representante ha cuestionado el liderazgo de los padres de familia, pero el abogado Pinto aclara que ese punto no está en discusión. “Nos ampara la Ley del Control Social. Podemos demandar al Estado que resuelva un problema que nos atañe”, explica.
Pinto duda de que algún juez otorgue la razón al colegio ante el caso de analizar un contrato del ámbito privado. “No queremos llegar a eso. El Estado tiene que intervenir”, explica. “Si no hay acuerdo entre partes, el Ministerio de Educación tiene que decir que nos sujetemos a la ley. Y en la ley no están reconocidos los servicios educativos virtuales”, aclara Pinto.
Andecop representa a más de 1.000 colegios del sistema regular. Asegura que varios padres están contentos con las clases virtuales. Sotez señala que las diez pensiones que se pagan se distribuyen en doce salarios y aguinaldo para los profesores. “Si bien las obligaciones tributarias y los aportes a las AFP están diferidos a otra fecha, tenemos que cancelar cuando concluya el plazo”, comenta.
El Deber
La Asociación Nacional de Padres Familia plantea la reducción del 50% en el pago de las pensiones desde que empezó la cuarentena: abril, mayo y probablemente junio. “La enseñanza virtual está al margen de la ley. No está contemplada en la Ley Avelino Siñani y además, en el decreto supremo sobre la cuarentena dice que se suspende toda actividad pública y privada”, asegura José Pereira, directivo de los padres.
La Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) argumenta que no existe posibilidad de descuento. La representante de Andecop, Isabel Sotez, asegura que no existe liquidez en los colegios privados para pagar salarios a docentes. “Por otra parte, desde hace años hubo disminución en el porcentaje de pensiones de cada gestión. El incremento de las pensiones ha sido inferior al incremento de los salarios. Eso ha significado de manera permanente, año tras año, la disminución de presupuesto en los colegios”, asegura.
Los padres esgrimen un argumento legal. Según explica Ronald Pinto, el abogado que los asesora, el sistema virtual no está reconocido. La resolución ministerial que cada año emite el Ministerio de Educación no reconoce un sistema virtual de enseñanza. “Los contratos que firmamos los padres son para educación presencial. No hay dónde perderse. Contratamos eso y es obligación del colegio otorgar ese tipo de servicio; eso genera la obligación de pagar. Si no se cumple, no podemos cumplir el pago del servicio”, argumenta.
El abogado dice que las condiciones de ese contrato de servicio educativo están reguladas por el Estado. “Las partes no deciden qué se va a enseñar, por cuántas horas, dónde y como. No definimos. Define el Estado. Por eso el Ministerio de Educación tiene que resolver este tema”, asegura.
Para 326.000 estudiantes privados
Según Sotez, el descuento implicaría el cierre del 85% de los colegios privados, lo que sería un problema social para el Estado. El sistema fiscal debería absorber a la mayoría de los 326.000 estudiantes de los centros privados y se pondría en peligro el trabajo de 28.000 docentes de este sistema privado. “Los colegios privados tomamos la responsabilidad de no suspender las clases. Siguen las clases virtuales. La educación virtual significará una regularidad de clases con apoyo presencial. Además, estamos dispuestos a cumplir con los 200 días hábiles”, asegura la directiva.
El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, ha prometido para estos días un reglamento “para definir qué es y qué no es educación virtual”. José Pereira plantea que cuando ese reglamento esté listo, exigirán nuevos contratos con los colegios, para plantear un precio justo, porque “las clases virtuales en cualquier parte del mundo son más baratas que las presenciales”.
Proyectos de ley
Dos diputadas han presentado proyectos de ley para establecer la rebaja en las pensiones. Las legisladoras Claudia Mallon y Rosmery Arias plantean disminuciones de entre 30% y 50%. “Los colegios mandan mensajes y llaman a los padres para pagar el 100%. Hay miles que no son funcionarios ni tienen salario fijo. Trabajan duro para que sus hijos estudien en establecimientos privados”, dice Mallon.
Diálogo el viernes
El viernes pasado hubo una reunión en la Cámara de Diputados entre los sectores que representan a la educación privada con el diputado Franklin Flores, de la Comisión de Educación. Estuvieron la Asociación Nacional de Universidades Privadas, Andecop, los padres de familia y Andinacep (que representa a los institutos superiores de enseñanza). Ahí se planteó la imposibilidad de la reducción de las pensiones.
Este viernes se reunirán nuevamente, también en la Cámara de Diputados. “Esperemos que salga humo blanco. Tenemos dos planteamientos. Que se mejoren las plataformas de enseñanza virtual y que se llegue a más alumnado. O que se hagan dos gestiones académicas el próximo año. Pero tendríamos problemas con los que están en la promoción”, dice Pereira.
Andecop está dispuesta a reprogramar los pagos de las pensiones. “Andecop nunca fue insensible. Dio más becas que las obligatorias por situaciones sociales, por fallecimiento de los padres. Tiene una cantidad considerable de becas. Además, la mora de los padres es grande”, explica Sotez.
La representante ha cuestionado el liderazgo de los padres de familia, pero el abogado Pinto aclara que ese punto no está en discusión. “Nos ampara la Ley del Control Social. Podemos demandar al Estado que resuelva un problema que nos atañe”, explica.
Pinto duda de que algún juez otorgue la razón al colegio ante el caso de analizar un contrato del ámbito privado. “No queremos llegar a eso. El Estado tiene que intervenir”, explica. “Si no hay acuerdo entre partes, el Ministerio de Educación tiene que decir que nos sujetemos a la ley. Y en la ley no están reconocidos los servicios educativos virtuales”, aclara Pinto.
Andecop representa a más de 1.000 colegios del sistema regular. Asegura que varios padres están contentos con las clases virtuales. Sotez señala que las diez pensiones que se pagan se distribuyen en doce salarios y aguinaldo para los profesores. “Si bien las obligaciones tributarias y los aportes a las AFP están diferidos a otra fecha, tenemos que cancelar cuando concluya el plazo”, comenta.
