El MAS pide que Orellana dé 'un paso al costado' tras poner plazo a la Asamblea para aprobar ascensos en el Ejército

El titular castrense dio el plazo de una semana a la Asamblea Legislativa para ratificar los ascensos y dijo que, de no hacerlo, ejecutarán sus normas para que se cumpla esa disposición

EL DEBER
Las Fuerzas Armadas han dado este jueves el plazo de una semana a la Asamblea Legislativa para que apruebe los ascensos en el Ejército. En caso de no hacerlo, advierten con ejecutar sus normas para que se cumpla esa disposición.


Ante este hecho, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adriana Salvatierra, publicó un comunicado en el que expresa la posición de su bancada y señala que no aceptan "amenazas, presiones ni amedrentamientos".

En el documento afirma que el general Carlos Orellana debe 'dar un paso al costado', pues su actitud ante la Asamblea Legislativa "constituye un exceso inadmisible" y "ha violado los procedimientos constitucionales y desconocido la autoridad de Jeanine Áñez quien, en representación del Ejecutivo, remite la documentación vinculada a ascensos militares y policiales".

Finalmente, Salvatierra afirma que el tema de los ascensos será tratado cuando se subsanen las observaciones remitidas.

Orellana manifestó en el programa Parte y Contraparte de Bolivia TV, en el que era el único invitado, que subsanaron las observaciones realizadas por el Legislativo. "La respuesta que hemos recibido es que habían observaciones. Lo que hemos hecho hoy día es responder a esas observaciones, presentarnos a la Asamblea Legislativa. Considero que para tener acceso a una institución publica no se necesita permiso. Hemos entrado y entregado las observaciones", manifestó.

Sobre lo que puede venir en adelante, el militar indicó que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece que el ascenso es un derecho y que puede de “considerar y aprobar los ascensos”. Por lo que, si la Asamblea no aprueba los ascensos, ellos aplicarán su norma.

La versión del Ejecutivo

El Gobierno asegura que el informe fue enviado la primera semana de febrero al Legislativo y acusó a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, de ocultar dicho informe, advirtiendo con un proceso en su contra por incumplimiento de deberes.

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