De 80 comunicados, la Defensoría dirigió unos 60 para reclamar al Gobierno de Añez
La Paz, ANF
De 80 comunicados que emitió la Defensoría del Pueblo, en dos meses, al menos 60 son reclamos contra el Gobierno de Jeanine Añez, y pocos los pedidos a la población para que cumpla con las medidas de bioseguridad frente al coronavirus y censura a las agresiones contra miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
La Defensoría del Pueblo, desde el 12 de marzo, cuando se conoció los primeros casos positivos de coronavirus, hasta este 13 de mayo, difundió 80 comunicados de prensa. En ninguno pide a la gente que se quede en su casa, según se observa en la página oficial de esta institución que dirige Nadia Cruz, quien fue designada como defensora interina por la Asamblea Legislativa el 30 de enero de 2019.
El constitucionalista Paul Coca afirmó que la Defensoría del Pueblo “tiene un rol absolutamente parcializado con la anterior administración gubernamental masista”, pues su trabajo “es más político que técnico”. La defensora fue incisiva en los casos en que afines al MAS eran perjudicados, pero no así cuando los afectados eran de otro partido.
“Mostró una parcialización, así de sencillo. Hay bloqueos y vulneración a la cuarentena, hechos de racismo -donde un alteño, por ejemplo, dijo que el coronavirus sólo lo tienen los gays- y no se vio accionar alguno de la Defensora del Pueblo; en este instante, el MAS no está en el poder, y por ello se muestra contra el Gobierno actual, pero no lo hizo así contra el anterior”, sostuvo Coca.
Similar criterio emitió el jurista Ricardo Maldonado, quien afirmó que Cruz “no tiene una posición nada neutral”, porque lanza una infinidad de reclamos contra el Gobierno de Añez, pero no dijo nada en la gestión de Evo Morales, pese a los casos de flagrante violación de derechos humanos. “Ha demostrado esta su afinidad con el anterior gobierno”, agregó.
El 12 de marzo, luego de conocerse los primeros casos de coronavirus, la Defensoría del Pueblo informó que “coordina acciones preventivas en contra del coronavirus”. En la nota, la Defensoría no se compromete ni pide a la población cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir el coronavirus. Sólo describe el trabajo que realizarán la gobernación, alcaldía, fiscalía y el Ministerio de Gobierno.
Luego, los comunicados se centraron en críticas y reclamos al Gobierno. Varios de ellos coincidieron con la postura que expresaron los líderes del MAS. Es el caso del comunicado que lleva el rótulo “Defensoría exige al gobierno asegurar medidas en favor de sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad ante una eventual cuarentena nacional”, que publicó el 20 de marzo.
Ese día, el candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce Catacora escribió en su cuenta de Twitter: “un gobierno consciente de las necesidades de su pueblo y conocedor de la realidad debe plantearse la necesidad de generar políticas de apoyo a los pequeños empresarios, los trabajadores por cuenta propia y los comerciantes informales”.
A pesar de más de cinco agresiones a miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, la Defensoría sólo en una oportunidad, el 17 de abril, señaló que, la “Defensoría del Pueblo rechaza la expulsión de policías de Shinahota y convoca a coordinar y dialogar a los actores del conflicto”.
Antes de ese pronunciamiento se registraron cuatro agresiones. El primero fue el 19 de marzo cuando vecinos de Río Seco, El Alto, lanzaron piedras a una ambulancia, golpearon a policías, quienes pedían cumplir la cuarentena. Luego, el 22 de marzo, vecinos de la urbanización Pumas Andino de Oruro arrojaron piedras a policías y gendarmes. El 25 de marzo en San Julián, Santa Cruz, los vecinos apedrearon un centro policial en esta zona.
Asimismo, sólo en una oportunidad repudió las agresiones contra los trabajadores de salud. Fue el 29 de abril, mediante comunicado de prensa, dijo: “Defensoría del Pueblo condena las agresiones y discriminación contra personal de salud en Rurrenabaque”, departamento de Beni.
El 28 de abril, a las 21:00, vecinos de Rurrenabaque, al enterarse que personal de salud atendió a un paciente sospechoso de coronavirus, llegaron hasta el hotel donde se hospedaban y los desalojaron. No les importó que los médicos y enfermeras trabajaron 24 y 36 horas continuas.
La Defensoría no se pronunció sobre la agresión a médicos y enfermeras que sufrieron la noche del 5 de marzo, cuando vándalos destrozaron, lanzando piedras, dos buses que transportaban a personal de salud. Similar hecho se registró esta semana en Cochabamba, situación que obligó al personal de Salud a replegarse por seguridad.
El 25 de marzo, la “Defensoría del Pueblo califica de inaceptable y un atentado a la salud el incumplimiento de la cuarentena”. En la nota, hace énfasis en las personas detenidas y precisó que “es necesario y con carácter prioritario que el Gobierno central, a través de los ministerios encargados en coordinación con gobiernos departamentales y municipales, implemente de forma inmediata acciones de prevención y concientización”. No pidió quedarse en casa.
El constitucionalista Marco Loayza sostuvo que Cruz “tiene una actuación parcializada” y emite criterios que siguen la línea masista. Considera que la Asamblea Legislativa, donde el MAS tiene amplia mayoría, dejó en la congeladora la elección de un defensor del Pueblo titular, a sabiendas de que ya se cumplió los 90 días de interinato de Cruz.
De 80 comunicados que emitió la Defensoría del Pueblo, en dos meses, al menos 60 son reclamos contra el Gobierno de Jeanine Añez, y pocos los pedidos a la población para que cumpla con las medidas de bioseguridad frente al coronavirus y censura a las agresiones contra miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
La Defensoría del Pueblo, desde el 12 de marzo, cuando se conoció los primeros casos positivos de coronavirus, hasta este 13 de mayo, difundió 80 comunicados de prensa. En ninguno pide a la gente que se quede en su casa, según se observa en la página oficial de esta institución que dirige Nadia Cruz, quien fue designada como defensora interina por la Asamblea Legislativa el 30 de enero de 2019.
El constitucionalista Paul Coca afirmó que la Defensoría del Pueblo “tiene un rol absolutamente parcializado con la anterior administración gubernamental masista”, pues su trabajo “es más político que técnico”. La defensora fue incisiva en los casos en que afines al MAS eran perjudicados, pero no así cuando los afectados eran de otro partido.
“Mostró una parcialización, así de sencillo. Hay bloqueos y vulneración a la cuarentena, hechos de racismo -donde un alteño, por ejemplo, dijo que el coronavirus sólo lo tienen los gays- y no se vio accionar alguno de la Defensora del Pueblo; en este instante, el MAS no está en el poder, y por ello se muestra contra el Gobierno actual, pero no lo hizo así contra el anterior”, sostuvo Coca.
Similar criterio emitió el jurista Ricardo Maldonado, quien afirmó que Cruz “no tiene una posición nada neutral”, porque lanza una infinidad de reclamos contra el Gobierno de Añez, pero no dijo nada en la gestión de Evo Morales, pese a los casos de flagrante violación de derechos humanos. “Ha demostrado esta su afinidad con el anterior gobierno”, agregó.
El 12 de marzo, luego de conocerse los primeros casos de coronavirus, la Defensoría del Pueblo informó que “coordina acciones preventivas en contra del coronavirus”. En la nota, la Defensoría no se compromete ni pide a la población cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir el coronavirus. Sólo describe el trabajo que realizarán la gobernación, alcaldía, fiscalía y el Ministerio de Gobierno.
Luego, los comunicados se centraron en críticas y reclamos al Gobierno. Varios de ellos coincidieron con la postura que expresaron los líderes del MAS. Es el caso del comunicado que lleva el rótulo “Defensoría exige al gobierno asegurar medidas en favor de sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad ante una eventual cuarentena nacional”, que publicó el 20 de marzo.
Ese día, el candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce Catacora escribió en su cuenta de Twitter: “un gobierno consciente de las necesidades de su pueblo y conocedor de la realidad debe plantearse la necesidad de generar políticas de apoyo a los pequeños empresarios, los trabajadores por cuenta propia y los comerciantes informales”.
A pesar de más de cinco agresiones a miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, la Defensoría sólo en una oportunidad, el 17 de abril, señaló que, la “Defensoría del Pueblo rechaza la expulsión de policías de Shinahota y convoca a coordinar y dialogar a los actores del conflicto”.
Antes de ese pronunciamiento se registraron cuatro agresiones. El primero fue el 19 de marzo cuando vecinos de Río Seco, El Alto, lanzaron piedras a una ambulancia, golpearon a policías, quienes pedían cumplir la cuarentena. Luego, el 22 de marzo, vecinos de la urbanización Pumas Andino de Oruro arrojaron piedras a policías y gendarmes. El 25 de marzo en San Julián, Santa Cruz, los vecinos apedrearon un centro policial en esta zona.
Asimismo, sólo en una oportunidad repudió las agresiones contra los trabajadores de salud. Fue el 29 de abril, mediante comunicado de prensa, dijo: “Defensoría del Pueblo condena las agresiones y discriminación contra personal de salud en Rurrenabaque”, departamento de Beni.
El 28 de abril, a las 21:00, vecinos de Rurrenabaque, al enterarse que personal de salud atendió a un paciente sospechoso de coronavirus, llegaron hasta el hotel donde se hospedaban y los desalojaron. No les importó que los médicos y enfermeras trabajaron 24 y 36 horas continuas.
La Defensoría no se pronunció sobre la agresión a médicos y enfermeras que sufrieron la noche del 5 de marzo, cuando vándalos destrozaron, lanzando piedras, dos buses que transportaban a personal de salud. Similar hecho se registró esta semana en Cochabamba, situación que obligó al personal de Salud a replegarse por seguridad.
El 25 de marzo, la “Defensoría del Pueblo califica de inaceptable y un atentado a la salud el incumplimiento de la cuarentena”. En la nota, hace énfasis en las personas detenidas y precisó que “es necesario y con carácter prioritario que el Gobierno central, a través de los ministerios encargados en coordinación con gobiernos departamentales y municipales, implemente de forma inmediata acciones de prevención y concientización”. No pidió quedarse en casa.
El constitucionalista Marco Loayza sostuvo que Cruz “tiene una actuación parcializada” y emite criterios que siguen la línea masista. Considera que la Asamblea Legislativa, donde el MAS tiene amplia mayoría, dejó en la congeladora la elección de un defensor del Pueblo titular, a sabiendas de que ya se cumplió los 90 días de interinato de Cruz.