Senado aprueba ley para municipios y estos dicen que es insuficiente
El Estado tiene en el fondo para exploración petrolera $us 500 millones que reclaman las autoridades municipales
Marco Antonio Chuquimia
El Deber
Esta madrugada, el Senado aprobó el proyecto de ley que pone en pausa la Ley 767, que recortaba ingresos a todos los gobiernos subnacionales, universidades y pueblos indígenas, pero la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), recordó que la suspensión temporal no es la salida porque no significa recursos inmediatos para atender la emergencia por Covid-19.
“Nosotros habíamos fijado dos puntos: primero que se suspenda o derogue el Art 12 de la Ley 676, que establecía el descuento del 12 % del IDH y que afecta a alcaldías, gobernaciones, universidades y pueblos indígenas. La segunda parte es importante porque son los recursos que se han acumulado desde 2016, ese dinero no se ha usado, nosotros pedimos que nos reembolsen esos dineros”, declaró el presidente de la FAM, Álvaro Ruiz.
La Ley 767 fue promulgada en diciembre de 2016 y básicamente creaba un fondo para promover la exploración de hidrocarburos; para eso dispuso que el 12% de los ingresos por IDH, que recibían las gobernaciones, los municipios, las universidades y el Fondo Indígena, sean retenidos y fomenten la exploración petrolera.
En la sesión de esta madrugada, los senadores acordaron la pausa de la aplicación del artículo 12 de la Ley 767, desde la promulgación de la norma y hasta que dure la emergencia que declaró el Estado. Los recursos que se retenían mensualmente deben ir a la inversión en temas de salud.
El destino
Según el reporte del Senado, el destino de los recursos será: el 50% para actividad de prevención, atención y contención del coronavirus, el equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas; el 25% para la provisión de alimentos a la población y el restante 25% al fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena.
Pero el presidente de la FAM, dijo que, desde la aplicación de la ley, el Gobierno recaudó 500 millones de dólares y que es ese monto el que debería ser transferido a los municipios para que tengan recursos de disponibilidad inmediata.
"La suspensión temporal del descuento no incide mucho porque se debe esperar como un sueldo para disponer, cuando hay un monto que puede beneficiar a las alcaldías", dijo Ruiz y detalló que los municipios podrían recibir $us 173 millones que les descontaron desde 2016.
Producto de la aplicación de esta norma, todos aportaron a ese fondo de exploración petrolera. Las gobernaciones dejaron de recibir $us 49,3 millones y representa el 9,9% a ese fondo; los municipios aportaron 173 millones (34,9%); las universidades 34,3 millones (6,9%); el Fondo Indígena resignó 17,3 millones (3,5%); la Renta Dignidad 127,1 millones (25,6%); educación patriótica 0,9 millones (0,2%); finalmente el TGN, 93,9 millones de dólares y representa el 18,9 % del fondo.
El Deber
Esta madrugada, el Senado aprobó el proyecto de ley que pone en pausa la Ley 767, que recortaba ingresos a todos los gobiernos subnacionales, universidades y pueblos indígenas, pero la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), recordó que la suspensión temporal no es la salida porque no significa recursos inmediatos para atender la emergencia por Covid-19.
“Nosotros habíamos fijado dos puntos: primero que se suspenda o derogue el Art 12 de la Ley 676, que establecía el descuento del 12 % del IDH y que afecta a alcaldías, gobernaciones, universidades y pueblos indígenas. La segunda parte es importante porque son los recursos que se han acumulado desde 2016, ese dinero no se ha usado, nosotros pedimos que nos reembolsen esos dineros”, declaró el presidente de la FAM, Álvaro Ruiz.
La Ley 767 fue promulgada en diciembre de 2016 y básicamente creaba un fondo para promover la exploración de hidrocarburos; para eso dispuso que el 12% de los ingresos por IDH, que recibían las gobernaciones, los municipios, las universidades y el Fondo Indígena, sean retenidos y fomenten la exploración petrolera.
En la sesión de esta madrugada, los senadores acordaron la pausa de la aplicación del artículo 12 de la Ley 767, desde la promulgación de la norma y hasta que dure la emergencia que declaró el Estado. Los recursos que se retenían mensualmente deben ir a la inversión en temas de salud.
El destino
Según el reporte del Senado, el destino de los recursos será: el 50% para actividad de prevención, atención y contención del coronavirus, el equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas; el 25% para la provisión de alimentos a la población y el restante 25% al fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena.
Pero el presidente de la FAM, dijo que, desde la aplicación de la ley, el Gobierno recaudó 500 millones de dólares y que es ese monto el que debería ser transferido a los municipios para que tengan recursos de disponibilidad inmediata.
"La suspensión temporal del descuento no incide mucho porque se debe esperar como un sueldo para disponer, cuando hay un monto que puede beneficiar a las alcaldías", dijo Ruiz y detalló que los municipios podrían recibir $us 173 millones que les descontaron desde 2016.
Producto de la aplicación de esta norma, todos aportaron a ese fondo de exploración petrolera. Las gobernaciones dejaron de recibir $us 49,3 millones y representa el 9,9% a ese fondo; los municipios aportaron 173 millones (34,9%); las universidades 34,3 millones (6,9%); el Fondo Indígena resignó 17,3 millones (3,5%); la Renta Dignidad 127,1 millones (25,6%); educación patriótica 0,9 millones (0,2%); finalmente el TGN, 93,9 millones de dólares y representa el 18,9 % del fondo.
