El MAS aplica su rodillo en el Senado y sanciona ley que llama a elecciones en 90 días
Los masistas aplicaron su aplanadora en las dos cámaras. El TSE lamentó que se recorten plazos. En 1985 y en 2005 ya se postergaron las elecciones, recordaron los especialistas
Marco Antonio Chuquimia
El Deber
Sin modificaciones, así aprobó el MAS el proyecto de ley de postergación de elecciones generales y recobró la unidad en la bancada que estuvo dividida desde la caída de Evo Morales, en noviembre del año pasado. El proyecto fue sancionado y pasó al Ejecutivo para que la presidenta del Estado, Jeanine Añez, tiene la potestad de promulgarla o vetarla.
La norma había sido aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados que establecen las elecciones generales en un plazo no mayor a 90 días a partir del 3 de mayo, eso significa que las elecciones deben llevarse antes del 3 de agosto.
Vanos fueron los intentos del senador Óscar Ortiz de UD, de someter el proyecto de ley a votación nominal para que cada senador fundamente su voto. La aplanadora masista resurgió y negó esa petición, de ahí en adelante la aprobación fue un trámite porque nadie propuso cambios.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, había anticipado que la propuesta del MAS evita la flexibilidad que tenían para la organización del evento y que el Órgano Electoral había garantizado que las elecciones se realizarían este año.
“El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados restringe las posibilidades de esta flexibilidad que hubiera tenido el TSE, al reducir el lapso de tiempo que ha pedido el TSE”, dijo en una entrevista televisiva
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, había declarado, al mediodía, que al MAS no le interesaba el bienestar de la población y que su único objetivo era llevar al país a unas elecciones que pueden provocar el aumento de los casos de coronavirus en el país.
El debate
Senadores que eran considerados del ala concertadora del MAS y próximos al gobierno de Jeanine Añez, lanzaron duras críticas contra la decisión del Gobierno y el mismo TSE. Fue el caso de Omar Aguilar, quien recordó que Salvador Romero fue designado por la propia presidenta y que este actúa en función de esos intereses.
Otra senadora, dijo que con la excusa de lucha contra la pandemia el Gobierno inició una persecución contra los dirigentes del MAS, mientras que los funcionarios de Gobierno gozan de la impunidad.
Los senadores de UD explicaron que en este momento no se puede pensar en elecciones, y que la postergación que planteaba el TSE era el ideal para celebrar los comicios sin contratiempos y con las seguridades para la ciudadanía.
La postergación
La postergación de las elecciones abrió otro debate sobre la aplicación del calendario electoral que ya cerró la etapa de registro de ciudadanos en el padrón Electoral. Los especialistas discreparon sobre este punto.
El analista de temas electorales Paul Antonio Coca recordó que, en dos oportunidades, en 1985 y en 2005 ya hubo una postergación de los comicios y en los que no se reabrió el padrón electoral. Dijo que en esta oportunidad también podrá ocurrir lo mismo.
Explicó que se debe diferenciar entre una postergación de elecciones y una suspensión del proceso. En el primer caso, hay un calendario electoral aprobado y solo se cambió la fecha de elecciones, por lo tanto, no se pueden repetir los pasos de ese calendario.
En caso de que se hablara de una suspensión de los comicios, eso significa que se podrá reiniciar todo, desde el registro de candidatos y candidatos. Recordó que en este caso se aplica la postergación y no se podrá reabrir el registro de ciudadanos.
El abogado constitucionalista Eduardo Maldonado explicó que la figura jurídica que se ajusta para los ciudadanos que vean su derecho vulnerado es la acción de cumplimiento, que puede ser presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por dos instancias, la Defensoría del Pueblo o algún legislador.
En su criterio, el TSE debería abrir el padrón electoral porque había un número de electores para el 3 de mayo y no se sabe en cuánto puede crecer el número de electores hasta agosto o septiembre, por lo tanto hay una vulneración de derechos electorales de ciudadanos que pueden acudir la justicia para hacer valer sus derechos.
El Deber
Sin modificaciones, así aprobó el MAS el proyecto de ley de postergación de elecciones generales y recobró la unidad en la bancada que estuvo dividida desde la caída de Evo Morales, en noviembre del año pasado. El proyecto fue sancionado y pasó al Ejecutivo para que la presidenta del Estado, Jeanine Añez, tiene la potestad de promulgarla o vetarla.
La norma había sido aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados que establecen las elecciones generales en un plazo no mayor a 90 días a partir del 3 de mayo, eso significa que las elecciones deben llevarse antes del 3 de agosto.
Vanos fueron los intentos del senador Óscar Ortiz de UD, de someter el proyecto de ley a votación nominal para que cada senador fundamente su voto. La aplanadora masista resurgió y negó esa petición, de ahí en adelante la aprobación fue un trámite porque nadie propuso cambios.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, había anticipado que la propuesta del MAS evita la flexibilidad que tenían para la organización del evento y que el Órgano Electoral había garantizado que las elecciones se realizarían este año.
“El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados restringe las posibilidades de esta flexibilidad que hubiera tenido el TSE, al reducir el lapso de tiempo que ha pedido el TSE”, dijo en una entrevista televisiva
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, había declarado, al mediodía, que al MAS no le interesaba el bienestar de la población y que su único objetivo era llevar al país a unas elecciones que pueden provocar el aumento de los casos de coronavirus en el país.
El debate
Senadores que eran considerados del ala concertadora del MAS y próximos al gobierno de Jeanine Añez, lanzaron duras críticas contra la decisión del Gobierno y el mismo TSE. Fue el caso de Omar Aguilar, quien recordó que Salvador Romero fue designado por la propia presidenta y que este actúa en función de esos intereses.
Otra senadora, dijo que con la excusa de lucha contra la pandemia el Gobierno inició una persecución contra los dirigentes del MAS, mientras que los funcionarios de Gobierno gozan de la impunidad.
Los senadores de UD explicaron que en este momento no se puede pensar en elecciones, y que la postergación que planteaba el TSE era el ideal para celebrar los comicios sin contratiempos y con las seguridades para la ciudadanía.
La postergación
La postergación de las elecciones abrió otro debate sobre la aplicación del calendario electoral que ya cerró la etapa de registro de ciudadanos en el padrón Electoral. Los especialistas discreparon sobre este punto.
El analista de temas electorales Paul Antonio Coca recordó que, en dos oportunidades, en 1985 y en 2005 ya hubo una postergación de los comicios y en los que no se reabrió el padrón electoral. Dijo que en esta oportunidad también podrá ocurrir lo mismo.
Explicó que se debe diferenciar entre una postergación de elecciones y una suspensión del proceso. En el primer caso, hay un calendario electoral aprobado y solo se cambió la fecha de elecciones, por lo tanto, no se pueden repetir los pasos de ese calendario.
En caso de que se hablara de una suspensión de los comicios, eso significa que se podrá reiniciar todo, desde el registro de candidatos y candidatos. Recordó que en este caso se aplica la postergación y no se podrá reabrir el registro de ciudadanos.
El abogado constitucionalista Eduardo Maldonado explicó que la figura jurídica que se ajusta para los ciudadanos que vean su derecho vulnerado es la acción de cumplimiento, que puede ser presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por dos instancias, la Defensoría del Pueblo o algún legislador.
En su criterio, el TSE debería abrir el padrón electoral porque había un número de electores para el 3 de mayo y no se sabe en cuánto puede crecer el número de electores hasta agosto o septiembre, por lo tanto hay una vulneración de derechos electorales de ciudadanos que pueden acudir la justicia para hacer valer sus derechos.
