Constructores entre la espada y la pared, piden pago de planillas adeudadas por obras
Gobernaciones, municipios y el propio Gobierno central con sus entidades como UPRE (Unidad de Proyectos Especiales) y la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), tienen deudas en planillas desde el año pasado.
Miguel Angel Melendres
El Deber
La crisis por la pandemia del Covid-19, al igual o peor que con la mayoría de los otros sectores de la economía, está afectando duramente al sector constructor. De forma conjunta, tanto los empresarios como los trabajadores, demandaron al Gobierno, a pagar las planillas que adeuda por obras de infraestructura, para tratar de normalizar el flujo de caja de los empleadores y facilitar el pago de los salarios de los más de 480.000 obreros que tienen problemas económicos.
“El sector de la construcción es uno de los más afectados con esta pandemia. Peor la pasa el 60% de nuestros compañeros que trabaja de manera informal, son particulares o independientes. Y por otro lado, nuestras empresas constructoras grandes, medianas y pequeñas que trabajan con los municipios y gobernaciones y con el mismo Gobierno central, con sus entidades, como la UPRE (Unidad de Proyectos Especiales) y la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), que tienen deudas en planillas desde el año pasado”, dijo el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Constructores de Bolivia, Valerio Ayaviri.
En consecuencia, los obreros no están recibiendo los salarios de parte de las empresas constructoras a escala nacional y le piden al Gobierno central y las subnacionales, salvar o pagar las planillas adeudadas que tienen con las empresas, para que puedan alivianar y pagar salario a los trabajadores que tienen dependencia obrero-patronal.
Paralelamente, propusieron un bono especial para los constructores que no reciban ningún bono creado anteriormente (Bono Familiar, Bono Canasta Familiar y más adelante, el Bono Universal).
Empresarios coinciden
Por su parte, el gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, informó que las empresas privadas del sector sufren problemas serios de flujo de caja por las deudas acumuladas de las administraciones públicas por el pago de las planillas de avance de obra impagas.
Es así que hace unos días, el sector le envió una carta a la presidente Jeanine Áñez, proponiendo medidas para superar la crisis. Entre estas, está la de normalizar el flujo de caja de las empresas, con medidas que faciliten el pago de la totalidad de las planillas, hasta el 15 de mayo de 2020.
Sugieren paralizar todos los procesos de contratación de obras que se encuentren dentro del Programa de Inversión Pública de las diferentes administraciones y empresas públicas que a la fecha no se hayan licitado y destinar los recursos de las mismas, prioritariamente, al pago de las planillas de avance de obra de forma directa.
También, plantean constituir con los recursos de los créditos que el Banco Central de Bolivia (BCB) otorga a las empresas públicas que no se hayan ejecutado, un fondo de liquidez a las administraciones públicas. En especial, a gobernaciones y gobiernos municipales, para que destinen el 30% de estos recursos al pago de las deudas actuales con las empresas constructoras, después de pagar a las contratistas que tienen los avances realizados hasta la fecha.
La propuesta también implica, realizar un corte administrativo hasta el 31 de marzo de 2020 de los proyectos de inversión pública, abonando a las empresas contratadas los avances que existan hasta la fecha.
“De esta manera pondremos al día todos los compromisos de pago que haya con las empresas privadas de la construcción y se les otorgará los niveles de liquidez necesarios para afrontar la crisis en el momento que la misma se vaya agravando por las medidas de restricción que se han establecido”, aseguró Arze.
Plan de emergencia
Los constructores también expusieron un plan de emergencia que habla de la postergación de obligaciones tributarias, para rebajar la presión sobre las empresas privadas de construcción; la reprogramación de los créditos de las empresas con el sistema financiero nacional, para mejorar su posición de liquidez; acceso a un plan masivo de inversión pública, a todos los niveles de gobierno, con énfasis en proyectos generadores de importante cantidad de ocupación-
Asimismo, la recuperación de la competitividad de la economía nacional mediante la moderación salarial para salir a la brevedad posible de la crisis y poder acompañar el proceso de recuperación posterior.
El Deber
La crisis por la pandemia del Covid-19, al igual o peor que con la mayoría de los otros sectores de la economía, está afectando duramente al sector constructor. De forma conjunta, tanto los empresarios como los trabajadores, demandaron al Gobierno, a pagar las planillas que adeuda por obras de infraestructura, para tratar de normalizar el flujo de caja de los empleadores y facilitar el pago de los salarios de los más de 480.000 obreros que tienen problemas económicos.
“El sector de la construcción es uno de los más afectados con esta pandemia. Peor la pasa el 60% de nuestros compañeros que trabaja de manera informal, son particulares o independientes. Y por otro lado, nuestras empresas constructoras grandes, medianas y pequeñas que trabajan con los municipios y gobernaciones y con el mismo Gobierno central, con sus entidades, como la UPRE (Unidad de Proyectos Especiales) y la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), que tienen deudas en planillas desde el año pasado”, dijo el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Constructores de Bolivia, Valerio Ayaviri.
En consecuencia, los obreros no están recibiendo los salarios de parte de las empresas constructoras a escala nacional y le piden al Gobierno central y las subnacionales, salvar o pagar las planillas adeudadas que tienen con las empresas, para que puedan alivianar y pagar salario a los trabajadores que tienen dependencia obrero-patronal.
Paralelamente, propusieron un bono especial para los constructores que no reciban ningún bono creado anteriormente (Bono Familiar, Bono Canasta Familiar y más adelante, el Bono Universal).
Empresarios coinciden
Por su parte, el gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, informó que las empresas privadas del sector sufren problemas serios de flujo de caja por las deudas acumuladas de las administraciones públicas por el pago de las planillas de avance de obra impagas.
Es así que hace unos días, el sector le envió una carta a la presidente Jeanine Áñez, proponiendo medidas para superar la crisis. Entre estas, está la de normalizar el flujo de caja de las empresas, con medidas que faciliten el pago de la totalidad de las planillas, hasta el 15 de mayo de 2020.
Sugieren paralizar todos los procesos de contratación de obras que se encuentren dentro del Programa de Inversión Pública de las diferentes administraciones y empresas públicas que a la fecha no se hayan licitado y destinar los recursos de las mismas, prioritariamente, al pago de las planillas de avance de obra de forma directa.
También, plantean constituir con los recursos de los créditos que el Banco Central de Bolivia (BCB) otorga a las empresas públicas que no se hayan ejecutado, un fondo de liquidez a las administraciones públicas. En especial, a gobernaciones y gobiernos municipales, para que destinen el 30% de estos recursos al pago de las deudas actuales con las empresas constructoras, después de pagar a las contratistas que tienen los avances realizados hasta la fecha.
La propuesta también implica, realizar un corte administrativo hasta el 31 de marzo de 2020 de los proyectos de inversión pública, abonando a las empresas contratadas los avances que existan hasta la fecha.
“De esta manera pondremos al día todos los compromisos de pago que haya con las empresas privadas de la construcción y se les otorgará los niveles de liquidez necesarios para afrontar la crisis en el momento que la misma se vaya agravando por las medidas de restricción que se han establecido”, aseguró Arze.
Plan de emergencia
Los constructores también expusieron un plan de emergencia que habla de la postergación de obligaciones tributarias, para rebajar la presión sobre las empresas privadas de construcción; la reprogramación de los créditos de las empresas con el sistema financiero nacional, para mejorar su posición de liquidez; acceso a un plan masivo de inversión pública, a todos los niveles de gobierno, con énfasis en proyectos generadores de importante cantidad de ocupación-
Asimismo, la recuperación de la competitividad de la economía nacional mediante la moderación salarial para salir a la brevedad posible de la crisis y poder acompañar el proceso de recuperación posterior.
