Por desvío de hoja en el Chapare, plan prevé cambiar Ley de Coca
Es sabido que el 91% de la producción del trópico de Cochabamba se desvía al comercio ilícito, en cambio el 91% de la coca de los Yungas pasa por el mercado legal.
Página Siete / La Paz
La nueva estrategia antidroga elaborada por el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) apunta a modificar la Ley General de la Coca debido a que, entre otros factores, gran cantidad de la hoja milenaria continúa siendo desviada al narcotráfico. Este desvío ocurre principalmente en el trópico de Cochabamba.
“Con relación a la hoja de coca, la estrategia plantea evitar el desvío de ésta hacia el narcotráfico, realizando estudios del consumo que definan las zonas y extensión de cultivos dentro de los límites legales, reformulando la Ley General de la Coca e impidiendo el incremento de cultivos con medidas de desarrollo económico que ofrezcan oportunidades de vida a los pobladores rurales”, se lee en el documento al que Página Siete tuvo acceso.
En el mismo plan se menciona que de acuerdo con Naciones Unidas el 91% de la coca de los Yungas de La Paz se destina al mercado legal. Sin embargo, el 91% de la coca del Chapare se desvía al mercado ilegal. “Para reducir la producción y comercialización no autorizada de hoja de coca se requiere reforzar una perspectiva regulatoria de sanciones e incentivos en el marco de la normativa nacional vigente”.
Con relación a la posibilidad de que esto implicaría una reducción de los cultivos permitidos en el Chapare, el dirigente del trópico Leonardo Loza manifestó anteriormente que no permitirían este extremo: “Jamás en nuestras vidas vamos a permitir que nos quiten ese derecho adquirido gracias a las diferentes luchas. Primero muertos a perder nuestros campos de coca en la zona del Chapare”.
La estrategia contempla, además, seis ejes de trabajo para combatir el narcotráfico y las ganancias ilícitas a partir de esta actividad (ver infografía). Estos ejes contienen objetivos, actividades y “metas o indicadores de impacto” para, de alguna manera, conocer los resultados de las acciones que se ejecuten.
“La estrategia concibe el problema de las drogas como multidimensional”, se explica en el reporte, ya que abarca a poblaciones vulnerables, el sistema penal colapsado por delitos menores y el incremento del lavado de dinero, entre otros aspectos.
Eliminar el control social
Por otro lado, la estrategia también plantea eliminar el concepto actual de “control social”, principalmente en lo que a racionalización de cultivos de coca se refiere. “Se propone la participación ciudadana articulada a las acciones institucionales del Estado en la búsqueda de acciones más efectivas, superando el mecanismo de ‘control social y autoregulación’ que propuso el anterior gobierno, y que no fue suficiente para reducir el narcotráfico y sus efectos estructurales”.
El artículo siete de la Ley de la Coca establece el “control social comunitario” como un mecanismo para que los productores de coca se autoregulen; sin embargo, se aclara que esto no sustituye a la regulación del Estado.
Lo que la nueva estrategia sí contempla es la “participación social” para lograr mejoras en la lucha contra el narcotráfico. Esta se entiende como la coordinación de acciones entre la sociedad en su conjunto y el Estado.
Al momento de presentar la estrategia, la semana pasada en Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, convocó a la ciudadanía “a tomar nota de los aciertos y debilidades” del plan para hacer ajustes.
La nueva estrategia antidroga elaborada por el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) apunta a modificar la Ley General de la Coca debido a que, entre otros factores, gran cantidad de la hoja milenaria continúa siendo desviada al narcotráfico. Este desvío ocurre principalmente en el trópico de Cochabamba.
“Con relación a la hoja de coca, la estrategia plantea evitar el desvío de ésta hacia el narcotráfico, realizando estudios del consumo que definan las zonas y extensión de cultivos dentro de los límites legales, reformulando la Ley General de la Coca e impidiendo el incremento de cultivos con medidas de desarrollo económico que ofrezcan oportunidades de vida a los pobladores rurales”, se lee en el documento al que Página Siete tuvo acceso.
En el mismo plan se menciona que de acuerdo con Naciones Unidas el 91% de la coca de los Yungas de La Paz se destina al mercado legal. Sin embargo, el 91% de la coca del Chapare se desvía al mercado ilegal. “Para reducir la producción y comercialización no autorizada de hoja de coca se requiere reforzar una perspectiva regulatoria de sanciones e incentivos en el marco de la normativa nacional vigente”.
Con relación a la posibilidad de que esto implicaría una reducción de los cultivos permitidos en el Chapare, el dirigente del trópico Leonardo Loza manifestó anteriormente que no permitirían este extremo: “Jamás en nuestras vidas vamos a permitir que nos quiten ese derecho adquirido gracias a las diferentes luchas. Primero muertos a perder nuestros campos de coca en la zona del Chapare”.
La estrategia contempla, además, seis ejes de trabajo para combatir el narcotráfico y las ganancias ilícitas a partir de esta actividad (ver infografía). Estos ejes contienen objetivos, actividades y “metas o indicadores de impacto” para, de alguna manera, conocer los resultados de las acciones que se ejecuten.
“La estrategia concibe el problema de las drogas como multidimensional”, se explica en el reporte, ya que abarca a poblaciones vulnerables, el sistema penal colapsado por delitos menores y el incremento del lavado de dinero, entre otros aspectos.
Eliminar el control social
Por otro lado, la estrategia también plantea eliminar el concepto actual de “control social”, principalmente en lo que a racionalización de cultivos de coca se refiere. “Se propone la participación ciudadana articulada a las acciones institucionales del Estado en la búsqueda de acciones más efectivas, superando el mecanismo de ‘control social y autoregulación’ que propuso el anterior gobierno, y que no fue suficiente para reducir el narcotráfico y sus efectos estructurales”.
El artículo siete de la Ley de la Coca establece el “control social comunitario” como un mecanismo para que los productores de coca se autoregulen; sin embargo, se aclara que esto no sustituye a la regulación del Estado.
Lo que la nueva estrategia sí contempla es la “participación social” para lograr mejoras en la lucha contra el narcotráfico. Esta se entiende como la coordinación de acciones entre la sociedad en su conjunto y el Estado.
Al momento de presentar la estrategia, la semana pasada en Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, convocó a la ciudadanía “a tomar nota de los aciertos y debilidades” del plan para hacer ajustes.
