Crisis en El Salvador: Bukele dio un ultimátum de una semana para que el Parlamento apruebe el préstamo para su plan de seguridad

En un pulso entre el Gobierno y la Asamblea, el mandatario exigió a los diputados que den luz verde a la financiación de USD 109 millones para su plan antipandillas. La oposición denuncia un intento de “autogolpe”

Infobae
Un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías, fue desplegado este domingo en la sede de la Asamblea Legislativa de El Salvador junto con algunos de los diputados oficialistas que se presentaron para participar en la sesión extraordinaria convocada por el presidente, Nayib Bukele.


“Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria extraordinaria tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución”, señaló el mandatario, quien se ubicó en la silla que le corresponde al presidente del Congreso, Mario Ponce, que no se hizo presente a la convocatoria. El jefe de Estado hizo una oración y luego salió del salón de sesiones del Congreso para dirigirse a una multitud de personas que lo esperaban en una de las entradas del órgano Legislativo.

Bukele convocó a sus seguidores a rodear el Legislativo y realizó un llamamiento a la “insurrección” para forzar al Parlamento a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares (unos 100 millones de euros) que impulse la Fase III del Plan Control Territorial, una iniciativa para mejorar la seguridad interna. El propio Bukele llegó a la Asamblea Legislativa poco después de las 16, hora local, y se dirigió a los diputados presentes, considerados afines a su Gobierno, a pesar de estar en minoría en la Cámara.

En tanto, militares y policías de diferentes divisiones, entre estos de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), rodean la sede del Congreso, según lo constató la agencia EFE. En la redes sociales circulan videos en el que se observan al menos dos francotiradores que están instalados en uno de los edificios del Ministerio de Educación (Mined), cercano al lugar de la actividad.

A la Asamblea Legislativa también llegó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, quien no brindó declaraciones a la prensa.

Bukele convocó a la ciudadanía a que se presente al Congreso del país para presionar y exigir la aprobación de un préstamo por 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.

El mandatario también ordenó a los diputados que se presenten al órgano Legislativo para discutir y aprobar dicho préstamo que fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y que no ha sido aprobado porque, según los diputados, el Ejecutivo no ha detallado en qué será ocupado el dinero.

La oposición de izquierda y de derecha -Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), las dos formaciones más importantes del Parlamento- han rechazado participar en la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa a convocatoria del Consejo de Ministros. ARENA incluso ha pedido una intervención de la comunidad internacional “para evitar el rompimiento del orden constitucional en El Salvador y se actúe para suspender de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso”.

Sin embargo, las oficialistas Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) sí apoyarán el crédito. De los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, el oficialismo solo controla once, mientras que ARENA es la primera fuerza política (37 diputados), seguido del FMLN (23 escaños).

En medio de las tensiones, el embajador norteamericano Ronald Johnson llamó a las partes “a trabajar y dialogar en búsqueda de consensos y a mantener la calma”.

DENUNCIA DE AUTOGOLPE

Varios diputados de la oposición han denunciado que agentes de la Policía se han presentado en sus domicilios para trasladarlos a la Asamblea Legislativa pese a que el órgano ha rechazado la convocatoria de una sesión extraordinaria planteada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele. Muchos de ellos denuncian que están sitiados en sus casas en medio de un “autogolpe” de Bukele contra el Parlamento.

El diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) Mauricio Ernesto Vargas explicó que agentes de las fuerzas de seguridad se presentaron en su casa para decirle que tienen una resolución “verbal”, pero se negó a acompañarlos. Otros diputados como René Portillo Cuadra, Patricia Valdivieso y Ricardo Godoy también han recibido visita de las fuerzas de seguridad, informa la prensa salvadoreña.

La portavoz del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Nidia Díaz, ha confirmado igualmente que cerca de doce diputados de la formación están sitiados en sus casas.

También los militantes del FMLN participantes en la Convención Extraordinaria que celebra el partido en San Salvador han denunciado que en los alrededores del polideportivo de San Marcos en donde realizan su reunión hay miembros del Ejército desplkegados, supuestamente para llevar a los diputados del FMLN por “la fuerza” a la Asamblea Legislativa.

FUERZA ARMADA Y POLICÍA A LAS ÓRDENES DEL PRESIDENTE

La noche del viernes, el titular del Ministerio de Defensa, René Merino, reiteró el apoyo de la Fuerza Armada al presidente y afirmó que la institución castrense “cumplirá la ley, aún a costa de nuestras vidas”.

"Estamos esperando órdenes de nuestro comandante general y estamos dispuestos a defender nuestra patria aún a costa de nuestras vidas", dijo Merino durante una conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, señaló que la Policía Nacional Civil "espera instrucciones del presidente ante la negativa de los diputados de asistir a la convocatoria constitucional del Consejo de Ministros".

RESTRICCIÓN A LA PRENSA

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se ve a agentes de la PNC impidiendo desarrollar su trabajo a un equipo de la cadena de televisión Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Ante esta situación, la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) llamó a las autoridades gubernamentales y a las fuerzas de seguridad pública a que “respeten el ejercicio periodístico” y condenó “este tipo de restricciones a la libertad de prensa”, en referencia al vídeo publicado por Fespad.

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