Añez: 9 cárteles extranjeros operaban con la venia del MAS
La Presidenta del Estado indicó que se identificó la presencia de organizaciones criminales de México, Perú, Colombia y Brasil en el territorio boliviano.
Página Siete / La Paz
La presidenta Jeannine Añez denunció ayer que con base en informes de Inteligencia se pudo evidenciar la presencia de al menos nueve organizaciones criminales extranjeras que operaban en el país con el permiso cómplice del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Nuestros sistemas de Inteligencia y la comunidad internacional han podido identificar (organizaciones) como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho de Brasil, la Federación de Sinaloa y Los Zetas de México, Sendero Luminoso de Perú e incluso mafias rusas. (...) el Cártel del Norte del Valle, las Autodefensas Campesinas de Casanare y elementos residuales de las FARC (Colombia)”, indicó la primera autoridad del país.
En la ciudad de Santa Cruz, durante su discurso por el lanzamiento de una nueva estrategia antidrogas, Añez explicó: “Todo lo expresado nos permite afirmar que el gobierno anterior ha permitido, tolerado e inclusive no actuó sabiendo de la presencia de estos grupos criminales”.
En los últimos años de gobierno del MAS hubo reportes de la presencia en Bolivia de algunos de los grupos mencionados anteriormente, principalmente de aquellos provenientes de Brasil. Éstos operaban sobre todo en el oriente y el norte del país. Sin embargo, las anteriores autoridades afirmaron que se trataba sólo de “emisarios” de estas bandas criminales, pero que dichas organizaciones no estaban establecidas en nuestro territorio.
No obstante, Añez fue contundente ayer al señalar: “En los últimos 14 años, dada la permisibilidad del anterior gobierno, Bolivia se ha convertido no sólo en país de tránsito, sino que aquí se han construido redes donde opera un complejo grupo de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas”.
Con relación a estas aseveraciones, el diputado del MAS Víctor Borda manifestó que el actual gobierno se ha acostumbrado a hacer acusaciones sin presentar pruebas y mucho antes de hacer investigaciones que respalden las denuncias.
“Nos gustaría que (la Presidenta) nos haga ver a los cabecillas, las bandas y los vínculos, recién vamos a creer. Que nos digan cuáles son los nexos e indicios de supuesta protección, pero ahora nos acostumbramos a difamar, calumniar y después recién investigar”, declaró Borda a través de un contacto telefónico con este medio.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, enfatizó la cercanía que -según él- había entre el gobierno de Evo Morales con los cárteles de droga. “No sólo entraron a Bolivia, sino que los cárteles estaban haciendo empanadas con el gobierno anterior, imagínense, terrible, ese es un tema que estamos investigando, quién permitía el ingreso a la Asamblea de los hijos del Chapo Guzmán (un hecho ocurrido en 2016)”.
La autoridad también manifestó que en varias ocasiones tomaron recaudos para proteger la vida de la presidenta Añez ante el temor de ataques de los mencionados grupos criminales vinculados al narcotráfico.
El evento en el que las autoridades hablaron se hizo en oficinas del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) de Santa Cruz. En la oportunidad se hizo el lanzamiento de la Estrategia Unidos Libres de Drogas, que se basa en seis ejes para combatir el narcotráfico: salud pública, inclusión socioeconómica, desarrollo sostenible, justicia proporcional con el delito, control de la economía de la droga y afectación a los grupos de narcos.
Gobierno apunta a revisar la extensión de los cultivos de coca
El Gobierno de transición considera urgente revisar la extensión de cultivos de coca permitidos por la Ley 906, que fue aprobada en 2017, y que contraria a la anterior Ley 1008 autoriza ampliar la plantación del arbusto de 12.000 a 22.000 hectáreas.
“Una tarea inmediata es el análisis entre el Estado y los actores sociales para definir los límites de la producción de coca”, indicó ayer la presidenta Añez.
La autoridad añadió que no se conoce de forma científica a cuánto corresponde la demanda del consumo legal de la coca en el país, pero señaló que “queda claro” que el 90% de la coca del Chapare (el bastión del MAS y del expresidente Evo Morales) se destina al narcotráfico.
La Ley 906, promulgada por Evo Morales, se entregó como un obsequio en el Chapare, ya que ésta ampliaba de cero a 7.700 hectáreas el cultivo legal en esta región. Los cocaleros de los Yungas de La Paz, que lucharon ferozmente contra el MAS, se opusieron a dicha norma, ya que su región se veía duramente afectada.
Los antecedentes
Brasil Integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) fueron identificados en atracos en Santa Cruz, Beni y Pando. Miembros del PCC, por ejemplo, participaron en el asalto a la Joyería Eurochronos, en abril de 2017.
FARC En noviembre del 2019, durante los conflictos postelectorales, se identificó a un guerrillero de las FARC en territorio boliviano que había participado en los enfrentamientos. Se trataba del argentino Facundo Morales.
México Existen reportes de vínculos entre el Cártel de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán, con Bolivia. El hijo del narcotraficante estuvo en Santa Cruz (2011) y tenía acceso a la Asamblea Legislativa (2016).
La presidenta Jeannine Añez denunció ayer que con base en informes de Inteligencia se pudo evidenciar la presencia de al menos nueve organizaciones criminales extranjeras que operaban en el país con el permiso cómplice del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Nuestros sistemas de Inteligencia y la comunidad internacional han podido identificar (organizaciones) como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho de Brasil, la Federación de Sinaloa y Los Zetas de México, Sendero Luminoso de Perú e incluso mafias rusas. (...) el Cártel del Norte del Valle, las Autodefensas Campesinas de Casanare y elementos residuales de las FARC (Colombia)”, indicó la primera autoridad del país.
En la ciudad de Santa Cruz, durante su discurso por el lanzamiento de una nueva estrategia antidrogas, Añez explicó: “Todo lo expresado nos permite afirmar que el gobierno anterior ha permitido, tolerado e inclusive no actuó sabiendo de la presencia de estos grupos criminales”.
En los últimos años de gobierno del MAS hubo reportes de la presencia en Bolivia de algunos de los grupos mencionados anteriormente, principalmente de aquellos provenientes de Brasil. Éstos operaban sobre todo en el oriente y el norte del país. Sin embargo, las anteriores autoridades afirmaron que se trataba sólo de “emisarios” de estas bandas criminales, pero que dichas organizaciones no estaban establecidas en nuestro territorio.
No obstante, Añez fue contundente ayer al señalar: “En los últimos 14 años, dada la permisibilidad del anterior gobierno, Bolivia se ha convertido no sólo en país de tránsito, sino que aquí se han construido redes donde opera un complejo grupo de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas”.
Con relación a estas aseveraciones, el diputado del MAS Víctor Borda manifestó que el actual gobierno se ha acostumbrado a hacer acusaciones sin presentar pruebas y mucho antes de hacer investigaciones que respalden las denuncias.
“Nos gustaría que (la Presidenta) nos haga ver a los cabecillas, las bandas y los vínculos, recién vamos a creer. Que nos digan cuáles son los nexos e indicios de supuesta protección, pero ahora nos acostumbramos a difamar, calumniar y después recién investigar”, declaró Borda a través de un contacto telefónico con este medio.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, enfatizó la cercanía que -según él- había entre el gobierno de Evo Morales con los cárteles de droga. “No sólo entraron a Bolivia, sino que los cárteles estaban haciendo empanadas con el gobierno anterior, imagínense, terrible, ese es un tema que estamos investigando, quién permitía el ingreso a la Asamblea de los hijos del Chapo Guzmán (un hecho ocurrido en 2016)”.
La autoridad también manifestó que en varias ocasiones tomaron recaudos para proteger la vida de la presidenta Añez ante el temor de ataques de los mencionados grupos criminales vinculados al narcotráfico.
El evento en el que las autoridades hablaron se hizo en oficinas del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) de Santa Cruz. En la oportunidad se hizo el lanzamiento de la Estrategia Unidos Libres de Drogas, que se basa en seis ejes para combatir el narcotráfico: salud pública, inclusión socioeconómica, desarrollo sostenible, justicia proporcional con el delito, control de la economía de la droga y afectación a los grupos de narcos.
Gobierno apunta a revisar la extensión de los cultivos de coca
El Gobierno de transición considera urgente revisar la extensión de cultivos de coca permitidos por la Ley 906, que fue aprobada en 2017, y que contraria a la anterior Ley 1008 autoriza ampliar la plantación del arbusto de 12.000 a 22.000 hectáreas.
“Una tarea inmediata es el análisis entre el Estado y los actores sociales para definir los límites de la producción de coca”, indicó ayer la presidenta Añez.
La autoridad añadió que no se conoce de forma científica a cuánto corresponde la demanda del consumo legal de la coca en el país, pero señaló que “queda claro” que el 90% de la coca del Chapare (el bastión del MAS y del expresidente Evo Morales) se destina al narcotráfico.
La Ley 906, promulgada por Evo Morales, se entregó como un obsequio en el Chapare, ya que ésta ampliaba de cero a 7.700 hectáreas el cultivo legal en esta región. Los cocaleros de los Yungas de La Paz, que lucharon ferozmente contra el MAS, se opusieron a dicha norma, ya que su región se veía duramente afectada.
Los antecedentes
Brasil Integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) fueron identificados en atracos en Santa Cruz, Beni y Pando. Miembros del PCC, por ejemplo, participaron en el asalto a la Joyería Eurochronos, en abril de 2017.
FARC En noviembre del 2019, durante los conflictos postelectorales, se identificó a un guerrillero de las FARC en territorio boliviano que había participado en los enfrentamientos. Se trataba del argentino Facundo Morales.
México Existen reportes de vínculos entre el Cártel de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán, con Bolivia. El hijo del narcotraficante estuvo en Santa Cruz (2011) y tenía acceso a la Asamblea Legislativa (2016).
