La Fiscalía de Brasil denunció al periodista Glenn Greenwald por delito cibernético en la investigación contra Sergio Moro

El reportero estadounidense fue el responsable de publicar en ‘The Intercept’ una serie de artículos basados en mensajes filtrados, que pusieron en duda la actuación del ministro de Justicia durante el Lava Jato

Infobae
La Fiscalía de Brasil denunció este martes a siete personas, entre ellas el periodista estadounidense Glenn Greenwald, por varios delitos cibernéticos relacionados con la filtración de información obtenida en los teléfonos móviles de diversas autoridades del país.


Aunque la Policía Federal no presentó cargos contra Greenwald, la Fiscalía decidió denunciar al periodista al considerar que “auxilió, incentivó y orientó” a los hackers que filtraron las informaciones de diversas autoridades, entre ellas la del ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, según explicó la propia institución en un comunicado.

"Son apuntadas la práctica de organización criminal, lavado de dinero, así como las interceptaciones telefónicas llevadas a cabo por los investigados", subrayó la Fiscalía.

El pasado diciembre, la Policía Federal presentó cargos contra seis sospechosos de piratear los teléfonos móviles de varias autoridades, entre ellas Moro y algunos fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato.

El portal The Intercept Brasil, dirigido por Greenwald, publicó entonces una serie de reportajes basados en esos mensajes filtrados, que puso en duda la actuación de Moro cuando todavía ejercía como juez en primera instancia de la Lava Jato.

Ante el escándalo, el magistrado de la Suprema Corte, Gilmar Mendes, determinó que el periodista, casado con un diputado brasileño y a quien el ex analista de la CIA Edward Snowden reveló los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en 2013, no fuera investigado por la invasión de los dispositivos.

Sin embargo, la Fiscalía alegó que, durante las investigaciones, fue encontrado un audio de un diálogo entre Greenwald y uno de los hackers, en el que el periodista habría “orientado” al grupo delictivo.

Greenwald señaló que la denuncia “es un intento obvio de atacar la prensa libre en represalia por las revelaciones que relatamos sobre el ministro Moro y el Gobierno Bolsonaro”, según un comunicado al que tuvo acceso el diario Folha de Sao Paulo.

“Es también un ataque directo al Supremo, que determinó que tenemos el derecho de tener nuestra libertad de prensa protegida”, señaló

Y agregó: “No seremos intimidados por esos intentos tiránicos de silenciar a los periodistas. Estoy trabajando ahora con nuevos informes y continuaré a hacer mi trabajo periodístico”

En un comunicado firmado por The Intercept y publicado el martes, aclara que “no es posible establecer vinculación moral ni material entre los crímenes investigados y el periodista”, y aseguran que interpretan que se trata de una forma de intentar “criminalizar” a todo el periodismo brasileño.

A través de su cuenta de Twitter, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se solidarizó con el periodista por la acusación de la fiscalía: Solidaridad con el periodista Glenn Greenwald, víctima evidente de una situación de abuso de autoridad contra la libertad de prensa y la democracia.

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional también se expresó sobre la denuncia contra el periodista: “(...) es profundamente grave y representa una escalada que amenaza la libertad de expresión en Brasil”.

En la denuncia remitida a la Justicia, el fiscal Wellington Divino de Oliveira señaló que los diálogos demuestran que Greenwald “fue más allá” de su “deber periodístico” de “desnudar las entrañas de las tramas de poder y corrupción”.

Glenn Greenwald, según el fiscal, "indicó acciones para dificultar las investigaciones y reducir la posibilidad de responsabilidad penal".

La Fiscalía informó que “fueron comprobadas” 126 interceptaciones telefónicas, telemáticas o de informática y 176 invasiones de dispositivos informáticos.

De acuerdo a las autoridades, las actividades ilícitas del grupo, que incluían estafa, fraudes bancarios y piratería informática, entre otros tipos de delitos cibernéticos, podrían haber afectado a unas 1.000 personas.

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