Hay 13 indígenas que asaltaron un batallón recluidos en la Dirección de Inteligencia de Venezuela: les impiden bañarse, alimentarse y cambiarse la ropa
Los represores le llaman "período de acostumbramiento”. Permanecen detenidos en los sótanos del edificio, acusados del robo de armas de un cuartel militar junto a varios militares activos y retirados
Sebastiana Barráez
Infobae
Del asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla Padrón” ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, y en el 5102 puesto policial de Escamoto, quedaron varios militares activos y retirados, así como trece indígenas de la etnia pemón detenidos. Además, órdenes de captura contra el autor intelectual del asalto al cuartel alias Toñito, dos ex alcaldes de la Gran Sabana y dos capitanes indígenas.
Los más vulnerables son los trece indígenas que permanecen detenidos en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a quienes no les han permitido bañarse, que hasta el día miércoles no habían podido cambiarse de ropa, que no les habían dado alimentos.
“Sus ropas están podridas. Ellos están tirados en el piso. Encerrados en celdas pequeñitas”, confiesa una fuente a Infobae.
Los tribunales, los jueces, los fiscales y los defensores públicos están olvidando que los indígenas tienen una condición especialísima que les permite, entre otras cosas, ser juzgados por sus jueces naturales, es decir la de los indígenas.
A los pemones detenidos les aplicaron la medida del “Acostumbramiento”, que es como llaman los cuerpos represivos a la incomunicación de los detenidos por 30 a 45 días, sin permitirles que los vean abogados ni familiares; es una medida que ha permitido que a los detenidos por sospechas de conspiración los torturen brutalmente sin que haya mayores evidencias cuando la familia por fin logra verlos.
En una de las órdenes de presentación por el caso del asalto al batallón 513, aparecen tres militares y 14 civiles; los oficiales son el Teniente coronel Edgar Omar Valdez Ramírez, comandante del batallón asaltado, el Primer teniente Axel Caldera Yépez y el Teniente Miguel Ángel Reyes Mendoza.
Los civiles serían los indígenas de la etnia pemón: Oscar Albenis Pérez González, Amílcar José Pérez Pérez, Carlos Alfredo Fernández Bailón, Carlos Cesar García Duran, Yori Agustín Rondón Pérez, Fancencio Mejías Fernández, Lisandro González Delgado, Frederick Lowuis Fernández Romero y Julio Leomal Delgado Sosa.
El 26 de diciembre, en la sede de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, se constituyó el Tribunal Militar 17 de Control para la audiencia de presentación de los tres militares y los pemones. El Fiscal Militar Superior de la Región de Defensa Integral de Guayana, coronel Cesar Enrique Milano Montoya le solicitó al Juez Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar, mayor Cristian Josué Rivas Lanz que los militares y los indígenas permanecieran detenidos.
No hubo abogados privados, sino que como ya también es usual en la justicia militar, les impusieron defensores públicos, que en este caso fueron: T/N. Sourelis Bonalde García y el primer teniente Cesar Augusto Delgado Perich.
Operación Aurora
El asalto a la instalación militar ocurrió el 22 de diciembre, cuando unos 12 hombres, la mayoría pemones, al mando del teniente Hidalgo Azuaje, tomaron el 513 Batallón de Selva, llevándose 112 fusiles y municiones, en un camión 350 tritón y en una camioneta Hilux.
Se llevaron secuestrados al comandante de la Unidad y a los dos oficiales subalternos. Más adelante asaltaron el puesto policial de Escamoto en San Francisco de Yuruaní, llevándose ocho pistolas 9 milímetros y cinco escopetas.
Poco después hubo el problema del Sargento Balaguera en la alcabala San Ignacio, donde resultó herido, mientras quienes lo acompañaban y estaban en el camión 350 huyeron del lugar, más adelante abandonaron el camión con 82 fusiles, 60 granadas y seis cajas de municiones, y se metieron por las trochas hacia territorio brasilero.
Es así como parte del material de guerra, es decir la mayoría de los fusiles, fueron recuperados en la entrada a la población de Paraitepuy de Roraima, donde había sido abandonado el camión.
El Teniente coronel Edgar Omar Valdez Ramírez, jefe de la Unidad asaltada, fue detenido luego de que el general de brigada que funge como jefe de la 51 Brigada de Infantería lo llama por teléfono, luego de que se supo lo ocurrido en Escamoto. Valdez le respondió: “Aquí no hay novedad, no ha pasado nada irregular”. El general no le creyó y puso el alerta a todas las unidades de la zona, a la vez que salió de inmediato desde la población de Guasipati hasta el Batallón en Luepa.
El teniente
Aunque la Operación Aurora tuvo como autor intelectual a Andrés Antonio Fernández Soto, alias Toñito, quien pretendía obtener armas para recuperar su mina de oro, los actores militares principales fueron el teniente Josué Abraham Hidalgo Azuaje y el Sargento Mayor 3 (SM3) Darwin Balaguera Rivas, quien resultó herido y fue capturado por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Hidalgo Azuaje es un primer teniente del Ejército, egresado en la promoción 2012 y que permaneció en la institución armada hasta el 24 de febrero de 2018, cuando fue dado de baja siete meses después de haber ascendido. Después del asalto al batallón, él logró huir a territorio brasileño, donde está tramitando el asilo político.
El sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana, Darwin Balaguera Rivas, estuvo adscrito al destacamento de ese componente de las fuerzas armadas en San Antonio del Táchira hasta el 23 de febrero de 2019, cuando pasó a Colombia en apoyo a Juan Guaidó en el marco de la Ayuda Humanitaria.
El 22 de diciembre 2019, el teniente Hidalgo Azuaje y el SM3 Balaguera Rivas ejecutaron, junto con varios pemones, el asalto al Batallón llevándose consigo más de un centenar de fusiles. Después de haber sido capturado por haber sido herido Balaguera dijo que la llamada Operación Aurora fue coordinada con alias Toñito, quien los financió y reclutó.
La cancillería venezolana pretende que cinco militares venezolanos que fueron capturados, en una reserva indígena de su país, por las autoridades de Brasil, específicamente en la región de la Tierra Indígena de San Marcos, en el nordeste del estado de Roraima, sean entregados a Venezuela, lo que se le hace muy difícil al Gobierno de Bolsonaro, porque nadie le garantiza la vida y mucho menos los derechos a esos militares. El trato que les dan a los militares que no están de acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro ha sido brutal. Por una parte por los procesos amañados en los tribunales militares y, por otra, por las torturas que han sufrido militares en lugares como la DGCIM y el SEBIN.
El funcionario Jorge Arreaza anunció un comunicado, diciendo que “Venezuela informa que ha iniciado los trámites diplomáticos para la entrega de cinco desertores del ejército venezolano responsables del asalto armado al 513 Batallón de infantería de la Gran Sabana, capturados por las fuerzas de seguridad pública de Brasil”.
El Tribunal Militar de Control ordeno la detención de Andrés Antonio Fernánndez Soto alias Toñito, del ex alcalde Emilio González de la Gran Sabana Emilio González, de Juvencio Gómez Suárez capitán indígena de la comunidad de Kumaracapay y Jorge Valentín Gómez Fernández, capitán indígena del sector IV. Los cuerpos de seguridad los buscan activamente.
Infobae
Del asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla Padrón” ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, y en el 5102 puesto policial de Escamoto, quedaron varios militares activos y retirados, así como trece indígenas de la etnia pemón detenidos. Además, órdenes de captura contra el autor intelectual del asalto al cuartel alias Toñito, dos ex alcaldes de la Gran Sabana y dos capitanes indígenas.
Los más vulnerables son los trece indígenas que permanecen detenidos en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a quienes no les han permitido bañarse, que hasta el día miércoles no habían podido cambiarse de ropa, que no les habían dado alimentos.
“Sus ropas están podridas. Ellos están tirados en el piso. Encerrados en celdas pequeñitas”, confiesa una fuente a Infobae.
Los tribunales, los jueces, los fiscales y los defensores públicos están olvidando que los indígenas tienen una condición especialísima que les permite, entre otras cosas, ser juzgados por sus jueces naturales, es decir la de los indígenas.
A los pemones detenidos les aplicaron la medida del “Acostumbramiento”, que es como llaman los cuerpos represivos a la incomunicación de los detenidos por 30 a 45 días, sin permitirles que los vean abogados ni familiares; es una medida que ha permitido que a los detenidos por sospechas de conspiración los torturen brutalmente sin que haya mayores evidencias cuando la familia por fin logra verlos.
En una de las órdenes de presentación por el caso del asalto al batallón 513, aparecen tres militares y 14 civiles; los oficiales son el Teniente coronel Edgar Omar Valdez Ramírez, comandante del batallón asaltado, el Primer teniente Axel Caldera Yépez y el Teniente Miguel Ángel Reyes Mendoza.
Los civiles serían los indígenas de la etnia pemón: Oscar Albenis Pérez González, Amílcar José Pérez Pérez, Carlos Alfredo Fernández Bailón, Carlos Cesar García Duran, Yori Agustín Rondón Pérez, Fancencio Mejías Fernández, Lisandro González Delgado, Frederick Lowuis Fernández Romero y Julio Leomal Delgado Sosa.
El 26 de diciembre, en la sede de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, se constituyó el Tribunal Militar 17 de Control para la audiencia de presentación de los tres militares y los pemones. El Fiscal Militar Superior de la Región de Defensa Integral de Guayana, coronel Cesar Enrique Milano Montoya le solicitó al Juez Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar, mayor Cristian Josué Rivas Lanz que los militares y los indígenas permanecieran detenidos.
No hubo abogados privados, sino que como ya también es usual en la justicia militar, les impusieron defensores públicos, que en este caso fueron: T/N. Sourelis Bonalde García y el primer teniente Cesar Augusto Delgado Perich.
Operación Aurora
El asalto a la instalación militar ocurrió el 22 de diciembre, cuando unos 12 hombres, la mayoría pemones, al mando del teniente Hidalgo Azuaje, tomaron el 513 Batallón de Selva, llevándose 112 fusiles y municiones, en un camión 350 tritón y en una camioneta Hilux.
Se llevaron secuestrados al comandante de la Unidad y a los dos oficiales subalternos. Más adelante asaltaron el puesto policial de Escamoto en San Francisco de Yuruaní, llevándose ocho pistolas 9 milímetros y cinco escopetas.
Poco después hubo el problema del Sargento Balaguera en la alcabala San Ignacio, donde resultó herido, mientras quienes lo acompañaban y estaban en el camión 350 huyeron del lugar, más adelante abandonaron el camión con 82 fusiles, 60 granadas y seis cajas de municiones, y se metieron por las trochas hacia territorio brasilero.
Es así como parte del material de guerra, es decir la mayoría de los fusiles, fueron recuperados en la entrada a la población de Paraitepuy de Roraima, donde había sido abandonado el camión.
El Teniente coronel Edgar Omar Valdez Ramírez, jefe de la Unidad asaltada, fue detenido luego de que el general de brigada que funge como jefe de la 51 Brigada de Infantería lo llama por teléfono, luego de que se supo lo ocurrido en Escamoto. Valdez le respondió: “Aquí no hay novedad, no ha pasado nada irregular”. El general no le creyó y puso el alerta a todas las unidades de la zona, a la vez que salió de inmediato desde la población de Guasipati hasta el Batallón en Luepa.
El teniente
Aunque la Operación Aurora tuvo como autor intelectual a Andrés Antonio Fernández Soto, alias Toñito, quien pretendía obtener armas para recuperar su mina de oro, los actores militares principales fueron el teniente Josué Abraham Hidalgo Azuaje y el Sargento Mayor 3 (SM3) Darwin Balaguera Rivas, quien resultó herido y fue capturado por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Hidalgo Azuaje es un primer teniente del Ejército, egresado en la promoción 2012 y que permaneció en la institución armada hasta el 24 de febrero de 2018, cuando fue dado de baja siete meses después de haber ascendido. Después del asalto al batallón, él logró huir a territorio brasileño, donde está tramitando el asilo político.
El sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana, Darwin Balaguera Rivas, estuvo adscrito al destacamento de ese componente de las fuerzas armadas en San Antonio del Táchira hasta el 23 de febrero de 2019, cuando pasó a Colombia en apoyo a Juan Guaidó en el marco de la Ayuda Humanitaria.
El 22 de diciembre 2019, el teniente Hidalgo Azuaje y el SM3 Balaguera Rivas ejecutaron, junto con varios pemones, el asalto al Batallón llevándose consigo más de un centenar de fusiles. Después de haber sido capturado por haber sido herido Balaguera dijo que la llamada Operación Aurora fue coordinada con alias Toñito, quien los financió y reclutó.
La cancillería venezolana pretende que cinco militares venezolanos que fueron capturados, en una reserva indígena de su país, por las autoridades de Brasil, específicamente en la región de la Tierra Indígena de San Marcos, en el nordeste del estado de Roraima, sean entregados a Venezuela, lo que se le hace muy difícil al Gobierno de Bolsonaro, porque nadie le garantiza la vida y mucho menos los derechos a esos militares. El trato que les dan a los militares que no están de acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro ha sido brutal. Por una parte por los procesos amañados en los tribunales militares y, por otra, por las torturas que han sufrido militares en lugares como la DGCIM y el SEBIN.
El funcionario Jorge Arreaza anunció un comunicado, diciendo que “Venezuela informa que ha iniciado los trámites diplomáticos para la entrega de cinco desertores del ejército venezolano responsables del asalto armado al 513 Batallón de infantería de la Gran Sabana, capturados por las fuerzas de seguridad pública de Brasil”.
El Tribunal Militar de Control ordeno la detención de Andrés Antonio Fernánndez Soto alias Toñito, del ex alcalde Emilio González de la Gran Sabana Emilio González, de Juvencio Gómez Suárez capitán indígena de la comunidad de Kumaracapay y Jorge Valentín Gómez Fernández, capitán indígena del sector IV. Los cuerpos de seguridad los buscan activamente.
