El golpe de Maduro al Parlamento busca revivir la colapsada industria petrolera de Venezuela
La dictadura intentó imponer a Luis Parra al frente de la Asamblea Nacional para garantizar la aprobación de contratos con Moscú y Beijing
Infobae
Desde 2015, cuando la oposición al chavismo logró una arrolladora victoria en las elecciones legislativas, que Nicolás Maduro tenía una idea fija, cerrar el Parlamento. De hecho, intentó de todo: lo declaró en desacato, quiso traspasar las competencias legislativas a la Corte Suprema adicta, instaló un Congreso paralelo -la Asamblea Nacional Constituyente que lidera el buscado por narcotráfico Diosdado Cabello- y persiguió a cada uno de los diputados y sus suplentes encarcelándolos, torturándolos u obligándolos al exilio, con tal de quitarles el quórum…
Pero algo cambió a fines de 2019. El plan dejó de enfocarse en anular la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó -que, por cierto, es reconocido como el único poder democrático legítimo en Venezuela por más de 50 países del mundo-, y estableció un nuevo objetivo, un mandato ruso: recuperar el Parlamento.
Detrás del golpe a la Asamblea, del uso de la fuerza para impedir que Guaidó y 100 diputados ingresaran al Parlamento el 5 de enero pasado para renovar autoridades, hay un intento de la dictadura de asegurar su supervivencia a largo plazo atrayendo inversionistas rusos y chinos para revivir la colapsada producción de crudo del país.
El cerebro de la maniobra no fue Nicolás Maduro, sino el Kremlin. Es que el gobierno de Putin exige seguridad jurídica para extender su respaldo al chavismo. Además de Moscú, China, India y Turquía discuten con el régimen cómo aprovechar los activos energéticos y mineros baratos, pero también piden garantías.
El Parlamento, de hecho, es el único organismo gubernamental legalmente capaz de aprobar acuerdos de licencias petroleras en Venezuela. El intento de Maduro, que por burdo fue repudiado hasta por sus aliados México, Argentina y España, fue parte de una estrategia para redactar una ley que diera a las compañías extranjeras el poder legal de dirigir las operaciones diarias de los proyectos petroleros en Venezuela.
El 31 de diciembre pasado, en entrevista con Bloomberg, el viceministro de finanzas ruso Sergey Storchak, que dirige un equipo de 12 personas centrado en Venezuela, ya hablaba de la necesidad del régimen de Maduro de recuperar el control del Parlamento para continuar con el respaldo del Kremlin.
Según explicó, los esfuerzos rusos para “ayudar a aliviar” la crisis venezolana no habían tenido éxito porque los funcionarios de Caracas se mostraban “reacios” a implementar cambios sin el apoyo de la legislatura encabezada por Guaidó. “Creo que la situación comenzará a cambiar a mediados de enero", decía Storchak, ya conociendo los planes del chavismo por imponer presidente propio en el Parlamento.
Si bien recalcaba la amistad con el régimen de Maduro, Storchak no ocultaba en esa entrevista los intereses de Rusia en el salvataje. “Ayudar a impulsar la economía venezolana es ayudarnos a nosotros mismos”, decía al tiempo que recordaba que Venezuela le debe a Moscú más de 3.150 millones de dólares.
Así, los pragmáticos planes de Putin se transformaron en la única esperanza del régimen, que hundió al país en la peor de las crisis económicas y expulsó a 4,5 millones de venezolanos. Años de corrupción y mala administración llevaron a la producción de petróleo a 700.000 barriles diarios, cuando en 2006 producía más de 3,2 millones. Esto ha exacerbado la crisis humanitaria en un país que ha visto la economía contraerse en un 60% desde que Maduro llegó al poder en 2013.
Con las exigencias rusas sobre la mesa, el régimen puso manos a la obra y en septiembre pasado negoció con un grupo de diputados opositores de minoría el retorno de los legisladores del PSUV al hemiciclo. Los parlamentarios aparecieron en la primera sesión tras el pacto y después poco se los vio… Es que el régimen no tenía ninguna intención de debatir los proyectos de Guaidó sino que pensaba como el ministro ruso, en el 5 de enero.
El círculo abierto en septiembre se cerró en enero de este año: Maduro intentó instalar al diputado Luis Parra -acusado de corrupción- como nuevo presidente del Congreso sin votos ni quórum. Montó un show para desplazar a Guaidó, solo que fue tan burdo que ni sus aliados internacionales terminaron apoyándolo… Salvo Rusia, que sí reconoció a Parra. “Consideramos que la elección del nuevo liderazgo del Parlamento es el resultado de un procedimiento democrático legítimo conducente al regreso del esfuerzo político venezolano al campo constitucional”, afirmó el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.
Ángel Alvarado, diputado de la Comisión de Finanzas del Congreso, denunció las intenciones de Maduro y aseguró que pretende que los legisladores otorguen validez legal a las nuevas inversiones de compañías petroleras de países aliados, como Rusia. “Los ajustes a los contratos petroleros forman parte de un esquema en el que los inversionistas intercambiarían bonos impagos de Venezuela por participaciones en nuestros campos y cobrarían las deudas con producción petrolera”, señaló el opositor.
Las modificaciones en las estructuras de los contratos requieren por ley el aval del Parlamento. “Parra está puesto allí para tratar de refrendar esos acuerdos petroleros”, señaló en la misma línea otro diputado, José Guerra. “Parra no llega allí solo. Llega allí empujado para esas aprobaciones”, acusó.
“Estos acuerdos necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional, y es por eso que el reconocimiento ruso de Parra es sospechoso”, insiste Alvarado, quien agregó que “el interés de Moscú es ganar porcentajes de participación en los campos petroleros”.
Para Rusia, un Parlamento “amigo” le ofrecería seguridad jurídica sobre sus inversiones petroleras en caso de que el régimen colapse. Desesperado por mantenerse en el poder, Maduro está dispuesto a traicionar los principios de su mentor, Hugo Chávez, y entregar los recursos petroleros venezolanos a las potencias extranjeras.
“En tiempos de sanciones internacionales y estrechez económica de una industria petrolera venida a menos, el auxilio financiero exterior se ha convertido en una necesidad urgente. Las cuentas nacionales ya no aguantan y las reservas están siendo aceleradamente consumidas”, explica el periodista venezolano Víctor Amaya.
Rusia es la única nación que ha respaldado a Parra. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos reconocen a Guaidó como jefe del Parlamento.
Eso ha llevado a los opositores a la dictadura a creer que Rusia, cuya compañía petrolera estatal Rosneft es uno de los mayores inversores en el sector petrolero de Venezuela, podría ser uno de los beneficiarios de los nuevos acuerdos.
Si Parra no prospera como presidente del Parlamento, Maduro ya tiene un plan b: adelantar las elecciones legislativas previstas por ley para diciembre de este 2020. Pero Moscú no quiere llegar a eso, sabe que se produciría una nueva oleada de repudio internacional.
Desde 2015, cuando la oposición al chavismo logró una arrolladora victoria en las elecciones legislativas, que Nicolás Maduro tenía una idea fija, cerrar el Parlamento. De hecho, intentó de todo: lo declaró en desacato, quiso traspasar las competencias legislativas a la Corte Suprema adicta, instaló un Congreso paralelo -la Asamblea Nacional Constituyente que lidera el buscado por narcotráfico Diosdado Cabello- y persiguió a cada uno de los diputados y sus suplentes encarcelándolos, torturándolos u obligándolos al exilio, con tal de quitarles el quórum…
Pero algo cambió a fines de 2019. El plan dejó de enfocarse en anular la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó -que, por cierto, es reconocido como el único poder democrático legítimo en Venezuela por más de 50 países del mundo-, y estableció un nuevo objetivo, un mandato ruso: recuperar el Parlamento.
Detrás del golpe a la Asamblea, del uso de la fuerza para impedir que Guaidó y 100 diputados ingresaran al Parlamento el 5 de enero pasado para renovar autoridades, hay un intento de la dictadura de asegurar su supervivencia a largo plazo atrayendo inversionistas rusos y chinos para revivir la colapsada producción de crudo del país.
El cerebro de la maniobra no fue Nicolás Maduro, sino el Kremlin. Es que el gobierno de Putin exige seguridad jurídica para extender su respaldo al chavismo. Además de Moscú, China, India y Turquía discuten con el régimen cómo aprovechar los activos energéticos y mineros baratos, pero también piden garantías.
El Parlamento, de hecho, es el único organismo gubernamental legalmente capaz de aprobar acuerdos de licencias petroleras en Venezuela. El intento de Maduro, que por burdo fue repudiado hasta por sus aliados México, Argentina y España, fue parte de una estrategia para redactar una ley que diera a las compañías extranjeras el poder legal de dirigir las operaciones diarias de los proyectos petroleros en Venezuela.
El 31 de diciembre pasado, en entrevista con Bloomberg, el viceministro de finanzas ruso Sergey Storchak, que dirige un equipo de 12 personas centrado en Venezuela, ya hablaba de la necesidad del régimen de Maduro de recuperar el control del Parlamento para continuar con el respaldo del Kremlin.
Según explicó, los esfuerzos rusos para “ayudar a aliviar” la crisis venezolana no habían tenido éxito porque los funcionarios de Caracas se mostraban “reacios” a implementar cambios sin el apoyo de la legislatura encabezada por Guaidó. “Creo que la situación comenzará a cambiar a mediados de enero", decía Storchak, ya conociendo los planes del chavismo por imponer presidente propio en el Parlamento.
Si bien recalcaba la amistad con el régimen de Maduro, Storchak no ocultaba en esa entrevista los intereses de Rusia en el salvataje. “Ayudar a impulsar la economía venezolana es ayudarnos a nosotros mismos”, decía al tiempo que recordaba que Venezuela le debe a Moscú más de 3.150 millones de dólares.
Así, los pragmáticos planes de Putin se transformaron en la única esperanza del régimen, que hundió al país en la peor de las crisis económicas y expulsó a 4,5 millones de venezolanos. Años de corrupción y mala administración llevaron a la producción de petróleo a 700.000 barriles diarios, cuando en 2006 producía más de 3,2 millones. Esto ha exacerbado la crisis humanitaria en un país que ha visto la economía contraerse en un 60% desde que Maduro llegó al poder en 2013.
Con las exigencias rusas sobre la mesa, el régimen puso manos a la obra y en septiembre pasado negoció con un grupo de diputados opositores de minoría el retorno de los legisladores del PSUV al hemiciclo. Los parlamentarios aparecieron en la primera sesión tras el pacto y después poco se los vio… Es que el régimen no tenía ninguna intención de debatir los proyectos de Guaidó sino que pensaba como el ministro ruso, en el 5 de enero.
El círculo abierto en septiembre se cerró en enero de este año: Maduro intentó instalar al diputado Luis Parra -acusado de corrupción- como nuevo presidente del Congreso sin votos ni quórum. Montó un show para desplazar a Guaidó, solo que fue tan burdo que ni sus aliados internacionales terminaron apoyándolo… Salvo Rusia, que sí reconoció a Parra. “Consideramos que la elección del nuevo liderazgo del Parlamento es el resultado de un procedimiento democrático legítimo conducente al regreso del esfuerzo político venezolano al campo constitucional”, afirmó el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.
Ángel Alvarado, diputado de la Comisión de Finanzas del Congreso, denunció las intenciones de Maduro y aseguró que pretende que los legisladores otorguen validez legal a las nuevas inversiones de compañías petroleras de países aliados, como Rusia. “Los ajustes a los contratos petroleros forman parte de un esquema en el que los inversionistas intercambiarían bonos impagos de Venezuela por participaciones en nuestros campos y cobrarían las deudas con producción petrolera”, señaló el opositor.
Las modificaciones en las estructuras de los contratos requieren por ley el aval del Parlamento. “Parra está puesto allí para tratar de refrendar esos acuerdos petroleros”, señaló en la misma línea otro diputado, José Guerra. “Parra no llega allí solo. Llega allí empujado para esas aprobaciones”, acusó.
“Estos acuerdos necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional, y es por eso que el reconocimiento ruso de Parra es sospechoso”, insiste Alvarado, quien agregó que “el interés de Moscú es ganar porcentajes de participación en los campos petroleros”.
Para Rusia, un Parlamento “amigo” le ofrecería seguridad jurídica sobre sus inversiones petroleras en caso de que el régimen colapse. Desesperado por mantenerse en el poder, Maduro está dispuesto a traicionar los principios de su mentor, Hugo Chávez, y entregar los recursos petroleros venezolanos a las potencias extranjeras.
“En tiempos de sanciones internacionales y estrechez económica de una industria petrolera venida a menos, el auxilio financiero exterior se ha convertido en una necesidad urgente. Las cuentas nacionales ya no aguantan y las reservas están siendo aceleradamente consumidas”, explica el periodista venezolano Víctor Amaya.
Rusia es la única nación que ha respaldado a Parra. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos reconocen a Guaidó como jefe del Parlamento.
Eso ha llevado a los opositores a la dictadura a creer que Rusia, cuya compañía petrolera estatal Rosneft es uno de los mayores inversores en el sector petrolero de Venezuela, podría ser uno de los beneficiarios de los nuevos acuerdos.
Si Parra no prospera como presidente del Parlamento, Maduro ya tiene un plan b: adelantar las elecciones legislativas previstas por ley para diciembre de este 2020. Pero Moscú no quiere llegar a eso, sabe que se produciría una nueva oleada de repudio internacional.
