Gobierno justifica compra de material bélico ante riesgo de "terrorismo"

La autoridad de Defensa aseguró que el material bélico y otros insumos se adquirirán directamente debido a la urgencia y ante la presencia de organizaciones de extranjeros que incitan a la violencia.

Marcelo Blanco / La Paz
El ministro de Defensa, Luis Fernando López, afirmó que la adquisición de material bélico, mediante la promulgación del Decreto Supremo 4116, responde a una decisión de prevenir cualquier amenaza narcoterrorista.


“El país está amenazado, y el boliviano y la boliviana están amenazados permanentemente por gente del exterior armada, por narcoterroristas y por un expresidente (Evo Morales) que permanentemente está incitando al odio y la violencia, el terrorismo y la sedición. Debemos estar preparados para eso”, explicó el ministro a Página Siete.

Aclaró que por el momento no hay una amenaza inminente, “simplemente estamos tomando las previsiones del caso”.

El jueves 12 de diciembre, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 4116, el cual “tiene por objetivo autorizar al Ministerio de Defensa la adquisición, en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado”.

López resaltó ayer que el Gobierno tiene indicios de narcoterrorismo, terrorismo dentro del país y amenazas desde el exterior. “Hay indicios de narcoterrorismo, terrorismo y levantamientos en lugares específicos, más propiamente en el Chapare, en Cochabamba, amenazas en El Alto, amenazas desde el exterior (por parte de) Evo Morales”, afirmó.

El proceso de adquisición de los materiales de defensa es directo, lo que ayer derivó en algunas críticas. Sin embargo, López dijo que se omitió el proceso de licitación “porque necesitamos ese material de la manera más rápida”.


El ministro aseguró que estas organizaciones de narcoterroristas que amenazan a la población son de diferentes nacionalidades. “Hay confirmada información que hay colombianos, argentinos, venezolanos y cubanos armados en el país”.

El decreto supremo no establece ningún monto, pero deja claro que el parágrafo I del artículo 32 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados señala: “El Ministerio de Defensa en función a los requerimientos y necesidades de las Fuerzas Armadas, en casos de peligro y/o amenaza a la seguridad y defensa del Estado, adquirirá de manera directa armas de fuego, municiones, explosivos, material bélico y otros materiales relacionados, de acuerdo a reglamentación”.

La norma promulgada se apoya en los artículos 244 y 246 de la Constitución Política del Estado (CPE), en los cuales refiere que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental defender y conservar la seguridad y estabilidad del Estado, y que están subordinadas a las órdenes de la Presidencia del país para el tema administrativo.

Horas después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, la población vivió días de terror por los ataques de grupos afines al exmandatario que quemaron casas, unidades policiales y sembraron pánico en la gente.

La Policía fue rebasada y las Fuerzas Armadas salieron a las calles para resguardar a la población y restablecer el orden.


La presidenta Jeanine Añez promulgó y luego abrogó un decreto que eximía a los militares de cualquier responsabilidad penal en las acciones que ejecutaron en los días de conflicto.

Otras normas

Ley 1405 La norma dicta que es función del Ministerio de Defensa dirigir y organizar el sistema logístico de los militares en el país, ellos son los únicos que pueden portar armamento de guerra en el Estado. Y por razones de seguridad y defensa nacional, la adquisición de material de uso militar está exento de pagar impuestos o tributos, sean fiscales, aduaneros o municipales.
Ley 400 Señala que el Ministerio de Defensa es el encargado de adquirir armas de fuego, explosivos y otros materiales de uso militar que estén contemplados en el Presupuesto General del país y Programación Operativa Anual, dicho ministerio en función de las necesidades de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro o amenazas a la seguridad y bienestar del Estado boliviano.

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