El Congreso de Chile rechazó la acusación contra el presidente Sebastián Piñera por violaciones a derechos humanos durante las protestas
Con 79 votos a favor y 73 en contra, la Cámara de Diputados determinó que la demanda no cumple con los requisitos que la Constitución señala
Infobae
La Cámara de Diputados de Chile rechazó este jueves la acusación constitucional contra el presidente del país, Sebastián Piñera, que pretendía establecer su responsabilidad política en las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas.
Con 79 votos a favor y 73 en contra, y tras seis horas de debate, la Cámara acogió la llamada "cuestión previa" de acusación constitucional, que establecía que el caso no cumplía con los requisitos que señala la Constitución Política.
Por lo tanto, la causa presentada el pasado 19 de noviembre por diez diputados de la oposición, se entiende como no interpuesta.
Se trataba de la segunda iniciativa de este tipo en la historia de Chile en contra de un presidente en el ejercicio de su cargo, después de la presentada en 1956 contra Carlos Ibáñez del Campo.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, órgano encargado de establecer si da lugar o no a la acusación, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, órgano que resuelve como jurado y que declara si el acusado es o no culpable de aquello que se le imputa.
El caso presentado contra Piñera establecía la responsabilidad por los actos de la Administración que "comprometieron gravemente el honor de la Nación" y por haber "infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al consentir en que las Fuerzas Armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada".
El debate comenzó con la exposición de la defensa del presidente, ejercida por el abogado Juan Domingo Acosta, para seguir con la exposición de los cinco participantes de la Comisión que este miércoles analizó y acabó aprobado por tres votos frente a dos la admisibilidad de la acusación constitucional para que esta llegara al Pleno este jueves.
Finalmente, la cuestión previa argumentada por la parte acusada, que refuta la correspondencia del caso con los requerimientos constitucionales fue aprobada gracias al voto de algunos diputados opositores de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, por lo que no se llegó a votar el fondo de la causa.
La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados chilena se sitúa en los 78 votos, y si bien la oposición cuenta con 83 legisladores frente a los 72 del oficialismo, varios diputados opositores ya se había mostrado con anterioridad contrarios a la acusación contra el presidente.
El pasado 18 de octubre comenzó el estallido social chileno contra el modelo económico neoliberal del país, con manifestaciones pacíficas masivas y eventos de extrema violencia que hasta el momento han dejado al menos 24 muertos y miles de heridos.
Asimismo, sobre los agentes del Estado recaen centenares de denuncias por ejercer represión para contener las protestas y cometer presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas cinco de las muertes que se han dado en este tiempo.
La Cámara de Diputados de Chile rechazó este jueves la acusación constitucional contra el presidente del país, Sebastián Piñera, que pretendía establecer su responsabilidad política en las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas.
Con 79 votos a favor y 73 en contra, y tras seis horas de debate, la Cámara acogió la llamada "cuestión previa" de acusación constitucional, que establecía que el caso no cumplía con los requisitos que señala la Constitución Política.
Por lo tanto, la causa presentada el pasado 19 de noviembre por diez diputados de la oposición, se entiende como no interpuesta.
Se trataba de la segunda iniciativa de este tipo en la historia de Chile en contra de un presidente en el ejercicio de su cargo, después de la presentada en 1956 contra Carlos Ibáñez del Campo.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, órgano encargado de establecer si da lugar o no a la acusación, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, órgano que resuelve como jurado y que declara si el acusado es o no culpable de aquello que se le imputa.
El caso presentado contra Piñera establecía la responsabilidad por los actos de la Administración que "comprometieron gravemente el honor de la Nación" y por haber "infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al consentir en que las Fuerzas Armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada".
El debate comenzó con la exposición de la defensa del presidente, ejercida por el abogado Juan Domingo Acosta, para seguir con la exposición de los cinco participantes de la Comisión que este miércoles analizó y acabó aprobado por tres votos frente a dos la admisibilidad de la acusación constitucional para que esta llegara al Pleno este jueves.
Finalmente, la cuestión previa argumentada por la parte acusada, que refuta la correspondencia del caso con los requerimientos constitucionales fue aprobada gracias al voto de algunos diputados opositores de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, por lo que no se llegó a votar el fondo de la causa.
La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados chilena se sitúa en los 78 votos, y si bien la oposición cuenta con 83 legisladores frente a los 72 del oficialismo, varios diputados opositores ya se había mostrado con anterioridad contrarios a la acusación contra el presidente.
El pasado 18 de octubre comenzó el estallido social chileno contra el modelo económico neoliberal del país, con manifestaciones pacíficas masivas y eventos de extrema violencia que hasta el momento han dejado al menos 24 muertos y miles de heridos.
Asimismo, sobre los agentes del Estado recaen centenares de denuncias por ejercer represión para contener las protestas y cometer presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas cinco de las muertes que se han dado en este tiempo.
