Bolivia no logra cerrar las heridas de su crisis política
Las familias de las 29 víctimas de represión rechazan una oferta de indemnización de 7.000 dólares de la presidenta interina Jeanine Áñez
Fernando Molina
La Paz, El País
Bolivia se encamina a unas nuevas elecciones y comienza un nuevo ciclo político, pero tiene dificultades para cerrar las heridas producidas por la crisis política de los últimos dos meses. La presidenta interina, Jeanine Áñez, aprobó un decreto para indemnizar con algo más de 7.000 dólares a cada una de las 29 familias que, según reconoce su Gobierno, perdieron a alguno de sus miembros a causa de la violencia que sufrió el país después de la renuncia del expresidente Evo Morales, el pasado 10 de noviembre. Las víctimas han rechazado este beneficio porque su aceptación les hubiera impedido demandar al Ejecutivo de Áñez ante tribunales internacionales y porque quieren una pensión vitalicia, inclusive para quienes resultaron heridos, según alegan, por las fuerzas militares.
El Gobierno, que insiste en compensar a las familias una sola vez, no acepta que los 29 muertos y las decenas de heridos de bala que se registraron hayan sido causados por los efectivos de las Fuerzas Armadas. La investigación de la Fiscalía sobre el asunto no ha mostrado ningún avance. El relator para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, pidió una investigación externa de lo sucedido, porque no existen condiciones para que las instituciones bolivianas cumplan su papel con imparcialidad.
Simultáneamente, el grupo parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS), que es mayoritario, está tramitando una “ley de garantías” que debería obligar al Gobierno a entregar indemnizaciones a deudos y a heridos, a ofrecer salvoconductos de salida a los exministros de la Administración anterior que se encuentran en la Embajada de México en La Paz y a enjuiciar a Morales por medio de los procedimientos especiales reservados para los exdignatarios. Áñez ha llamado “ley de la impunidad” a la iniciativa y ha anticipado que la vetará. Según la legislación boliviana, el veto del Ejecutivo devuelve la ley al Parlamento, pero no impide que el Congreso, si lo considera necesario, pueda promulgarlo por su cuenta. Ante esa posibilidad, el gabinete planea acudir al Tribunal Constitucional, que está alineado con el nuevo orden, para que declare la ley como inconstitucional, pese a que, según algunos voceros oficialistas, la medida solo repite las garantías ya concedidas por la Constitución y, por tanto, es “innecesaria”.
El Gobierno de Áñez piensa que Morales cometió los delitos de “terrorismo y sedición” al organizar un bloqueo de caminos que buscaba impedir que entraran alimentos a las ciudades. Las autoridades creen que, puesto que hizo esto después de haber renunciado a su investidura, no le corresponden los privilegios legales que benefician a los presidentes cuando se los procesa por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Al mismo tiempo, la prensa oficialista ha anticipado que el Gobierno no entregará salvoconductos de viaje a los exministros masistas que están viviendo en la Embajada de México, con lo que se repetirá lo que la anterior Administración le hizo a un senador opositor asilado en la Embajada del Brasil, que debió quedarse un año encerrado allí para después huir clandestinamente del país.
Los exministros de Morales que se encuentran en esta situación son los de Gobierno, Presidencia, Justicia y Cultura; la mayoría de ellos están procesados por distintas razones. En cambio, el exministro de Economía, Luis Arce, pudo abandonar Bolivia y refugiarse en México. Hasta ese momento, Arce era considerado uno de los posibles candidatos del MAS para las próximas elecciones, en las que no pueden participar ni Morales ni el exvicepresidente Álvaro García Linera.
Otra persona que salió del país fue Sergio Martínez, el asesor del Tribunal Electoral que, se sospecha, realizó el supuesto fraude electoral que desató la crisis boliviana. Martínez escapó a Perú, probablemente rumbo a México, un par de días antes de que la Organización de Estados Americanos presentara su informe final sobre las elecciones del 20 de octubre pasado, en el que se afirma que un “asesor” –posteriormente identificado como Martínez– hizo crear y operó una entrada irregular al sistema informático de cómputo de los votos. Otra persona que se encuentra en la mira por esta misma razón es el dueño de la empresa informática que prestó servicios en los comicios, quien presuntamente habilitó actas que habían sido previamente anuladas, lo que incrementó la votación a favor del MAS. La mayoría de los directivos del Tribunal se encuentran en prisión.
La tramitación de la “ley de garantías” muestra que el MAS comienza a reponerse, aunque con dificultades por la fuerte división entre facciones que buscan un retorno a los orígenes del partido, es decir, a su condición de “instrumento político” de los sindicatos campesinos, y facciones que quieren ajustar cuentas con la capa superior del partido, a la que responsabilizan de la derrota. Sin embargo, los diferentes grupos siguen considerando a Evo su máximo líder.
También los dirigentes de los comités cívicos, responsables de la revuelta contra el expresidente, se han dividido. Luis Fernando Camacho, cívico de Santa Cruz, postulará a la presidencia en las próximas elecciones por separado y sin Marco Pumari, cívico de Potosí, que también aspira al mismo cargo.
La Paz, El País
Bolivia se encamina a unas nuevas elecciones y comienza un nuevo ciclo político, pero tiene dificultades para cerrar las heridas producidas por la crisis política de los últimos dos meses. La presidenta interina, Jeanine Áñez, aprobó un decreto para indemnizar con algo más de 7.000 dólares a cada una de las 29 familias que, según reconoce su Gobierno, perdieron a alguno de sus miembros a causa de la violencia que sufrió el país después de la renuncia del expresidente Evo Morales, el pasado 10 de noviembre. Las víctimas han rechazado este beneficio porque su aceptación les hubiera impedido demandar al Ejecutivo de Áñez ante tribunales internacionales y porque quieren una pensión vitalicia, inclusive para quienes resultaron heridos, según alegan, por las fuerzas militares.
El Gobierno, que insiste en compensar a las familias una sola vez, no acepta que los 29 muertos y las decenas de heridos de bala que se registraron hayan sido causados por los efectivos de las Fuerzas Armadas. La investigación de la Fiscalía sobre el asunto no ha mostrado ningún avance. El relator para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, pidió una investigación externa de lo sucedido, porque no existen condiciones para que las instituciones bolivianas cumplan su papel con imparcialidad.
Simultáneamente, el grupo parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS), que es mayoritario, está tramitando una “ley de garantías” que debería obligar al Gobierno a entregar indemnizaciones a deudos y a heridos, a ofrecer salvoconductos de salida a los exministros de la Administración anterior que se encuentran en la Embajada de México en La Paz y a enjuiciar a Morales por medio de los procedimientos especiales reservados para los exdignatarios. Áñez ha llamado “ley de la impunidad” a la iniciativa y ha anticipado que la vetará. Según la legislación boliviana, el veto del Ejecutivo devuelve la ley al Parlamento, pero no impide que el Congreso, si lo considera necesario, pueda promulgarlo por su cuenta. Ante esa posibilidad, el gabinete planea acudir al Tribunal Constitucional, que está alineado con el nuevo orden, para que declare la ley como inconstitucional, pese a que, según algunos voceros oficialistas, la medida solo repite las garantías ya concedidas por la Constitución y, por tanto, es “innecesaria”.
El Gobierno de Áñez piensa que Morales cometió los delitos de “terrorismo y sedición” al organizar un bloqueo de caminos que buscaba impedir que entraran alimentos a las ciudades. Las autoridades creen que, puesto que hizo esto después de haber renunciado a su investidura, no le corresponden los privilegios legales que benefician a los presidentes cuando se los procesa por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Al mismo tiempo, la prensa oficialista ha anticipado que el Gobierno no entregará salvoconductos de viaje a los exministros masistas que están viviendo en la Embajada de México, con lo que se repetirá lo que la anterior Administración le hizo a un senador opositor asilado en la Embajada del Brasil, que debió quedarse un año encerrado allí para después huir clandestinamente del país.
Los exministros de Morales que se encuentran en esta situación son los de Gobierno, Presidencia, Justicia y Cultura; la mayoría de ellos están procesados por distintas razones. En cambio, el exministro de Economía, Luis Arce, pudo abandonar Bolivia y refugiarse en México. Hasta ese momento, Arce era considerado uno de los posibles candidatos del MAS para las próximas elecciones, en las que no pueden participar ni Morales ni el exvicepresidente Álvaro García Linera.
Otra persona que salió del país fue Sergio Martínez, el asesor del Tribunal Electoral que, se sospecha, realizó el supuesto fraude electoral que desató la crisis boliviana. Martínez escapó a Perú, probablemente rumbo a México, un par de días antes de que la Organización de Estados Americanos presentara su informe final sobre las elecciones del 20 de octubre pasado, en el que se afirma que un “asesor” –posteriormente identificado como Martínez– hizo crear y operó una entrada irregular al sistema informático de cómputo de los votos. Otra persona que se encuentra en la mira por esta misma razón es el dueño de la empresa informática que prestó servicios en los comicios, quien presuntamente habilitó actas que habían sido previamente anuladas, lo que incrementó la votación a favor del MAS. La mayoría de los directivos del Tribunal se encuentran en prisión.
La tramitación de la “ley de garantías” muestra que el MAS comienza a reponerse, aunque con dificultades por la fuerte división entre facciones que buscan un retorno a los orígenes del partido, es decir, a su condición de “instrumento político” de los sindicatos campesinos, y facciones que quieren ajustar cuentas con la capa superior del partido, a la que responsabilizan de la derrota. Sin embargo, los diferentes grupos siguen considerando a Evo su máximo líder.
También los dirigentes de los comités cívicos, responsables de la revuelta contra el expresidente, se han dividido. Luis Fernando Camacho, cívico de Santa Cruz, postulará a la presidencia en las próximas elecciones por separado y sin Marco Pumari, cívico de Potosí, que también aspira al mismo cargo.
