Funcionarios de entidades públicas denuncian los atropellos que sufrieron del MAS
Cobros, filiación al partido de Evo, obligación de ir a marchas bajo lista y sanción son algunas de las irregularidades denunciadas.
Página Siete Digital / La Paz
Los funcionarios de seis instituciones del Estado se rebelaron y denunciaron los atropellos que sufrieron de sus jefes, todos ellos militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora exigen la salida de esas autoridades, que los obligaron a marchar en las proclamaciones e inscribirse como militantes del partido de Evo Morales.
Entre las instituciones públicas cuyos dependientes presentaron denuncias están la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Banco Unión, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB Refinación, Boliviana de Aviación (BOA) y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).
En este último caso, los empleados manifestaron que fueron maltratados y obligados a asistir a marchas y convocatorias del anterior régimen masista."Hemos sido obligados por el ingeniero Marcel Humberto Claure, el interventor, y Carol Omonte, ejecutiva del Sindicato Único de Trabajadores Sutas, a afiliarnos como militantes del MAS, siendo amenazados con ser despedidos de nuestras fuentes laborales en caso de no presentar las respectivas credenciales", revelaron.
Asimismo afirmaron que constantemente sufrieron "amedrentamientos y hostigaciones" de parte de la directora de Comunicación, Hélen Díaz Bernal, para ir a marchar en apoyo al dirigente Jesús Vera, en la actualidad prófugo de la justicia, y fueron presionados para dar aportes económicos "voluntarios" no sólo para la campaña, sino también para los numerosos viajes al interior del país con el fin de apoyar al MAS.
En el caso de BOA, los empleados publicaron un comunicado en el que afirman que están "indignados e impotentes" por los "atropellos" de sus jefes, todos ellos masistas. "Los cargos altos y medios, técnicos y administrativos, fueron manejados por masistas y oportunistas, fuimos obligados a asistir a manifestaciones político-partidarias, nos afiliaron y carnetizaron como militantes del MAS con lista que fue tomada escritorio por escritorio", se lee en parte del documento.
Incluso develaron que con la excusa de realizar viajes laborales vía aérea, hubo funcionarios que contrabandeaban repuestos y motores, una actividad que no fue auditada y menos sancionado, pese a ser de conocimiento público. Ante esos ilícitos y los abusos que sufrieron, los empleados exigieron la renuncia de al menos 20 gerentes y jefes de departamento.
Por su parte, en la ANH declararon "enemigos de la institución" al menos a 16 funcionarios de quienes exigen sus renuncias; se trata de todos los directores distritales que, como en los casos anteriores, los obligaron a inscribirse como militantes del MAS bajo amenaza de despido.
"Hubo manejos económicos disfrazados de la institución y desvió de fondos presupuestarios, mal uso de vehículos y activos de la ANH para campañas políticas, privilegios, entre otros", cita el pronunciamiento de los trabajadores de la entidad reguladora.
Las denuncias comenzaron a circular ayer, contra jefes, cargos superiores, directores y subgerentes, entre ellos del Banco Unión. "Exigimos que se cambie al directorio actual y toda la subgerencia nacional por respeto a la Institución y los funcionarios. Por lo anterior expuesto exigimos las renuncias inmediatas e irrevocables, por haber sido impuestas por un régimen dictatorial, que no respeta la equidad de género y que basa sus promociones en favoritismos e influencias", indica parte del comunicado.
Los empleados denunciaron a Mario Guillén, gerente general del Banco Unión; José Luis Limachi Choque, gerente nacional de Desarrollo; Ceferino Vacaflor Romano, subgerente Nacional de Operaciones; Patricia Lourdes Villaverde Chávez, subgerente Nacional de Talento Humano; Duhina Dafne Paola Pérez, subgerente nacional de Comunicación, Marketing y Publicidad; Galo Abel Agramont Chacón, subgerente nacional de Contabilidad, entre otros.
Por su parte, los trabajadores de la Refinería Guillermo Elder Bell, de YPFB Refinación, en Cochabamba, también declararon "enemigos de la empresa y de los trabajadores petroleros" al presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga; al igual que a sus gerentes y directores, quienes exigen su renuncia inmediata, por haber cometido, según ellos, hechos de corrupción y abuso laboral, además de hostigamiento.
Sobre Entel, los empleados señalaron a Óscar Coca, exgerente de la estatal, por cometer "abuso y manejo prepotente", por lo que ahora piden investigar su gestión, ya que lo sindican por presuntos desviós de dinero.
Los funcionarios de seis instituciones del Estado se rebelaron y denunciaron los atropellos que sufrieron de sus jefes, todos ellos militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora exigen la salida de esas autoridades, que los obligaron a marchar en las proclamaciones e inscribirse como militantes del partido de Evo Morales.
Entre las instituciones públicas cuyos dependientes presentaron denuncias están la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Banco Unión, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB Refinación, Boliviana de Aviación (BOA) y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).
En este último caso, los empleados manifestaron que fueron maltratados y obligados a asistir a marchas y convocatorias del anterior régimen masista."Hemos sido obligados por el ingeniero Marcel Humberto Claure, el interventor, y Carol Omonte, ejecutiva del Sindicato Único de Trabajadores Sutas, a afiliarnos como militantes del MAS, siendo amenazados con ser despedidos de nuestras fuentes laborales en caso de no presentar las respectivas credenciales", revelaron.
Asimismo afirmaron que constantemente sufrieron "amedrentamientos y hostigaciones" de parte de la directora de Comunicación, Hélen Díaz Bernal, para ir a marchar en apoyo al dirigente Jesús Vera, en la actualidad prófugo de la justicia, y fueron presionados para dar aportes económicos "voluntarios" no sólo para la campaña, sino también para los numerosos viajes al interior del país con el fin de apoyar al MAS.
En el caso de BOA, los empleados publicaron un comunicado en el que afirman que están "indignados e impotentes" por los "atropellos" de sus jefes, todos ellos masistas. "Los cargos altos y medios, técnicos y administrativos, fueron manejados por masistas y oportunistas, fuimos obligados a asistir a manifestaciones político-partidarias, nos afiliaron y carnetizaron como militantes del MAS con lista que fue tomada escritorio por escritorio", se lee en parte del documento.
Incluso develaron que con la excusa de realizar viajes laborales vía aérea, hubo funcionarios que contrabandeaban repuestos y motores, una actividad que no fue auditada y menos sancionado, pese a ser de conocimiento público. Ante esos ilícitos y los abusos que sufrieron, los empleados exigieron la renuncia de al menos 20 gerentes y jefes de departamento.
Por su parte, en la ANH declararon "enemigos de la institución" al menos a 16 funcionarios de quienes exigen sus renuncias; se trata de todos los directores distritales que, como en los casos anteriores, los obligaron a inscribirse como militantes del MAS bajo amenaza de despido.
"Hubo manejos económicos disfrazados de la institución y desvió de fondos presupuestarios, mal uso de vehículos y activos de la ANH para campañas políticas, privilegios, entre otros", cita el pronunciamiento de los trabajadores de la entidad reguladora.
Las denuncias comenzaron a circular ayer, contra jefes, cargos superiores, directores y subgerentes, entre ellos del Banco Unión. "Exigimos que se cambie al directorio actual y toda la subgerencia nacional por respeto a la Institución y los funcionarios. Por lo anterior expuesto exigimos las renuncias inmediatas e irrevocables, por haber sido impuestas por un régimen dictatorial, que no respeta la equidad de género y que basa sus promociones en favoritismos e influencias", indica parte del comunicado.
Los empleados denunciaron a Mario Guillén, gerente general del Banco Unión; José Luis Limachi Choque, gerente nacional de Desarrollo; Ceferino Vacaflor Romano, subgerente Nacional de Operaciones; Patricia Lourdes Villaverde Chávez, subgerente Nacional de Talento Humano; Duhina Dafne Paola Pérez, subgerente nacional de Comunicación, Marketing y Publicidad; Galo Abel Agramont Chacón, subgerente nacional de Contabilidad, entre otros.
Por su parte, los trabajadores de la Refinería Guillermo Elder Bell, de YPFB Refinación, en Cochabamba, también declararon "enemigos de la empresa y de los trabajadores petroleros" al presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga; al igual que a sus gerentes y directores, quienes exigen su renuncia inmediata, por haber cometido, según ellos, hechos de corrupción y abuso laboral, además de hostigamiento.
Sobre Entel, los empleados señalaron a Óscar Coca, exgerente de la estatal, por cometer "abuso y manejo prepotente", por lo que ahora piden investigar su gestión, ya que lo sindican por presuntos desviós de dinero.
