Fiscalía prioriza las denuncias del Gobierno e ignora las otras
Juan Lanchipa dice que el uso de dinamitas debe ser controlado por la Policía y que no conoce de procesos de fraude electoral.
Carlos Quisbert/ La Paz
Página Siete
El fiscal General, Juan Lanchipa, afirmó ayer que abrirá procesos luego de escuchar la denuncia verbal que hizo el Gobierno contra cívicos, a los que acusó por las muertes en Montero. Al contrario, dijo que no se investiga las agresiones contra la población por grupos afines al MAS y dijo que no recibieron denuncias de casos de fraude electoral, por lo que no hay casos abiertos.
Luego de que dos personas fueron asesinadas en Santa Cruz, ayer el fiscal general salió a dar una conferencia de prensa. Lanchipa fue consultado sobre si investigarían la denuncia verbal que hizo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, contra el presidente del Comité Cívico de Montero, Regys Medina, al que señaló como autor intelectual de las muertes, porque antes de los enfrentamientos instigó al uso de armas.
“Naturalmente, porque esto constituye un delito de apología del delito”, dijo Lanchipa sobre las denuncias contra cívicos. Pero al ser consultado sobre si abrirán procesos por las denuncias públicas que se hicieron por un presunto fraude electoral en las elecciones, o las agresiones que sufrieron ciudadanos por parte de grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), en diferentes departamentos, negó que se hayan abierto casos.
Lanchipa afirmó que los casos de uso de dinamita deben ser atendidos por la Policía, “dejemos que cada institución cumpla su rol, el Ministerio Público lo va hacer (investigar) una vez que se haga la denuncia pertinente”, afirmó.
Al ser consultado sobre si investigarán las denuncias de fraude electoral que se conocieron por los medios de comunicación o redes sociales, Lanchipa lo negó. “En este momento o no tenemos nada al respecto”, concluyó el funcionario.
Por último, ayer anunció que abrirán procesos penales contra los ciudadanos de Sucre que en los últimos días no permitieron que el personal de la Fiscalía General y Departamental trabajen con normalidad. Los cívicos de esa ciudad mantienen un paro indefinido y de forma pacífica mantienen cerradas varias instituciones del Órgano Judicial y otras instituciones en demanda de la anulación de las elecciones del 20 de octubre.
“No se dejó ingresar a los servidores públicos cayendo en el ilícito de Obstaculización a la Justicia. No vamos a permitir la interrupción de la labor que lleva adelante el Ministerio Público, vamos a tomar las acciones correspondientes con el fin de garantizar a todos los bolivianos el derecho constitucional del libre acceso a la justicia”, advirtió.
Investigación por cerco a las ciudades
MAS El sábado 26 de octubre, el presidente Evo Morales anunció que los movimientos sociales que lo apoyan iniciarían un cerco a las ciudades para evitar el suministro de alimentos a quienes sostenían paros cívicos, pese a las denuncias, la Fiscalía no abrió procesos contra los dirigentes.
Daños Por otro lado, la Fiscalía informó que por los daños a la infraestructura de las cortes electorales y los disturbios en los diferentes departamentos, se abrieron 60 casos, se tienen a 142 personas procesadas, siete detenidos preventivos, 42 en libertad y se espera cautelar de 15 imputados.
Página Siete
El fiscal General, Juan Lanchipa, afirmó ayer que abrirá procesos luego de escuchar la denuncia verbal que hizo el Gobierno contra cívicos, a los que acusó por las muertes en Montero. Al contrario, dijo que no se investiga las agresiones contra la población por grupos afines al MAS y dijo que no recibieron denuncias de casos de fraude electoral, por lo que no hay casos abiertos.
Luego de que dos personas fueron asesinadas en Santa Cruz, ayer el fiscal general salió a dar una conferencia de prensa. Lanchipa fue consultado sobre si investigarían la denuncia verbal que hizo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, contra el presidente del Comité Cívico de Montero, Regys Medina, al que señaló como autor intelectual de las muertes, porque antes de los enfrentamientos instigó al uso de armas.
“Naturalmente, porque esto constituye un delito de apología del delito”, dijo Lanchipa sobre las denuncias contra cívicos. Pero al ser consultado sobre si abrirán procesos por las denuncias públicas que se hicieron por un presunto fraude electoral en las elecciones, o las agresiones que sufrieron ciudadanos por parte de grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), en diferentes departamentos, negó que se hayan abierto casos.
Lanchipa afirmó que los casos de uso de dinamita deben ser atendidos por la Policía, “dejemos que cada institución cumpla su rol, el Ministerio Público lo va hacer (investigar) una vez que se haga la denuncia pertinente”, afirmó.
Al ser consultado sobre si investigarán las denuncias de fraude electoral que se conocieron por los medios de comunicación o redes sociales, Lanchipa lo negó. “En este momento o no tenemos nada al respecto”, concluyó el funcionario.
Por último, ayer anunció que abrirán procesos penales contra los ciudadanos de Sucre que en los últimos días no permitieron que el personal de la Fiscalía General y Departamental trabajen con normalidad. Los cívicos de esa ciudad mantienen un paro indefinido y de forma pacífica mantienen cerradas varias instituciones del Órgano Judicial y otras instituciones en demanda de la anulación de las elecciones del 20 de octubre.
“No se dejó ingresar a los servidores públicos cayendo en el ilícito de Obstaculización a la Justicia. No vamos a permitir la interrupción de la labor que lleva adelante el Ministerio Público, vamos a tomar las acciones correspondientes con el fin de garantizar a todos los bolivianos el derecho constitucional del libre acceso a la justicia”, advirtió.
Investigación por cerco a las ciudades
MAS El sábado 26 de octubre, el presidente Evo Morales anunció que los movimientos sociales que lo apoyan iniciarían un cerco a las ciudades para evitar el suministro de alimentos a quienes sostenían paros cívicos, pese a las denuncias, la Fiscalía no abrió procesos contra los dirigentes.
Daños Por otro lado, la Fiscalía informó que por los daños a la infraestructura de las cortes electorales y los disturbios en los diferentes departamentos, se abrieron 60 casos, se tienen a 142 personas procesadas, siete detenidos preventivos, 42 en libertad y se espera cautelar de 15 imputados.
