Denuncias de funcionarios públicos involucran al menos a una decena de entidades del Estado
Los pronunciamientos del personal de ministerios como empresas estatales manifiestan que fueron obligados a marchar, inscribirse como militantes del MAS, aportar un porcentaje de su sueldo, entre otros.
Página Siete Digital / La Paz
Las denuncias de funcionarios de instituciones públicas del Estado por atropellos de sus jefes y personal jerárquico, todos ellos miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), involucran al menos a una decena de entidades. Entre las acusaciones figuran participar de marchas, cobros, inscribirse al partido, pero además modificar actas electorales como es el caso de trabajadores del Ministerio de Justicia.
A través de un comunicado, funcionarios de esa cartera de Estado denunciaron que el exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, los obligó a manipular actas electorales antes de la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones del pasado 20 de octubre.
“En el piso 3 del edificio Capitán Ravelo, se procedió a la manipulación de las actas electorales, actividad realizada durante horas de la noche hasta la madrugada por un grupo de funcionarios obligados", señala la nota.
El exministro Zaconeta se opuso a la acusación a través de sus redes sociales indicando que “ante denuncias de fraude, se realizó una verificación de las actas electorales que figuran en el sitio web público https://computo.oep.org.bo/listaMesas.html para constatar la participación de delegados de los partidos políticos que denunciaron fraude electoral en las más de 34.000 actas”.
Por su parte, los trabajadores de la empresa Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. (Delapaz), mediante un pronunciamiento, denunciaron que reciben “constantes atropellos” por parte de los directivos de la compañía.
Según el pronunciamiento, fueron obligados a entregar “aportes de dinero” para financiar campañas políticas del MAS, y haciéndolos ver como si fuesen “aportes voluntarios”. La denuncia implica al gerente general, René Ustariz, y a Isabel Ortuño, la jefe del departamento jurídico de la empresa.
“Varios trabajadores y trabajadoras fueron hostigados y acosados por no haberse inscrito en el partido político (MAS) cuando los directivos de la empresa instruyeron y obligaron a que se inscriban, diciendo que existe una lista de 150 trabajadores que están 'fichados' por no haberse inscrito”, señala el pronunciamiento.
El mismo motivo fue expresado en la denuncia pública emitida por trabajadores del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero además señala que fueron obligados a hacer “el aporte en efectivo del 5% del pago de sueldos mensual desde que el señor Carlos Ortuño Yañez, asumió la cartera de Estado, gestión enero 2017”.
La denuncia de los funcionarios de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) afirma que fueron obligados a hacer el mismo aporte, además de asistir a marchas en apoyo al MAS y ser víctimas de “maltratos y denigraciones”, apuntando a su director general, Iván Iporre Salguero, a la asesora general Paola Lorena Zapata y a otros funcionarios como los responsables.
A esa denuncia se suma, la del personal del hospital Madre Teresa de Calcuta de Potosí denunció haber sido obligado a ejercer actos políticos para el director del nosocomio, Freddy Quispe, que es afín al MAS.
Los trabajadores describieron en el comunicado “abuso de autoridad, malos tratos deducciones arbitrarias, mal manejo del personal de salud e infraestructura” y por ello piden la renuncia de Quispe.
Hace una semana, las denuncias de funcionarios involucraban a seis instituciones del Estado, entre ellas Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Banco Unión, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB Refinación, Boliviana de Aviación (BOA) y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).
Las denuncias de funcionarios de instituciones públicas del Estado por atropellos de sus jefes y personal jerárquico, todos ellos miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), involucran al menos a una decena de entidades. Entre las acusaciones figuran participar de marchas, cobros, inscribirse al partido, pero además modificar actas electorales como es el caso de trabajadores del Ministerio de Justicia.
A través de un comunicado, funcionarios de esa cartera de Estado denunciaron que el exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, los obligó a manipular actas electorales antes de la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones del pasado 20 de octubre.
“En el piso 3 del edificio Capitán Ravelo, se procedió a la manipulación de las actas electorales, actividad realizada durante horas de la noche hasta la madrugada por un grupo de funcionarios obligados", señala la nota.
El exministro Zaconeta se opuso a la acusación a través de sus redes sociales indicando que “ante denuncias de fraude, se realizó una verificación de las actas electorales que figuran en el sitio web público https://computo.oep.org.bo/listaMesas.html para constatar la participación de delegados de los partidos políticos que denunciaron fraude electoral en las más de 34.000 actas”.
Por su parte, los trabajadores de la empresa Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. (Delapaz), mediante un pronunciamiento, denunciaron que reciben “constantes atropellos” por parte de los directivos de la compañía.
Según el pronunciamiento, fueron obligados a entregar “aportes de dinero” para financiar campañas políticas del MAS, y haciéndolos ver como si fuesen “aportes voluntarios”. La denuncia implica al gerente general, René Ustariz, y a Isabel Ortuño, la jefe del departamento jurídico de la empresa.
“Varios trabajadores y trabajadoras fueron hostigados y acosados por no haberse inscrito en el partido político (MAS) cuando los directivos de la empresa instruyeron y obligaron a que se inscriban, diciendo que existe una lista de 150 trabajadores que están 'fichados' por no haberse inscrito”, señala el pronunciamiento.
El mismo motivo fue expresado en la denuncia pública emitida por trabajadores del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero además señala que fueron obligados a hacer “el aporte en efectivo del 5% del pago de sueldos mensual desde que el señor Carlos Ortuño Yañez, asumió la cartera de Estado, gestión enero 2017”.
La denuncia de los funcionarios de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) afirma que fueron obligados a hacer el mismo aporte, además de asistir a marchas en apoyo al MAS y ser víctimas de “maltratos y denigraciones”, apuntando a su director general, Iván Iporre Salguero, a la asesora general Paola Lorena Zapata y a otros funcionarios como los responsables.
A esa denuncia se suma, la del personal del hospital Madre Teresa de Calcuta de Potosí denunció haber sido obligado a ejercer actos políticos para el director del nosocomio, Freddy Quispe, que es afín al MAS.
Los trabajadores describieron en el comunicado “abuso de autoridad, malos tratos deducciones arbitrarias, mal manejo del personal de salud e infraestructura” y por ello piden la renuncia de Quispe.
Hace una semana, las denuncias de funcionarios involucraban a seis instituciones del Estado, entre ellas Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Banco Unión, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB Refinación, Boliviana de Aviación (BOA) y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).
