Chile: el gobierno y la oposición acordaron un plebiscito para una nueva Constitución
La consulta en abril de 2020 planteará dos preguntas: si se quiere o no una nueva Carta Magna y qué tipo de órgano debiera redactarla, si una “comisión mixta constitucional” o una “convención constitucional” o Asamblea constituyente. La actual Ley Fundamental, aprobada en plena dictadura de Pinochet, ha sido señalada por la ciudadanía en la actual crisis social como el gran escollo para construir un país más justo
Infobae
El Congreso chileno llegó a un acuerdo en la madrugada de este viernes para convocar en abril de 2020 a un plebiscito por una nueva Constitución que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras casi un mes de violento estallido social.
“Es una respuesta de la política con mayúscula que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad”, afirmó el presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia (centroizquierda), flanqueado por los presidentes de las principales formaciones políticas del país, a excepción del Partido Comunista, en una conferencia de prensa en una de las sedes del Congreso en Santiago. “Esta respuesta que están dando todos los partidos que nos acompañan es una muestra que busca señalar el camino de profundización democrática, una salida pacífica a la crisis y de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada”.
Bajo el acuerdo, necesario para modificar la actual carta magna, que no permite llamar a plebiscito para estos fines, se impulsará la realización de una consulta en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactar esa nueva Constitución: una “comisión mixta constitucional” o una “convención constitucional” o Asamblea constituyente, explicó Quintana.
La convención mixta constitucional, impulsada por los partidos de la coalición de gobierno derechista, será integrada en partes iguales por miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio, mientras que en la “convención constitucional”, promovida por los partidos de la oposición, todos sus integrantes serán elegidos específicamente para este evento.
La elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución, si el proyecto es ratificado en el plebiscito, será con sufragio universal y voto obligatorio.
“Nosotros estamos contentos de haber podido construir a aprobar un acuerdo que derrote la violencia”, afirmó de su lado Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la coalición de partidos del gobierno de Sebastián Piñera.
El acuerdo se aprobó en un Congreso en que ninguna de las fuerzas políticas contaba con los dos tercios necesarios para cualquier modificación sustantiva de la Constitución, tras casi un mes de violentas protestas sociales que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.
Pablo Vidal, diputado del izquierdista Revolución Democrática, dijo por su parte que el acuerdo "es el triunfo del pueblo de Chile movilizado”. "Tenemos que ahora luchar por el sueldo mínimo, por las pensiones, por el seguro de salud y muchos otros temas”, agregó.
“Llegamos a acuerdo para Nueva Constitución”, escribió más temprano en Twitter el Presidente del Partido por la Democracia Heraldo Muñoz. “Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia”.
Diputados oficialistas y opositores estuvieron reunidos desde el miércoles para conseguir una salida política a la crisis, la más grave desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país.
Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental le concedió al Estado un rol “subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización, y ha sido señalada por la ciudadanía en la actual crisis social como el gran escollo para construir un país más justo.
El Gobierno, que al inicio de la crisis se mostró muy reacio, se abrió finalmente el domingo a un proceso constituyente, pero rechazaba la convocatoria de un plebiscito previo sobre los temas y una Asamblea Constituyente, la fórmula que pedían la oposición y la mayoría de los manifestantes.
De Congreso Constituyente a Convención Constituyente
En un primer momento, el Gobierno propuso lo que llamó un “Congreso Constituyente”, es decir, que sean los actuales parlamentarios los que redacten el nuevo texto y que este sea luego ratificado en referéndum.
Pero dado el alto nivel de descrédito que tienen los diputados, la coalición gubernamental Chile Vamos -formada por cuatro partidos de centro-derecha y derecha- llevó este jueves una nueva propuesta a la mesa de negociación: una “Convención Constituyente”, integrada en a partes iguales por los actuales diputados y ciudadanos electos.
Para el catedrático de la Universidad de Utrecht (Holanda) y de la Universidad de Diego Portales (Chile) Javier Couso, se trata de una “gran cesión” por parte de la derecha, dado su histórico rechazo a tocar la Carta Magna y teniendo en cuenta que hace unos días se negaba a un proceso constituyente.
La Constitución chilena se ha reformado más de 40 veces en los últimos años, pero ningún Gobierno ha conseguido cambiar su esencia neoliberal por las altos cuotas parlamentarias que se requieren. La ex presidenta Michelle Bachelet intentó un fallido proceso constituyente durante su segundo mandato (2014-2018).
Cuatro semanas de crisis social
Las multitudinarias protestas, que se iniciaron el 18 de octubre por la subida del precio de pasaje de metro y se convirtieron luego en un clamor contra el Gobierno y el desigual modelo económico heredado de la dictadura, son en su mayoría pacíficas, aunque también se han registrado duros enfrentamientos entre manifestantes y agentes, saqueos y destrucción de mobiliario público.
El jueves se realizaron decenas de actividades en todo el país para recordar al joven mapuche asesinado Camilo Catrillanca, un caso que dañó fuertemente la imagen institucional y al entonces ministro del Interior. Se convirtió además en el símbolo de la represión policial, que enfrenta críticas por su cuestionada actuación para dispersar las protestas.
En tanto, la moneda local continuaba desplomándose al cumplirse la cuarta semana de protestas. El peso chileno se depreciaba hasta tocar un nuevo mínimo histórico y el dólar cotizaba a 802,63 pesos chilenos, una cifra histórica e inimaginable hace menos de un mes. Antes del estallido de la crisis, la divisa se cambiaba por entre 710 y 720 pesos chilenos, eso a pesar de que el Banco Central chileno inyectó en la víspera 4.000 millones de dólares a través de licitaciones para frenar la caída del peso.
La caída del peso invocaba entre los distintos sectores el temor de la recesión en la que puede caer Chile si no soluciona pronto su revuelta social, para la que parece no haber una salida fácil ni clara.
Al comienzo de la crisis Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas y al ingreso mínimo, propuso rebajar los millonarios sueldos de los parlamentarios y subir impuestos a quienes ganan más de 11.000 dólares al mes. Nada de eso atenuó las protestas. Luego anunció una rebaja parcial a los pasajes de adultos mayores en el transporte público y condonar los intereses de las deudas que contraen los estudiantes universitarios e incrementar el ingreso mínimo al equivalente a 470 dólares mensuales. Los chilenos tienen un sueldo promedio que oscila entre los 500 y 700 dólares.
La crisis ya se ha cobrado la vida de al menos 22 personas -cinco de ellos presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad- y miles de heridos y detenidos, además de denuncias de abuso policial y torturas.
El Congreso chileno llegó a un acuerdo en la madrugada de este viernes para convocar en abril de 2020 a un plebiscito por una nueva Constitución que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras casi un mes de violento estallido social.
“Es una respuesta de la política con mayúscula que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad”, afirmó el presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia (centroizquierda), flanqueado por los presidentes de las principales formaciones políticas del país, a excepción del Partido Comunista, en una conferencia de prensa en una de las sedes del Congreso en Santiago. “Esta respuesta que están dando todos los partidos que nos acompañan es una muestra que busca señalar el camino de profundización democrática, una salida pacífica a la crisis y de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada”.
Bajo el acuerdo, necesario para modificar la actual carta magna, que no permite llamar a plebiscito para estos fines, se impulsará la realización de una consulta en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactar esa nueva Constitución: una “comisión mixta constitucional” o una “convención constitucional” o Asamblea constituyente, explicó Quintana.
La convención mixta constitucional, impulsada por los partidos de la coalición de gobierno derechista, será integrada en partes iguales por miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio, mientras que en la “convención constitucional”, promovida por los partidos de la oposición, todos sus integrantes serán elegidos específicamente para este evento.
La elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución, si el proyecto es ratificado en el plebiscito, será con sufragio universal y voto obligatorio.
“Nosotros estamos contentos de haber podido construir a aprobar un acuerdo que derrote la violencia”, afirmó de su lado Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la coalición de partidos del gobierno de Sebastián Piñera.
El acuerdo se aprobó en un Congreso en que ninguna de las fuerzas políticas contaba con los dos tercios necesarios para cualquier modificación sustantiva de la Constitución, tras casi un mes de violentas protestas sociales que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.
Pablo Vidal, diputado del izquierdista Revolución Democrática, dijo por su parte que el acuerdo "es el triunfo del pueblo de Chile movilizado”. "Tenemos que ahora luchar por el sueldo mínimo, por las pensiones, por el seguro de salud y muchos otros temas”, agregó.
“Llegamos a acuerdo para Nueva Constitución”, escribió más temprano en Twitter el Presidente del Partido por la Democracia Heraldo Muñoz. “Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia”.
Diputados oficialistas y opositores estuvieron reunidos desde el miércoles para conseguir una salida política a la crisis, la más grave desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país.
Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental le concedió al Estado un rol “subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización, y ha sido señalada por la ciudadanía en la actual crisis social como el gran escollo para construir un país más justo.
El Gobierno, que al inicio de la crisis se mostró muy reacio, se abrió finalmente el domingo a un proceso constituyente, pero rechazaba la convocatoria de un plebiscito previo sobre los temas y una Asamblea Constituyente, la fórmula que pedían la oposición y la mayoría de los manifestantes.
De Congreso Constituyente a Convención Constituyente
En un primer momento, el Gobierno propuso lo que llamó un “Congreso Constituyente”, es decir, que sean los actuales parlamentarios los que redacten el nuevo texto y que este sea luego ratificado en referéndum.
Pero dado el alto nivel de descrédito que tienen los diputados, la coalición gubernamental Chile Vamos -formada por cuatro partidos de centro-derecha y derecha- llevó este jueves una nueva propuesta a la mesa de negociación: una “Convención Constituyente”, integrada en a partes iguales por los actuales diputados y ciudadanos electos.
Para el catedrático de la Universidad de Utrecht (Holanda) y de la Universidad de Diego Portales (Chile) Javier Couso, se trata de una “gran cesión” por parte de la derecha, dado su histórico rechazo a tocar la Carta Magna y teniendo en cuenta que hace unos días se negaba a un proceso constituyente.
La Constitución chilena se ha reformado más de 40 veces en los últimos años, pero ningún Gobierno ha conseguido cambiar su esencia neoliberal por las altos cuotas parlamentarias que se requieren. La ex presidenta Michelle Bachelet intentó un fallido proceso constituyente durante su segundo mandato (2014-2018).
Cuatro semanas de crisis social
Las multitudinarias protestas, que se iniciaron el 18 de octubre por la subida del precio de pasaje de metro y se convirtieron luego en un clamor contra el Gobierno y el desigual modelo económico heredado de la dictadura, son en su mayoría pacíficas, aunque también se han registrado duros enfrentamientos entre manifestantes y agentes, saqueos y destrucción de mobiliario público.
El jueves se realizaron decenas de actividades en todo el país para recordar al joven mapuche asesinado Camilo Catrillanca, un caso que dañó fuertemente la imagen institucional y al entonces ministro del Interior. Se convirtió además en el símbolo de la represión policial, que enfrenta críticas por su cuestionada actuación para dispersar las protestas.
En tanto, la moneda local continuaba desplomándose al cumplirse la cuarta semana de protestas. El peso chileno se depreciaba hasta tocar un nuevo mínimo histórico y el dólar cotizaba a 802,63 pesos chilenos, una cifra histórica e inimaginable hace menos de un mes. Antes del estallido de la crisis, la divisa se cambiaba por entre 710 y 720 pesos chilenos, eso a pesar de que el Banco Central chileno inyectó en la víspera 4.000 millones de dólares a través de licitaciones para frenar la caída del peso.
La caída del peso invocaba entre los distintos sectores el temor de la recesión en la que puede caer Chile si no soluciona pronto su revuelta social, para la que parece no haber una salida fácil ni clara.
Al comienzo de la crisis Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas y al ingreso mínimo, propuso rebajar los millonarios sueldos de los parlamentarios y subir impuestos a quienes ganan más de 11.000 dólares al mes. Nada de eso atenuó las protestas. Luego anunció una rebaja parcial a los pasajes de adultos mayores en el transporte público y condonar los intereses de las deudas que contraen los estudiantes universitarios e incrementar el ingreso mínimo al equivalente a 470 dólares mensuales. Los chilenos tienen un sueldo promedio que oscila entre los 500 y 700 dólares.
La crisis ya se ha cobrado la vida de al menos 22 personas -cinco de ellos presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad- y miles de heridos y detenidos, además de denuncias de abuso policial y torturas.
