Bolivia: el gobierno interino y los movimientos sociales llegaron a un principio de acuerdo para pacificar el país
Hasta ahora los puntos consensuados incluyen el repliegue de las militares de lugares no estratégicos y la derogación de un decreto que había dado inmunidad para el uso de la fuerza. Aún discuten la situación de los detenidos en las protestas. Esta tarde se tratará en el Congreso
Infobae
El gobierno interino de Bolivia y más de una docena de líderes sociales y sindicales llegaron el domingo a un principio de acuerdo para pacificar el país, que incluye el repliegue de militares de lugares no estratégicos y la derogación de una polémica ley que había dado inmunidad para el uso de la fuerza.
Además, se espera que hoy la presidente interina, Jeanine Añez, promulgue la ley aprobada en el Congreso que anula las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y prevé la convocatoria a una nueva votación, sin la participación del ex presidente Evo Morales. Ambos acuerdos marcan un avance hacia la pacificación del país, con el objetivo de poner fin a semanas de disturbios que han dejado 32 muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desde las elecciones que le dieron un cuarto mandato consecutivo a Morales, pero que fueron denunciadas por fraude.
El proyecto de “Ley para la pacificación del país y para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano” fue discutido hasta la madrugada entre Añez y las organizaciones sociales y sindicales y se prevé que ambas cámaras del Congreso lo aprueben antes de las 17:00 hora local (2000 GMT) del domingo para que el Poder Ejecutivo lo promulgue.
El texto consensuado tiene como objeto garantizar los derechos y garantías de “líderes sociales, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento, y prohibir las acciones de hecho: detenciones aprehensiones arbitrarias y cualquier medida que coacciones el libre ejercicio de derechos y libertades”, informa el diario boliviano Los Tiempos.
También incluye un artículo que brinda garantías para que se juzgue a cargos públicos. “Se reafirman las garantías establecidas en el artículo 161 de la Constitución Política del Estado y el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 12 de la Ley número 044”, señala. Dicha Ley 044 y sus artículos mencionados marcan en qué situaciones pueden ser sometidos a proceso un presidente y vicepresidente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El proyecto original del MAS pretendía incorporar explícitamente que Evo Morales y Álvaro García Linera no pudieran ser procesados en la jurisdicción ordinaria por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero en el texto consensuado ya no se menciona a estas dos personas, sino sólo se limita a ratificar la Ley 044.
El proyecto consensuado también garantiza que asambleístas no serán hostigados y que ellos y los dirigentes sociales tendrán asegurado el ejercicio de sus derechos. Dichas personas, sus familiares y propiedades podrán tener servicios de seguridad tras una denuncia verbal.
La propuesta prevé además la puesta en libertad de los detenidos que no tengan acusaciones en su contra. También se investigará las muertes en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa.
Asimismo, se estipula que se dará de manera inmediata salvoconductos a antiguas autoridades, dirigentes y personas que reciban asilo de otros Estados. Se pactó también dar indemnización a familias de los fallecidos y que el Estado se hará cargo de las personas heridas en las movilizaciones posteriores al 21 de octubre.
Una de las principales demandas de los líderes sociales era el repliegue parcial de las Fuerzas Armadas como condición para suspender las movilizaciones y bloqueos de carreteras, además de la celebración de elecciones generales antes del 22 de enero.
En El Alto, donde las protestas seguían activas en contra del gobierno, la presencia militar se mantendrá para resguardar la planta de YPFB en Senkata, ante el riesgo de vandalismo que podría hacer estallar los depósitos de combustibles.
“Se va a abrogar el decreto y se lo va a modificar disponiendo que las Fuerzas Armadas se mantendrán en todas aquellas empresas estratégicas del Estado para su custodia y conservación”, dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en referencia al decreto que permite el uso de armas para reprimir las movilizaciones.
La presidente interina Áñez ha subrayado por su parte que el Ejército no ha salido a las calles por capricho, sino por el clamor y la extrema necesidad de la ciudadanía ante hechos de vandalismo.
La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), se ha comprometido a que esta ley de garantías políticas será aprobada por el Legislativo.
“Creo que hemos avanzado en un 99 por ciento con el compromiso para estar mañana (domingo) todos a las 5 de la tarde para promulgar estas leyes en favor del pueblo boliviano y que a partir de ese momento se pacifique, la paz social, en todo el territorio nacional”, dijo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.
Elecciones
Tras seis horas de debates, ya por la noche de ayer, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad la ley de urgencia para agilizar la convocatoria de nuevas elecciones, y la remitió al Gobierno transitorio para su promulgación. La ley surgió del consenso entre los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), con mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, y los partidos opositores Unidad Demócrata, del que era senadora Áñez antes de asumir la Presidencia provisional del país, y el Partido Demócrata Cristiano.
La norma anula los comicios del pasado 20 de octubre e incluye una serie de excepciones a la normativa electoral para acelerar la convocatoria a las urnas, empezando por el nombramiento de forma más rápida de un nuevo órgano electoral.
Ese nuevo órgano debe convocar a elecciones en un máximo de dos días una vez que tome posesión, con un nuevo padrón electoral y con las candidaturas que deseen presentarse, sin pasar por primarias. Uno de los artículos insiste en respetar el límite de dos mandatos, mientras que otro dejaría sin efecto provisionalmente normas sobre primarias y alianzas entre partidos.
Pero el punto más sobresaliente es el que cierra la puerta a la postulación de Morales, quien ejerció el poder por casi 14 años con una alta popularidad que fue menguando pese a sus logros sociales y económicos, debido a su empeño de mantenerse en el cargo aun con un referendo en contra en 2016.
El gobierno interino de Bolivia y más de una docena de líderes sociales y sindicales llegaron el domingo a un principio de acuerdo para pacificar el país, que incluye el repliegue de militares de lugares no estratégicos y la derogación de una polémica ley que había dado inmunidad para el uso de la fuerza.
Además, se espera que hoy la presidente interina, Jeanine Añez, promulgue la ley aprobada en el Congreso que anula las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y prevé la convocatoria a una nueva votación, sin la participación del ex presidente Evo Morales. Ambos acuerdos marcan un avance hacia la pacificación del país, con el objetivo de poner fin a semanas de disturbios que han dejado 32 muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desde las elecciones que le dieron un cuarto mandato consecutivo a Morales, pero que fueron denunciadas por fraude.
El proyecto de “Ley para la pacificación del país y para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano” fue discutido hasta la madrugada entre Añez y las organizaciones sociales y sindicales y se prevé que ambas cámaras del Congreso lo aprueben antes de las 17:00 hora local (2000 GMT) del domingo para que el Poder Ejecutivo lo promulgue.
El texto consensuado tiene como objeto garantizar los derechos y garantías de “líderes sociales, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento, y prohibir las acciones de hecho: detenciones aprehensiones arbitrarias y cualquier medida que coacciones el libre ejercicio de derechos y libertades”, informa el diario boliviano Los Tiempos.
También incluye un artículo que brinda garantías para que se juzgue a cargos públicos. “Se reafirman las garantías establecidas en el artículo 161 de la Constitución Política del Estado y el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 12 de la Ley número 044”, señala. Dicha Ley 044 y sus artículos mencionados marcan en qué situaciones pueden ser sometidos a proceso un presidente y vicepresidente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El proyecto original del MAS pretendía incorporar explícitamente que Evo Morales y Álvaro García Linera no pudieran ser procesados en la jurisdicción ordinaria por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero en el texto consensuado ya no se menciona a estas dos personas, sino sólo se limita a ratificar la Ley 044.
El proyecto consensuado también garantiza que asambleístas no serán hostigados y que ellos y los dirigentes sociales tendrán asegurado el ejercicio de sus derechos. Dichas personas, sus familiares y propiedades podrán tener servicios de seguridad tras una denuncia verbal.
La propuesta prevé además la puesta en libertad de los detenidos que no tengan acusaciones en su contra. También se investigará las muertes en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa.
Asimismo, se estipula que se dará de manera inmediata salvoconductos a antiguas autoridades, dirigentes y personas que reciban asilo de otros Estados. Se pactó también dar indemnización a familias de los fallecidos y que el Estado se hará cargo de las personas heridas en las movilizaciones posteriores al 21 de octubre.
Una de las principales demandas de los líderes sociales era el repliegue parcial de las Fuerzas Armadas como condición para suspender las movilizaciones y bloqueos de carreteras, además de la celebración de elecciones generales antes del 22 de enero.
En El Alto, donde las protestas seguían activas en contra del gobierno, la presencia militar se mantendrá para resguardar la planta de YPFB en Senkata, ante el riesgo de vandalismo que podría hacer estallar los depósitos de combustibles.
“Se va a abrogar el decreto y se lo va a modificar disponiendo que las Fuerzas Armadas se mantendrán en todas aquellas empresas estratégicas del Estado para su custodia y conservación”, dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en referencia al decreto que permite el uso de armas para reprimir las movilizaciones.
La presidente interina Áñez ha subrayado por su parte que el Ejército no ha salido a las calles por capricho, sino por el clamor y la extrema necesidad de la ciudadanía ante hechos de vandalismo.
La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), se ha comprometido a que esta ley de garantías políticas será aprobada por el Legislativo.
“Creo que hemos avanzado en un 99 por ciento con el compromiso para estar mañana (domingo) todos a las 5 de la tarde para promulgar estas leyes en favor del pueblo boliviano y que a partir de ese momento se pacifique, la paz social, en todo el territorio nacional”, dijo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.
Elecciones
Tras seis horas de debates, ya por la noche de ayer, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad la ley de urgencia para agilizar la convocatoria de nuevas elecciones, y la remitió al Gobierno transitorio para su promulgación. La ley surgió del consenso entre los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), con mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, y los partidos opositores Unidad Demócrata, del que era senadora Áñez antes de asumir la Presidencia provisional del país, y el Partido Demócrata Cristiano.
La norma anula los comicios del pasado 20 de octubre e incluye una serie de excepciones a la normativa electoral para acelerar la convocatoria a las urnas, empezando por el nombramiento de forma más rápida de un nuevo órgano electoral.
Ese nuevo órgano debe convocar a elecciones en un máximo de dos días una vez que tome posesión, con un nuevo padrón electoral y con las candidaturas que deseen presentarse, sin pasar por primarias. Uno de los artículos insiste en respetar el límite de dos mandatos, mientras que otro dejaría sin efecto provisionalmente normas sobre primarias y alianzas entre partidos.
Pero el punto más sobresaliente es el que cierra la puerta a la postulación de Morales, quien ejerció el poder por casi 14 años con una alta popularidad que fue menguando pese a sus logros sociales y económicos, debido a su empeño de mantenerse en el cargo aun con un referendo en contra en 2016.
