Bolivia: acusaron de terrorismo y sedición a siete seguidores de Evo Morales por los incidentes en El Alto que dejaron ocho muertos
El Ministerio Público inició una investigación contra esas personas “por la destrucción y caída del muro” de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Los disturbios se produjeron cuando las fuerzas de seguridad escoltaban convoyes de camiones cisterna para abastecer a La Paz, donde escasea el combustible
Infobae
Un fiscal boliviano acusó este miércoles a siete personas de terrorismo y sedición por derribar un muro en una refinería de Bolivia en unos incidentes donde, según el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), murieron ochos personas, varias de ellas por disparos que el Gobierno interino niega que fueran de militares.
Los disturbios se produjeron el martes en la ciudad de El Alto, en una refinería custodiada por militares y policías frente a la que se manifestaban grupos afines al ex presidente Evo Morales.
El Ministerio Público inició de oficio una investigación en la que imputó a siete personas “por la destrucción y caída del muro” de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según un comunicado de la Fiscalía General del Estado.
“En primera instancia el hecho fue tipificado como destrucción de bienes del Estado y la riqueza natural”, pero “ante la magnitud del daño”, se amplió la investigación por el delito de terrorismo, indicó.
Este delito conlleva en Bolivia penas de quince a veinte años de prisión, que se pueden sumar a otras condenas. Además están acusados de sedición, que está penada con uno a tres años de cárcel, de instigación pública a delinquir y de atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
“Habrían ocasionado destrozos e incitaron a la quema y saqueo de las instalaciones públicas de YPFB de la zona de Senkata, El Alto, momento en el que fueron aprehendidos por efectivos policiales”, señaló la fiscalía.
Los disturbios se produjeron cuando militares y policías escoltaban convoyes de camiones cisterna para abastecer a la vecina ciudad de La Paz, donde escasea el combustible hasta el punto de que está racionado.
El Gobierno interino de Jeanine Áñez acusa a grupos subversivos de promover la sedición en el país con protestas violentas a favor de Evo Morales, asilado en México.
El ministro interino de Defensa, Fernando López, manifestó anoche que no hubo disparos por parte de los militares, mientras que quienes protestaban les acusaron de utilizar armamento letal.
López advirtió de que los incidentes pudieron haber terminado en una tragedia si explotaban tanques de gas y otros combustibles.
Ya son 30 los muertos en distintos sucesos en la grave crisis que atraviesa Bolivia, que comenzó después de las elecciones del pasado 20 de octubre, mientras que los heridos son 775, según la Defensoría del Pueblo.
Evo Morales se proclamó vencedor para un cuarto mandato consecutivo tras esos comicios, pero el 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió en un informe graves irregularidades.
Morales anunció ese día su renuncia tras casi 14 años en el poder, presionado por los militares, para al día siguiente salir hacia México, donde está asilado.
La renuncia de Morales es calificada de “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos, mientras que otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
Un fiscal boliviano acusó este miércoles a siete personas de terrorismo y sedición por derribar un muro en una refinería de Bolivia en unos incidentes donde, según el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), murieron ochos personas, varias de ellas por disparos que el Gobierno interino niega que fueran de militares.
Los disturbios se produjeron el martes en la ciudad de El Alto, en una refinería custodiada por militares y policías frente a la que se manifestaban grupos afines al ex presidente Evo Morales.
El Ministerio Público inició de oficio una investigación en la que imputó a siete personas “por la destrucción y caída del muro” de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según un comunicado de la Fiscalía General del Estado.
“En primera instancia el hecho fue tipificado como destrucción de bienes del Estado y la riqueza natural”, pero “ante la magnitud del daño”, se amplió la investigación por el delito de terrorismo, indicó.
Este delito conlleva en Bolivia penas de quince a veinte años de prisión, que se pueden sumar a otras condenas. Además están acusados de sedición, que está penada con uno a tres años de cárcel, de instigación pública a delinquir y de atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
“Habrían ocasionado destrozos e incitaron a la quema y saqueo de las instalaciones públicas de YPFB de la zona de Senkata, El Alto, momento en el que fueron aprehendidos por efectivos policiales”, señaló la fiscalía.
Los disturbios se produjeron cuando militares y policías escoltaban convoyes de camiones cisterna para abastecer a la vecina ciudad de La Paz, donde escasea el combustible hasta el punto de que está racionado.
El Gobierno interino de Jeanine Áñez acusa a grupos subversivos de promover la sedición en el país con protestas violentas a favor de Evo Morales, asilado en México.
El ministro interino de Defensa, Fernando López, manifestó anoche que no hubo disparos por parte de los militares, mientras que quienes protestaban les acusaron de utilizar armamento letal.
López advirtió de que los incidentes pudieron haber terminado en una tragedia si explotaban tanques de gas y otros combustibles.
Ya son 30 los muertos en distintos sucesos en la grave crisis que atraviesa Bolivia, que comenzó después de las elecciones del pasado 20 de octubre, mientras que los heridos son 775, según la Defensoría del Pueblo.
Evo Morales se proclamó vencedor para un cuarto mandato consecutivo tras esos comicios, pero el 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió en un informe graves irregularidades.
Morales anunció ese día su renuncia tras casi 14 años en el poder, presionado por los militares, para al día siguiente salir hacia México, donde está asilado.
La renuncia de Morales es calificada de “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos, mientras que otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
