Bolivia aclara que el Decreto Supremo 4078 no pretende estimular ningún tipo de represión
La Paz, ABIEl Gobierno boliviano de transición, mediante un comunicado emitido por la Cancillería de Estado, aclaró el martes que el Decreto Supremo 4078 no pretende estimular ningún tipo de represión y afirmó que el objetivo principal de esa norma es preservar la integridad de los bolivianos y evitar mayores actos de vandalismo.
El actual gobierno boliviano manifestó esa posición en referencia a la alerta emitida -mediante Twitter- por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) con relación al Decreto Supremo No 4078, sobre el papel de las Fuerzas Armadas (FFAA) para contribuir a la pacificación del país.
En ese documento, se recuerda que "el gobierno de transición tiene como principal labor garantizar la realización de elecciones generales libres y transparentes, a la brevedad posible, en un ambiente de paz social, con plena libertad de expresión y sin coartar el derecho a la protesta, siempre y cuando éstas sean pacíficas y no atenten contra la vida y la propiedad".
"Es la propia ley del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Código Penal de Bolivia, la que establece la exención de responsabilidades penales cuando exista uso de legítima defensa o estado de necesidad; el Decreto Supremo 4078 no pretende estimular ningún tipo de represión, sino solamente replica las exenciones contenidas en la ley", señala ese comunicado.
Además, explica que "el objetivo del Decreto Supremo es preservar la integridad de las bolivianas y bolivianos, y evitar mayores actos de vandalismo, que ya se efectuaron en contra de domicilios privados, establecimientos comerciales y reparticiones de la policía nacional, incluyendo la quema de buses del transporte público y el saqueo a reparticiones estatales".
Por otra parte, establece que el gobierno de transición tiene como principal labor garantizar la realización de elecciones generales libres y transparentes, a la brevedad posible, en un ambiente de paz social, con plena libertad de expresión y sin coartar el derecho a la protesta, siempre y cuando éstas sean pacíficas y no atenten contra la vida y la propiedad.
"En el cumplimiento de esta labor, el gobierno no olvida sus obligaciones internacionales con la protección de los Derechos Humanos, y reafirma su compromiso con el respeto pleno de los mismos", complementa el comunicado.
En ese comunicado, el Gobierno recuerda que las operaciones de las FFAA de Bolivia se produjeron luego de que la Policía Nacional solicitara su participación, al haber sido rebasada por los disturbios organizados y ejecutados por instructores extranjeros con la participación mercenaria de núcleos delincuenciales creados para consumar revueltas y agresiones violentas a ciudadanos en diferentes áreas del territorio nacional.
Ante esa situación, estableció que es imprescindible que el Estado pueda contener el ataque de grupos irregulares, algunos de ellos identificados y detenidos por las fuerzas de seguridad del Estado.
Siempre según ese documento, "las FFAA no tienen carta blanca para actuar más allá de los límites legales establecidos en la legislación boliviana, incluyendo el Decreto Supremo 4078, y por tanto deben conducirse bajo los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad ante los disturbios violentos, para contener el ataque que se está desarrollando contra la vida y la propiedad de ciudadanos bolivianos".
Asimismo, el Gobierno de transición reafirmó su compromiso con la investigación y sanción de violaciones a los Derechos Humanos, en cumplimiento de sus obligaciones conforme al Derecho Internacional.
