Un tribunal escocés desestimó una demanda para forzar a Boris Johnson a pedir una prórroga del Brexit
El Tribunal de Sesiones de Edimburgo rechazó la solicitud, al considerar que el gobierno británico dio “garantías inequívocas” de que acataría la ley
Infobae
La justicia de Escocia consideró este lunes innecesario forzar al primer ministro británico, Boris Johnson, a acatar una ley que lo obliga a pedir otro aplazamiento del Brexit a falta de un acuerdo con la Unión Europea (UE), que le sigue pidiendo modificar sus propuestas. Intensificando los contactos, Johnson habló en los últimos días con los mandatarios de Francia, Finlandia, Holanda, Portugal, Dinamarca, Suecia y Polonia, según su oficina, mientras que su ministro para el Brexit, Steve Barclay, inició en Holanda un serie de visitas a sus socios.
En Bruselas, mientras tanto, el principal negociador británico, David Frost, reanudó los contactos con su contraparte europea a la que proporcionó este lunes “contenido legal adicional” sobre las regulaciones aduaneras y mercancías, explicó el gobierno británico.
La semana pasada, Johnson presentó su esperada propuesta de divorcio y pidió a sus 27 socios que hicieran concesiones para llegar a un acuerdo, si no, de lo contrario, prometió retirar a su país de la UE el 31 de octubre de forma abrupta. El Parlamento británico aprobó en septiembre una ley que le impone pedir una nueva prórroga de tres meses si no ha logrado un pacto con la UE para el 19 de octubre, justo después de una cumbre europea. La ley incluye el texto de la carta que el gobierno debería enviar a Bruselas.
Pero, desde hace semanas, crece la especulación respecto a la intención del premier británico de encontrar una brecha legal para no pedir el aplazamiento del Brexit o incluso de pedir a algún país del bloque que lo vete, un temor que llegó hasta un tribunal de Edimburgo.
En respuesta a un empresario, una diputada y un abogado proeuropeos, que pedían obligar al líder conservador a pedir una prórroga, el tribunal consideró que el gobierno dio “garantías inequívocas” de que acataría la ley, por lo que desestimó la demanda. “No estoy convencido de que sea necesario que el tribunal conceda las órdenes solicitadas o cualquier variante de ellas”, señaló el juez, para quien si Johnson no aplica lo estipulado resultaría “destructivo” para la “confianza mutua” entre los tribunales y los políticos.
“Cada día cuenta”
El gobierno de Johnson ha asegurado en repetidas ocasiones que respetará la legislación y volvió a hacerlo el viernes en un documento presentado al tribunal de Edimburgo, una afirmación que entra en abierta contradicción con su discurso oficial.
“Acataremos la ley y saldremos de la UE el 31 de octubre. La manera en que se logre legalmente es asunto del gobierno”, subrayó este lunes el portavoz de Downing Street, en la línea del primer ministro que asegura a los cuatro vientos que el país se marchará “pase lo que pase”.
Tras el referéndum de 2016, el Reino Unido debía haber abandonado el bloque el pasado mes de marzo. Pero ante el reiterado rechazo del Parlamento al acuerdo de divorcio negociado por la anterior primera ministra, Theresa May, la fecha fue aplazada dos veces, hasta este 31 de octubre.
Johnson, en el poder desde julio, quiere cambiar el punto más conflictivo del texto: cómo mantener abierta la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda -miembro de la UE- para no amenazar el frágil acuerdo de paz que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento conflicto.
El domingo advirtió en su conversación telefónica con el francés Emmanuel Macron que ésta es la “última oportunidad” de obtener un acuerdo, y que los líderes europeos no deberían confiar en que el Parlamento británico impida una salida brusca. Pero al mismo tiempo, intenta despejar las dudas de los 27 sobre su propuesta para desbloquear el acuerdo. Los puntos “problemáticos” señalados por la UE apuntan a los controles aduaneros y al veto que tendría el parlamento norirlandés a su permanencia en el mercado único europeo.
“Cada día cuenta”, indicó este lunes la vocera de la Comisión Europea, Mina Andreeva, para quien la UE “necesita una solución y no arreglos que puedan ser revocados o dejados de lado para una negociación ulterior”.
El tiempo apremia. Los europeos se fijaron la fecha del viernes para evaluar la posibilidad de un acuerdo, antes de la reunión de los ministros de Asuntos Europeos el 15 de octubre para preparar una cumbre posterior y quienes deberían decidir si puede haber un acuerdo para fines de mes.
La justicia de Escocia consideró este lunes innecesario forzar al primer ministro británico, Boris Johnson, a acatar una ley que lo obliga a pedir otro aplazamiento del Brexit a falta de un acuerdo con la Unión Europea (UE), que le sigue pidiendo modificar sus propuestas. Intensificando los contactos, Johnson habló en los últimos días con los mandatarios de Francia, Finlandia, Holanda, Portugal, Dinamarca, Suecia y Polonia, según su oficina, mientras que su ministro para el Brexit, Steve Barclay, inició en Holanda un serie de visitas a sus socios.
En Bruselas, mientras tanto, el principal negociador británico, David Frost, reanudó los contactos con su contraparte europea a la que proporcionó este lunes “contenido legal adicional” sobre las regulaciones aduaneras y mercancías, explicó el gobierno británico.
La semana pasada, Johnson presentó su esperada propuesta de divorcio y pidió a sus 27 socios que hicieran concesiones para llegar a un acuerdo, si no, de lo contrario, prometió retirar a su país de la UE el 31 de octubre de forma abrupta. El Parlamento británico aprobó en septiembre una ley que le impone pedir una nueva prórroga de tres meses si no ha logrado un pacto con la UE para el 19 de octubre, justo después de una cumbre europea. La ley incluye el texto de la carta que el gobierno debería enviar a Bruselas.
Pero, desde hace semanas, crece la especulación respecto a la intención del premier británico de encontrar una brecha legal para no pedir el aplazamiento del Brexit o incluso de pedir a algún país del bloque que lo vete, un temor que llegó hasta un tribunal de Edimburgo.
En respuesta a un empresario, una diputada y un abogado proeuropeos, que pedían obligar al líder conservador a pedir una prórroga, el tribunal consideró que el gobierno dio “garantías inequívocas” de que acataría la ley, por lo que desestimó la demanda. “No estoy convencido de que sea necesario que el tribunal conceda las órdenes solicitadas o cualquier variante de ellas”, señaló el juez, para quien si Johnson no aplica lo estipulado resultaría “destructivo” para la “confianza mutua” entre los tribunales y los políticos.
“Cada día cuenta”
El gobierno de Johnson ha asegurado en repetidas ocasiones que respetará la legislación y volvió a hacerlo el viernes en un documento presentado al tribunal de Edimburgo, una afirmación que entra en abierta contradicción con su discurso oficial.
“Acataremos la ley y saldremos de la UE el 31 de octubre. La manera en que se logre legalmente es asunto del gobierno”, subrayó este lunes el portavoz de Downing Street, en la línea del primer ministro que asegura a los cuatro vientos que el país se marchará “pase lo que pase”.
Tras el referéndum de 2016, el Reino Unido debía haber abandonado el bloque el pasado mes de marzo. Pero ante el reiterado rechazo del Parlamento al acuerdo de divorcio negociado por la anterior primera ministra, Theresa May, la fecha fue aplazada dos veces, hasta este 31 de octubre.
Johnson, en el poder desde julio, quiere cambiar el punto más conflictivo del texto: cómo mantener abierta la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la vecina República de Irlanda -miembro de la UE- para no amenazar el frágil acuerdo de paz que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento conflicto.
El domingo advirtió en su conversación telefónica con el francés Emmanuel Macron que ésta es la “última oportunidad” de obtener un acuerdo, y que los líderes europeos no deberían confiar en que el Parlamento británico impida una salida brusca. Pero al mismo tiempo, intenta despejar las dudas de los 27 sobre su propuesta para desbloquear el acuerdo. Los puntos “problemáticos” señalados por la UE apuntan a los controles aduaneros y al veto que tendría el parlamento norirlandés a su permanencia en el mercado único europeo.
“Cada día cuenta”, indicó este lunes la vocera de la Comisión Europea, Mina Andreeva, para quien la UE “necesita una solución y no arreglos que puedan ser revocados o dejados de lado para una negociación ulterior”.
El tiempo apremia. Los europeos se fijaron la fecha del viernes para evaluar la posibilidad de un acuerdo, antes de la reunión de los ministros de Asuntos Europeos el 15 de octubre para preparar una cumbre posterior y quienes deberían decidir si puede haber un acuerdo para fines de mes.
