Revelan que 1.700 curas acusados de abuso sexual trabajan como maestros y adoptan niños en Estados Unidos
Una investigación de Associated Press expuso que un gran número de sacerdotes que fueron expulsados de la Iglesia Católica por denuncias “creíbles” viven y trabajan rodeados de menores, sin ningún tipo de supervisión por parte de las autoridades
Infobae
Casi 1,700 sacerdotes y otros miembros del clero que la Iglesia Católica Romana considera creíblemente acusados de abuso sexual infantil están viviendo debajo del radar, con poca o ninguna supervisión de las autoridades religiosas o de las fuerzas de seguridad, décadas después de que la primera ola del escándalo de abuso agitara a las diócesis de los Estados Unidos.
Una investigación de Associated Press ha encontrado que estos curas, diáconos, monjes y laicos ahora enseñan matemática en escuelas. Aconsejan a los sobrevivientes de ataques sexuales. Trabajan como enfermeros y voluntarias en organizaciones sin fines de lucro destinadas a ayudar a niños en situación de riesgo. Viven cerca de parques infantiles y guarderías. Acogen y cuidan a los niños. Desde que dejaron la iglesia, docenas de ellos han cometido crímenes, incluyendo abuso sexual y posesión de pornografía infantil.
La presión de parte de las diócesis católicas para publicar los nombres de aquellos que considera que han recibido acusaciones creíbles ha abierto una ventana hacia el desalentador problema de cómo monitorear y rastrear a sacerdotes que nunca fueron acusados penalmente y que, en muchos casos, fueron sacados de la iglesia o la dejaron para vivir como ciudadanos comunes.
Cada diócesis determina su propio estándar para considerar a un sacerdote creíblemente acusado. Las imputaciones van desde conversaciones inapropiadas y abrazos no deseados hasta sodomía forzada y violación.
Hasta ahora, las diócesis y las órdenes religiosas han compartido los nombres de más de 5.100 miembros del clero. Más de las tres cuartas partes se dieron a conocer sólo en el último año. AP investigó a los casi 2,000 que permanecen vivos para determinar dónde han vivido y trabajado, en lo que se considera la revisión a mayor escala hasta la fecha.
Además de los casi 1.700 que AP pudo identificar como no supervisados, hay 76 que no pudieron ser localizados. El resto estaba bajo algún tipo de vigilancia: algunos en prisión, otros supervisados por programas de la iglesia.
La revisión encontró cientos de curas que ocupan puestos de responsabilidad, muchos de ellos con acceso a niños. Más de 160 continuaron trabajando o ofreciéndose como voluntarios en iglesias, incluyendo docenas de diócesis católicas en el extranjero y algunas de otras denominaciones. Aproximadamente 190 obtuvieron licencias profesionales para trabajar en educación, medicina, trabajo social y consejería, incluyendo 76 que, hasta agosto, todavía tenían credenciales válidas en esos campos. La investigación también reveló casos en los que los sacerdotes pudieron volver a aprovecharse de víctimas.
Por ejemplo, después de que Roger Sinclair fuera removido por la Diócesis de Greensburg en Pennsylvania en 2002 por presunto abuso de un adolescente décadas antes, se fue a vivir a Oregon. En 2017 fue arrestado por abusar repetidamente de un joven discapacitado y ahora está encarcelado por un crimen que el investigador principal del caso dice que nunca debió permitirse que ocurriera.
Al igual que Sinclair, la mayoría de las personas incluidas en la lista de acusados creíbles nunca fueron procesadas penalmente por el abuso alegado cuando formaban parte de la iglesia. Esa falta de antecedentes penales ha revelado un área gris considerable que las juntas estatales de licencias y los servicios de verificación de antecedentes no están diseñados para manejar cuando los ex sacerdotes buscan un nuevo empleo, solicitan ser padres adoptivos y viven en comunidades que desconocen su pasado.
También ha dejado a las diócesis debatiendo la forma en que los ex-empleados deben ser rastreados y monitoreados. Los defensores de víctimas han presionado para que haya más supervisión, pero los funcionarios eclesiásticos dicen que va más allá de lo que legalmente pueden hacer. Y las autoridades civiles, como los departamentos de policía o los fiscales, afirman que su ámbito de aplicación se limita a las personas condenadas por delitos.
Esto significa que el pesado trabajo de rastrear a los ex sacerdotes ha recaído sobre las organizaciones ciudadanas y de víctimas, cuyas denuncias han alimentado las suspensiones, expulsiones y despidos. Pero aún así, las lagunas en las leyes estatales permiten que muchos ex clérigos conserven sus nuevos empleos aun cuando la historia de las acusaciones se haga pública.
Casi 1,700 sacerdotes y otros miembros del clero que la Iglesia Católica Romana considera creíblemente acusados de abuso sexual infantil están viviendo debajo del radar, con poca o ninguna supervisión de las autoridades religiosas o de las fuerzas de seguridad, décadas después de que la primera ola del escándalo de abuso agitara a las diócesis de los Estados Unidos.
Una investigación de Associated Press ha encontrado que estos curas, diáconos, monjes y laicos ahora enseñan matemática en escuelas. Aconsejan a los sobrevivientes de ataques sexuales. Trabajan como enfermeros y voluntarias en organizaciones sin fines de lucro destinadas a ayudar a niños en situación de riesgo. Viven cerca de parques infantiles y guarderías. Acogen y cuidan a los niños. Desde que dejaron la iglesia, docenas de ellos han cometido crímenes, incluyendo abuso sexual y posesión de pornografía infantil.
La presión de parte de las diócesis católicas para publicar los nombres de aquellos que considera que han recibido acusaciones creíbles ha abierto una ventana hacia el desalentador problema de cómo monitorear y rastrear a sacerdotes que nunca fueron acusados penalmente y que, en muchos casos, fueron sacados de la iglesia o la dejaron para vivir como ciudadanos comunes.
Cada diócesis determina su propio estándar para considerar a un sacerdote creíblemente acusado. Las imputaciones van desde conversaciones inapropiadas y abrazos no deseados hasta sodomía forzada y violación.
Hasta ahora, las diócesis y las órdenes religiosas han compartido los nombres de más de 5.100 miembros del clero. Más de las tres cuartas partes se dieron a conocer sólo en el último año. AP investigó a los casi 2,000 que permanecen vivos para determinar dónde han vivido y trabajado, en lo que se considera la revisión a mayor escala hasta la fecha.
Además de los casi 1.700 que AP pudo identificar como no supervisados, hay 76 que no pudieron ser localizados. El resto estaba bajo algún tipo de vigilancia: algunos en prisión, otros supervisados por programas de la iglesia.
La revisión encontró cientos de curas que ocupan puestos de responsabilidad, muchos de ellos con acceso a niños. Más de 160 continuaron trabajando o ofreciéndose como voluntarios en iglesias, incluyendo docenas de diócesis católicas en el extranjero y algunas de otras denominaciones. Aproximadamente 190 obtuvieron licencias profesionales para trabajar en educación, medicina, trabajo social y consejería, incluyendo 76 que, hasta agosto, todavía tenían credenciales válidas en esos campos. La investigación también reveló casos en los que los sacerdotes pudieron volver a aprovecharse de víctimas.
Por ejemplo, después de que Roger Sinclair fuera removido por la Diócesis de Greensburg en Pennsylvania en 2002 por presunto abuso de un adolescente décadas antes, se fue a vivir a Oregon. En 2017 fue arrestado por abusar repetidamente de un joven discapacitado y ahora está encarcelado por un crimen que el investigador principal del caso dice que nunca debió permitirse que ocurriera.
Al igual que Sinclair, la mayoría de las personas incluidas en la lista de acusados creíbles nunca fueron procesadas penalmente por el abuso alegado cuando formaban parte de la iglesia. Esa falta de antecedentes penales ha revelado un área gris considerable que las juntas estatales de licencias y los servicios de verificación de antecedentes no están diseñados para manejar cuando los ex sacerdotes buscan un nuevo empleo, solicitan ser padres adoptivos y viven en comunidades que desconocen su pasado.
También ha dejado a las diócesis debatiendo la forma en que los ex-empleados deben ser rastreados y monitoreados. Los defensores de víctimas han presionado para que haya más supervisión, pero los funcionarios eclesiásticos dicen que va más allá de lo que legalmente pueden hacer. Y las autoridades civiles, como los departamentos de policía o los fiscales, afirman que su ámbito de aplicación se limita a las personas condenadas por delitos.
Esto significa que el pesado trabajo de rastrear a los ex sacerdotes ha recaído sobre las organizaciones ciudadanas y de víctimas, cuyas denuncias han alimentado las suspensiones, expulsiones y despidos. Pero aún así, las lagunas en las leyes estatales permiten que muchos ex clérigos conserven sus nuevos empleos aun cuando la historia de las acusaciones se haga pública.
