Perú le prohibió el ingreso al país a dos jueces de la Corte Suprema chavista
Los magistrados tenían previsto asistir en Lima a una reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La dictadura venezolana, que no dio a conocer los nombres de los involucrados, se quejó de la medida
Infobae
En el marco de la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, Perú retuvo momentáneamente y le negó el ingreso al país a dos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, de línea chavista.
“Se les denegó el ingreso y posteriormente se les obligó a que retornaran a Venezuela”, señaló la cancillería chavista en un comunicado, en el que consideró el caso como un “atropello” que viola acuerdos internacionales.
Los jueces tenían previsto asistir en Lima a una reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, recordó el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.
En enero pasado, Perú prohibió el ingreso al país al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a los integrantes de la cúpula del régimen, además de disponer el bloqueo de sus transferencias bancarias, en cumplimiento de los acuerdos del Grupo de Lima, bloque que presiona por la salida del poder del líder chavista.
La medida se extiende a familiares de Maduro, a quien el Grupo de Lima -integrado por una docena de países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá- considera gobernante ilegítimo, al tiempo que reconoce al opositor y jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino.
Sin revelar los nombres de los magistrados, el régimen venezolano exigió a Lima “evitar que hechos como este se repitan”.
La prensa local, por su parte, informa que se trata de Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales, quienes se encuentran sancionados por Canadá y Estados Unidos.
Guaidó acusa al TSJ de servir a Maduro mediante sentencias como las que declararon en desacato al Parlamento, de mayoría opositora y sustituido en la práctica por una Asamblea Constituyente integrada únicamente por el chavismo, que detenta el poder.
Otras naciones como Colombia y Chile han cerrado las puertas a centenares de funcionarios chavistas, como parte de su presión para forzar la renuncia de Maduro, a quien tildan de “dictador” y al que acusan como responsable principal de la crisis humanitaria que forzó la migración de más de cuatro millones de venezolanos desde 2016.
El dictador chavista también hace frente a una cascada de sanciones de Estados Unidos, principal apoyo internacional de Guaidó, que incluyen un embargo petrolero y el congelamiento de activos estatales en ese país. Ante la creciente presión en su contra, Maduro se aferra al poder con el respaldo de los militares, de Rusia y China.
En el marco de la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, Perú retuvo momentáneamente y le negó el ingreso al país a dos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, de línea chavista.
“Se les denegó el ingreso y posteriormente se les obligó a que retornaran a Venezuela”, señaló la cancillería chavista en un comunicado, en el que consideró el caso como un “atropello” que viola acuerdos internacionales.
Los jueces tenían previsto asistir en Lima a una reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, recordó el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.
En enero pasado, Perú prohibió el ingreso al país al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a los integrantes de la cúpula del régimen, además de disponer el bloqueo de sus transferencias bancarias, en cumplimiento de los acuerdos del Grupo de Lima, bloque que presiona por la salida del poder del líder chavista.
La medida se extiende a familiares de Maduro, a quien el Grupo de Lima -integrado por una docena de países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá- considera gobernante ilegítimo, al tiempo que reconoce al opositor y jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino.
Sin revelar los nombres de los magistrados, el régimen venezolano exigió a Lima “evitar que hechos como este se repitan”.
La prensa local, por su parte, informa que se trata de Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales, quienes se encuentran sancionados por Canadá y Estados Unidos.
Guaidó acusa al TSJ de servir a Maduro mediante sentencias como las que declararon en desacato al Parlamento, de mayoría opositora y sustituido en la práctica por una Asamblea Constituyente integrada únicamente por el chavismo, que detenta el poder.
Otras naciones como Colombia y Chile han cerrado las puertas a centenares de funcionarios chavistas, como parte de su presión para forzar la renuncia de Maduro, a quien tildan de “dictador” y al que acusan como responsable principal de la crisis humanitaria que forzó la migración de más de cuatro millones de venezolanos desde 2016.
El dictador chavista también hace frente a una cascada de sanciones de Estados Unidos, principal apoyo internacional de Guaidó, que incluyen un embargo petrolero y el congelamiento de activos estatales en ese país. Ante la creciente presión en su contra, Maduro se aferra al poder con el respaldo de los militares, de Rusia y China.
