Imágenes de cómo torturan a los presos en una comisaría venezolana
Se difundieron imágenes del interior de una sede policial del estado Anzoátegui. Las personas privadas de su libertad aparecen desnudas, acostadas boca abajo y en pésimas condiciones de higiene y seguridad
Infobae
Desnudos, boca abajo, rodeados de suciedad, con las manos tomándose sus cuellos, con gallos peleando arriba de ellos y con policías que se ríen mientras un oficial golpea con un palo de madera a un preso tirado en el suelo, desprotegido e implorando no recibir más agresiones. En esas condiciones, aparecen aquellos privados de su libertad en un video de 45 segundos de duración sobre lo que sucede en una comisaría de Venezuela.
Las imágenes fueron difundidas por la periodista Alexandra Belandia en su cuenta de Twitter y se viralizaron rápidamente. “Cuando pregunten sobre Derechos Humanos en Venezuela; lo que sucede en las Comisarias/Prisiones (escuche el diálogo). El trato entre la Policía y sus privados; además de 'la reinserción’ a la sociedad a través de ‘grandes obras’ de Maduro. Muestre el video”. Con ese mensaje, la comunicadora difundió el video que generó la indignación de todo un país.
De acuerdo a lo que informó el medio venezolano ACN, el video fue grabado por un oficial en un patio del Centro de Coordinación de la Policía en Anaco. Según lo que informó la prensa local, al menos 82 presos fueron golpeados durante al menos dos horas y se les negó el agua y la comida por 24 horas. El castigo se debió a que los reclusos se habían declarado en huelga contra la falta de alimento, el agua limpia y los medicamentos.
Fue tal el revuelo que se generó en Venezuela que tuvo que salir a hablar del caso el fiscal general de la nación, Tarek William Saab. El funcionario afín al régimen de Nicolás Maduro ordenó que se investiguen las violaciones a los derechos humanos de los presos que se encuentran en la sede de la Policía de Anaco, en el estado Anzoátegui.
Saab informó que designó a dos fiscales en materia de derechos humanos para que investiguen las agresiones e indicó que imputarán por su responsabilidad al comisario Hernán Díaz, a los funcionarios Jackson Guevara, José Fernández y José Mendoza; y a dos subalternos.
El régimen de Maduro fue señalado por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos. En julio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe en el que denunció esta situación. “El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política”, señaló en su discurso de presentación del documento en Ginebra.
El informe acusó al régimen de Maduro de “graves vulneraciones de derechos”, y documentó, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019. Estos delitos “deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición”, afirmó la alta comisionada.
Bachelet también denunció las repetidas informaciones recibidas sobre torturas durante detenciones arbitrarias, y en este sentido recordó la reciente muerte del ex oficial de Marina Rafael Acosta cuando se encontraba bajo custodia, un caso que pidió sea investigado de forma imparcial y transparente.
Por otro lado, la ex presidente chilena indicó que “las instituciones esenciales y el Estado de derecho en Venezuela se han erosionado” y “el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación corre peligro de ser castigado con represalias y represión”.
También denunció el uso repetido de “fuerza excesiva y letal contra manifestantes” y “ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”.
“La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y a los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la Justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación”, concluyó Bachelet.
Desnudos, boca abajo, rodeados de suciedad, con las manos tomándose sus cuellos, con gallos peleando arriba de ellos y con policías que se ríen mientras un oficial golpea con un palo de madera a un preso tirado en el suelo, desprotegido e implorando no recibir más agresiones. En esas condiciones, aparecen aquellos privados de su libertad en un video de 45 segundos de duración sobre lo que sucede en una comisaría de Venezuela.
Las imágenes fueron difundidas por la periodista Alexandra Belandia en su cuenta de Twitter y se viralizaron rápidamente. “Cuando pregunten sobre Derechos Humanos en Venezuela; lo que sucede en las Comisarias/Prisiones (escuche el diálogo). El trato entre la Policía y sus privados; además de 'la reinserción’ a la sociedad a través de ‘grandes obras’ de Maduro. Muestre el video”. Con ese mensaje, la comunicadora difundió el video que generó la indignación de todo un país.
De acuerdo a lo que informó el medio venezolano ACN, el video fue grabado por un oficial en un patio del Centro de Coordinación de la Policía en Anaco. Según lo que informó la prensa local, al menos 82 presos fueron golpeados durante al menos dos horas y se les negó el agua y la comida por 24 horas. El castigo se debió a que los reclusos se habían declarado en huelga contra la falta de alimento, el agua limpia y los medicamentos.
Fue tal el revuelo que se generó en Venezuela que tuvo que salir a hablar del caso el fiscal general de la nación, Tarek William Saab. El funcionario afín al régimen de Nicolás Maduro ordenó que se investiguen las violaciones a los derechos humanos de los presos que se encuentran en la sede de la Policía de Anaco, en el estado Anzoátegui.
Saab informó que designó a dos fiscales en materia de derechos humanos para que investiguen las agresiones e indicó que imputarán por su responsabilidad al comisario Hernán Díaz, a los funcionarios Jackson Guevara, José Fernández y José Mendoza; y a dos subalternos.
El régimen de Maduro fue señalado por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos. En julio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe en el que denunció esta situación. “El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política”, señaló en su discurso de presentación del documento en Ginebra.
El informe acusó al régimen de Maduro de “graves vulneraciones de derechos”, y documentó, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019. Estos delitos “deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición”, afirmó la alta comisionada.
Bachelet también denunció las repetidas informaciones recibidas sobre torturas durante detenciones arbitrarias, y en este sentido recordó la reciente muerte del ex oficial de Marina Rafael Acosta cuando se encontraba bajo custodia, un caso que pidió sea investigado de forma imparcial y transparente.
Por otro lado, la ex presidente chilena indicó que “las instituciones esenciales y el Estado de derecho en Venezuela se han erosionado” y “el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación corre peligro de ser castigado con represalias y represión”.
También denunció el uso repetido de “fuerza excesiva y letal contra manifestantes” y “ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”.
“La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y a los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la Justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación”, concluyó Bachelet.
