El escándalo de torturas que Bolsonaro considera una “tontería” y Moro, “un “malentendido”
Fiscales federales denuncian que los policías enviados para retomar el control de 13 violentas prisiones en Pará abusan sistemáticamente de los presos
Felipe Betim
São Paulo, El País
Los agentes federales enviados por el Ministerio de Justicia de Brasil a algunas de las cárceles más violentas del Estado de Pará supuestamente han implantado una rutina de torturas y atrocidades “a escala industrial”, según la denuncia firmada por 17 de los 28 fiscales del Ministerio Público Federal que actúan en dicho Estado. Expresidiarios, familiares de reclusos y funcionarios estatales han relatado a los fiscales las prácticas habituales que incluyen escobazos, ataques diarios con pelotas de goma y gas pimienta, empalamiento anal y perforación de los pies con clavos, entre otras barbaridades. El proceso por falta de probidad administrativa iniciado por la Fiscalía apunta al coordinador de la unidad especial, Maycon Cesar Rottava. La Justicia Federal de Pará lo apartó cautelarmente de su puesto el pasado 2 de julio.
El Operativo de Intervención Penitenciaria (FTIP, por sus siglas en portugués), formado por agentes federales y estatales, fue autorizado a finales de julio por el ministro de Justicia, Sérgio Moro, a instancias del gobernador de Pará, Helder Barbalho. La intervención fue una respuesta del Gobierno a la crisis del sistema penitenciario local. El 29 de julio, un conflicto entre bandas criminales provocó una masacre con 58 presos en la cárcel de Altamira. Dos días después, otros cuatro reos murieron dentro de un furgón policial durante un traslado de presos. Desde entonces, son los agentes federales designados por Moro quienes actúan en el sistema penitenciario del citado Estado. "Parece que han hecho una selección de psicópatas y les han dado el derecho de regocijarse de los internos; lo que vemos es la banalización del mal. ¿Qué si antes había tortura? Sí, pero era algo puntual, aislado. Tras la intervención federal, es generalizado", afirmó a los fiscales un funcionario estatal, que declaró con la condición de quedar en el anonimato.
Este lunes, en medio del escándalo, Moro acudió a la ciudad de Ananindeua para verificar los trabajos de la intervención federal. Le acompañaban el gobernador y Rottava, el agente apartado. Al ser preguntado, Moro afirmó que la denuncia del ministerio fiscal era un “malentendido”. “Creo que las bases que han llevado a iniciar este procedimiento no son correctas. Estoy absolutamente convencido de que, tan pronto como los hechos se aclaren totalmente, este asunto se resolverá. La intervención ha traído disciplina dentro de los presidios”, declaró el antiguo juez. Con respecto a la presencia de Rottava, el gobernador afirmó que él estaba en la condición de asesor del Departamento Penitenciario Nacional.
El ministro Moro y el Departamento Penitenciario Nacional han reafirmado este miércoles que no reconocen los relatos de tortura generalizada en los 13 centros penitenciarios donde están los agentes federales. La denuncia y la decisión de apartar a Rottava están en el ámbito de la Justicia Federal. Sin embargo, la Justicia del Estado de Pará también ha refutado las denuncias. La nota del departamento penitenciario dice que informes periciales de la justicia local aseguran que 64 presas y 11 presos mintieron al decir que habían sido maltratados. “La FTIP ha implementado la disciplina, algo muy importante en la cárcel”, afirma en la nota un juez de Pará. “La presencia de los agentes federales ha restablecido el control de las cárceles”, concluye a su vez del ministerio público estatal en la nota.
Este martes, el presidente Jair Bolsonaro se negó a comentar el caso, destapado por el diario O Globo. Se limitó a decirles a los periodistas lo siguiente: “Solo preguntáis tonterías, tonterías todo el rato”. Los fiscales también se basaron en las declaraciones de representantes del Colegio de Abogados de Brasil, de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura —organismo vinculado al Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos— que visitaron los establecimientos penitenciarios.
En su medida preliminar provisional, el juez federal Jorge Ferraz de Oliveira Junior argumentó que hay suficientes indicios de falta de probidad administrativa por parte de Rottava, determinando así su cese para evitar daños al proceso penal. "Aunque no consten en los autos elementos que indiquen que el denunciado haya ejecutado actos de abuso de autoridad, tortura y malos tratos, hay indicios de que, por su postura omisiva, haya participado en su práctica", escribió.
Terror generalizado
Al horror de las celdas superpobladas y de las peleas entre facciones, hay que añadirle, dentro del panorama descrito por la Fiscalía, un terror generalizado implantado por el propio Estado. A diferencia de otras ocasiones, las torturas relatadas ya no ocurren de forma aislada. Los agentes, supuestamente, obligaban a los presos a pasar días enteros sentados en el patio, desnudos y en fila, con la mano en la cabeza y la rodilla en la frente, sin comida y teniendo que hacer sus necesidades allí mismo. Y si alguien se movía para aliviar el dolor en la espalda, le pegaban.
"Vi [a dos agentes] agarrando la empuñadura de una pistola e introduciéndosela a un chico en el culo. (...) Primero intentaron introducirle un mango de una azada pero, como no lo consiguieron, lo hicieron con la empuñadura de la pistola; es más, vi a ese chico salir en ambulancia, con los médicos atendiéndolo", contó un expresidiario sobre el día que él y sus compañeros tuvieron que permanecer desde las 07.30 hasta las 16.45 en el campo de fútbol del presidio, desnudos y bajo un sol abrasador, mientras eran sometidos a ráfagas de gas pimienta en la cara y escobazos en la espalda.
También narró la truculencia de los agentes cuando tenían que cachear a los internos. "He escuchado de otros presos que los federales les acariciaban sus partes, llegando incluso a meterles el dedo en el ano. Eso nunca había pasado antes. Nos mandan despellejar el pene, es decir, retirar hacia atrás la piel del glande, darnos la vuelta y abrir las nalgas para que vean nuestros anos", contó el joven.
Una abogada que visitó uno de los centros dice que la "situación es la más deplorable posible", similar a un "campo nazi”.
São Paulo, El País
Los agentes federales enviados por el Ministerio de Justicia de Brasil a algunas de las cárceles más violentas del Estado de Pará supuestamente han implantado una rutina de torturas y atrocidades “a escala industrial”, según la denuncia firmada por 17 de los 28 fiscales del Ministerio Público Federal que actúan en dicho Estado. Expresidiarios, familiares de reclusos y funcionarios estatales han relatado a los fiscales las prácticas habituales que incluyen escobazos, ataques diarios con pelotas de goma y gas pimienta, empalamiento anal y perforación de los pies con clavos, entre otras barbaridades. El proceso por falta de probidad administrativa iniciado por la Fiscalía apunta al coordinador de la unidad especial, Maycon Cesar Rottava. La Justicia Federal de Pará lo apartó cautelarmente de su puesto el pasado 2 de julio.
El Operativo de Intervención Penitenciaria (FTIP, por sus siglas en portugués), formado por agentes federales y estatales, fue autorizado a finales de julio por el ministro de Justicia, Sérgio Moro, a instancias del gobernador de Pará, Helder Barbalho. La intervención fue una respuesta del Gobierno a la crisis del sistema penitenciario local. El 29 de julio, un conflicto entre bandas criminales provocó una masacre con 58 presos en la cárcel de Altamira. Dos días después, otros cuatro reos murieron dentro de un furgón policial durante un traslado de presos. Desde entonces, son los agentes federales designados por Moro quienes actúan en el sistema penitenciario del citado Estado. "Parece que han hecho una selección de psicópatas y les han dado el derecho de regocijarse de los internos; lo que vemos es la banalización del mal. ¿Qué si antes había tortura? Sí, pero era algo puntual, aislado. Tras la intervención federal, es generalizado", afirmó a los fiscales un funcionario estatal, que declaró con la condición de quedar en el anonimato.
Este lunes, en medio del escándalo, Moro acudió a la ciudad de Ananindeua para verificar los trabajos de la intervención federal. Le acompañaban el gobernador y Rottava, el agente apartado. Al ser preguntado, Moro afirmó que la denuncia del ministerio fiscal era un “malentendido”. “Creo que las bases que han llevado a iniciar este procedimiento no son correctas. Estoy absolutamente convencido de que, tan pronto como los hechos se aclaren totalmente, este asunto se resolverá. La intervención ha traído disciplina dentro de los presidios”, declaró el antiguo juez. Con respecto a la presencia de Rottava, el gobernador afirmó que él estaba en la condición de asesor del Departamento Penitenciario Nacional.
El ministro Moro y el Departamento Penitenciario Nacional han reafirmado este miércoles que no reconocen los relatos de tortura generalizada en los 13 centros penitenciarios donde están los agentes federales. La denuncia y la decisión de apartar a Rottava están en el ámbito de la Justicia Federal. Sin embargo, la Justicia del Estado de Pará también ha refutado las denuncias. La nota del departamento penitenciario dice que informes periciales de la justicia local aseguran que 64 presas y 11 presos mintieron al decir que habían sido maltratados. “La FTIP ha implementado la disciplina, algo muy importante en la cárcel”, afirma en la nota un juez de Pará. “La presencia de los agentes federales ha restablecido el control de las cárceles”, concluye a su vez del ministerio público estatal en la nota.
Este martes, el presidente Jair Bolsonaro se negó a comentar el caso, destapado por el diario O Globo. Se limitó a decirles a los periodistas lo siguiente: “Solo preguntáis tonterías, tonterías todo el rato”. Los fiscales también se basaron en las declaraciones de representantes del Colegio de Abogados de Brasil, de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura —organismo vinculado al Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos— que visitaron los establecimientos penitenciarios.
En su medida preliminar provisional, el juez federal Jorge Ferraz de Oliveira Junior argumentó que hay suficientes indicios de falta de probidad administrativa por parte de Rottava, determinando así su cese para evitar daños al proceso penal. "Aunque no consten en los autos elementos que indiquen que el denunciado haya ejecutado actos de abuso de autoridad, tortura y malos tratos, hay indicios de que, por su postura omisiva, haya participado en su práctica", escribió.
Terror generalizado
Al horror de las celdas superpobladas y de las peleas entre facciones, hay que añadirle, dentro del panorama descrito por la Fiscalía, un terror generalizado implantado por el propio Estado. A diferencia de otras ocasiones, las torturas relatadas ya no ocurren de forma aislada. Los agentes, supuestamente, obligaban a los presos a pasar días enteros sentados en el patio, desnudos y en fila, con la mano en la cabeza y la rodilla en la frente, sin comida y teniendo que hacer sus necesidades allí mismo. Y si alguien se movía para aliviar el dolor en la espalda, le pegaban.
"Vi [a dos agentes] agarrando la empuñadura de una pistola e introduciéndosela a un chico en el culo. (...) Primero intentaron introducirle un mango de una azada pero, como no lo consiguieron, lo hicieron con la empuñadura de la pistola; es más, vi a ese chico salir en ambulancia, con los médicos atendiéndolo", contó un expresidiario sobre el día que él y sus compañeros tuvieron que permanecer desde las 07.30 hasta las 16.45 en el campo de fútbol del presidio, desnudos y bajo un sol abrasador, mientras eran sometidos a ráfagas de gas pimienta en la cara y escobazos en la espalda.
También narró la truculencia de los agentes cuando tenían que cachear a los internos. "He escuchado de otros presos que los federales les acariciaban sus partes, llegando incluso a meterles el dedo en el ano. Eso nunca había pasado antes. Nos mandan despellejar el pene, es decir, retirar hacia atrás la piel del glande, darnos la vuelta y abrir las nalgas para que vean nuestros anos", contó el joven.
Una abogada que visitó uno de los centros dice que la "situación es la más deplorable posible", similar a un "campo nazi”.
