Médicos se apoyan en fallo del TCP y conminan a Montaño a solucionar el conflicto en salud

El director del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que, de no ser atendidas sus demandas, los médicos radicalizarán las medidas de presión con piquetes de huelga de hambre a partir de la siguiente semana.

Página Siete Digital / La Paz
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, pidió este martes al Gobierno que acate el reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y convoque a mesas de diálogo, caso contrario el sector radicalizará con huelgas de hambre en todos los departamentos a partir de la siguiente semana.


"Lo que dice esta sentencia constitucional dice que los diferentes órganos del Estado deben priorizar la atención de los reclamos y motivos de protesta de huelga del sector salud, dada la vinculación con el derecho a la vida. Para tal efecto, corresponderá la instalación inmediata de mesas de diálogo y negociación", explicó Larrea.

El galeno informó que el fallo del TCP que fue conocido hoy, conmina al Estado a llamar a mesas de diálogo para resolver los conflictos del sector salud.

"El TCP lo que le está diciendo a la ministra de Salud ( Gabriela Montaño) y al Gobierno, que se sienten a dialogar y a resolver los problemas de salud de la población boliviana", aseveró Larrea.

El galeno añadió que, de acuerdo al fallo del TCP, el Estado debe agotar todos los mecanismos para llegar al diálogo con el sector. De no ser así, los médicos radicalizarán sus medidas de presión con piquetes de huelga de hambre a partir de la siguiente semana.

"El Estado tiene la obligación de garantizar los servicios de salud (...). Hoy día tenemos cinco puntos en discusión. Ahora se está haciendo una llamada a nivel nacional, se va a convocar a un consejo nacional para fin de semana. Lastimosamente desde la próxima semana comenzamos con los piquetes de huelga (de hambre) en los diferentes departamentos", señaló.


El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este martes un fallo que reconoce el derecho a la huelga del sector salud, pero afirma que la suspensión de los servicios no puede ser indefinido.

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