El Grupo de Lima impulsa en la ONU la creación de una comisión que investigue la violación a los derechos humanos del régimen de Maduro
El bloque presentó el proyecto de resolución ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas. La dictadura chavista se ha negado sistemáticamente a recibir expertos independientes
Infobae
Los países del llamado Grupo de Lima han presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un proyecto de resolución sobre Venezuela, en el que piden la creación de una comisión que investigue las violaciones de los derechos y libertades fundamentales ocurridas en este país desde enero de 2014.
Mecanismos de este tipo sólo son establecidos cuando se considera que la situación de derechos humanos en un país es muy alarmante.
Nueve de los once países que forman el Grupo (Argentina, Brasil, Canadá, Chie, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú), además de Guyana, figuran como los principales impulsores de la resolución, que será debatida a finales de la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).
Este organismo celebra en Ginebra su 42º periodo de sesiones, al que el ministro chavista de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, acudió recientemente para denunciar una vez más las sanciones económicas de Estados Unidos en contra de su país y el impacto que tienen sobre la población.
Según la versión aparecida en la página web del CDH, el proyecto de resolución solicita a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, que se asegure de que la comisión investigadora empezará su trabajo rápidamente y que le proporcione los recursos necesarios para este fin.
El periodo inicial de funcionamiento de la comisión -instancias que suelen estar formadas por juristas independientes de la ONU- será de un año y su periodo de investigación deberá remontarse a principios de 2014, cuando se realizaron las primeras grandes manifestaciones ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
De aprobarse la resolución, su mandato incluirá identificar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones para que paguen por sus actos, así como cooperar con las autoridades de Venezuela, la sociedad civil, la ONU y la OEA para mejorar la situación.
Al régimen de Maduro – al que se acusa de represión y persecución política, de tener detenidos políticos y de utilizar la ayuda alimentaria y otros programas sociales para sus fines – se le insta a colaborar con la ONU.
Sin embargo, esto es considerado poco probable porque Venezuela se ha negado sistemáticamente a recibir a expertos y observadores de derechos humanos de la organización internacional, con excepción de una visita que hizo Bachelet a Venezuela el pasado junio y que fue precedida de una misión de su oficina que preparó el terreno para la misma.
Los países del llamado Grupo de Lima han presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un proyecto de resolución sobre Venezuela, en el que piden la creación de una comisión que investigue las violaciones de los derechos y libertades fundamentales ocurridas en este país desde enero de 2014.
Mecanismos de este tipo sólo son establecidos cuando se considera que la situación de derechos humanos en un país es muy alarmante.
Nueve de los once países que forman el Grupo (Argentina, Brasil, Canadá, Chie, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú), además de Guyana, figuran como los principales impulsores de la resolución, que será debatida a finales de la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).
Este organismo celebra en Ginebra su 42º periodo de sesiones, al que el ministro chavista de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, acudió recientemente para denunciar una vez más las sanciones económicas de Estados Unidos en contra de su país y el impacto que tienen sobre la población.
Según la versión aparecida en la página web del CDH, el proyecto de resolución solicita a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, que se asegure de que la comisión investigadora empezará su trabajo rápidamente y que le proporcione los recursos necesarios para este fin.
El periodo inicial de funcionamiento de la comisión -instancias que suelen estar formadas por juristas independientes de la ONU- será de un año y su periodo de investigación deberá remontarse a principios de 2014, cuando se realizaron las primeras grandes manifestaciones ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
De aprobarse la resolución, su mandato incluirá identificar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones para que paguen por sus actos, así como cooperar con las autoridades de Venezuela, la sociedad civil, la ONU y la OEA para mejorar la situación.
Al régimen de Maduro – al que se acusa de represión y persecución política, de tener detenidos políticos y de utilizar la ayuda alimentaria y otros programas sociales para sus fines – se le insta a colaborar con la ONU.
Sin embargo, esto es considerado poco probable porque Venezuela se ha negado sistemáticamente a recibir a expertos y observadores de derechos humanos de la organización internacional, con excepción de una visita que hizo Bachelet a Venezuela el pasado junio y que fue precedida de una misión de su oficina que preparó el terreno para la misma.
