El ‘caso Ayotzinapa’ naufraga en los tribunales
La Fiscalía promete una investigación prácticamente nueva después de que el alud de irregularidades en las investigaciones provoque la liberación de 77 de los 142 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes
Javier Lafuente
Elías Camhaji
México, El País
La investigación del caso Ayotzinapa se encuentra en un callejón sin salida. Tras casi cinco años, México aún no sabe qué sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el Estado sureño de Guerrero. Después de que se documentaran torturas, violaciones de derechos humanos e irregularidades, el proceso judicial naufraga: 77 de 142 implicados han sido liberados. La mayoría de los 65 imputados que aún están detenidos, salvo algunos casos contados que están en prisión por otras causas, se encuentran a un paso de obtener su libertad. Ante el fracaso en los tribunales, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) han anunciado esta semana que se reconstruirá la investigación "desde cero" y que perseguirán penalmente a los encargados que les precedieron, a quienes culpan por el naufragio de las indagatorias.
"El caso se está desmoronando", afirma Luis Tapia, coordinador jurídico del Centro Prodh, que ha acompañado legalmente a los padres de las víctimas. El horizonte judicial es desolador. De los 142 acusados, solo alrededor de una treintena está imputada por la desaparición, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, confirman fuentes cercanas al caso. Se han documentado violaciones a derechos humanos y al debido proceso contra 83 personas, de acuerdo con el Centro Prodh. Entre los agraviados están 42 policías de Iguala, 25 de agentes del municipio aledaño de Cocula, 14 civiles vinculados con el cartel Guerreros Unidos, el alcalde de Cocula y el jefe de protección civil de Iguala. Eso implica que es muy probable que al menos 66 uniformados acusados de estar coludidos con el crimen organizado, uno de los puntos que han provocado más indignación en torno al caso, no enfrenten consecuencias legales.
El último mes ha sido especialmente desalentador para los familiares de las víctimas y el devenir del proceso. Un juez desechó dos tercios de las pruebas que presentó la Fiscalía por considerar que fueron recabadas de forma ilegal y absolvió el pasado 30 de agosto por el secuestro de los estudiantes a Gildardo López Astudillo, alias El Gil. Otras tres personas fueron declaradas inocentes en esa sentencia. El fin de semana pasado, 24 policías de Iguala fueron liberados por violaciones de sus derechos humanos. A diferencia de El Gil, los agentes salieron con un auto de libertad con reservas de ley, es decir, aún podían ser enjuiciados nuevamente, en ese caso, por el delito de desaparición forzada. "El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia", acusó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas: "Las sentencias representan una infamia".
Las grietas del caso, sin embargo, no son nuevas. "Se empezó a caer en tribunales desde el año pasado", explica Tapia. Samuel Ventura Ramos, un magistrado de Tamaulipas, ya había dado en junio de 2018 "un diagnóstico demoledor" sobre el curso de las investigaciones, dice Tapia, pero fue hasta las sentencias recientes que fue señalado por el Gobierno por tumbar el caso. Antes de la última tanda de liberaciones, los primeros que fueron liberados —alrededor de una decena— eran detenidos que habían sido arrestados por hechos relacionados con la llamada "verdad histórica": la línea de investigación que impulsó la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto para dar carpetazo al asunto y que aseguraba que los alumnos habían sido quemados hasta ser reducidos a cenizas en el basurero de Cocula para después ser arrojadas al río San Juan.
Ante el derrumbe judicial, las autoridades han dado un giro político a la narrativa del caso. El Gobierno de López Obrador ha buscado desde un primer momento acompañar a los familiares de los 43 estudiantes. El de Ayotzinapa fue uno de los casos más polémicos de la gestión de su antecesor y, al mismo tiempo, una de las banderas del actual mandatario. La promesa de justicia que le ha hecho a los familiares, ya desde la campaña electoral, ha propiciado que, sin tener un horizonte judicial exitoso, los gestos de López Obrador sean constantes. Lo que está en juego para las instituciones mexicanas no es solo esclarecer la desaparición de los estudiantes, sino demostrar que se han superado viejos vicios como la opacidad del sistema judicial, los errores procedimentales que han dejado impunes grandes casos de corrupción en el pasado y la violencia del Estado contra la ciudadanía. Ese es el grito de indignación que no ha logrado extinguirse cinco años después de que los 43 normalistas fueran confundidos con criminales, estado en manos de las autoridades y nadie haya podido descifrar lo que pasó con ellos desde entonces.
Las autoridades actuales han culpado a sus antecesores del fracaso, en particular, al exprocurador general Jesús Murillo Karam y al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón. Tras reunirse este miércoles López Obrador y el fiscal con los padres de los desaparecidos se incidió en que todas las acciones que dieron lugar a la "verdad histórica" se habían hecho de forma irregular y que en parte se habían caído porque esa línea de investigación no se sostenía con los hechos que se habían podido comprobar.
El reparto de responsabilidades es más complejo. El cúmulo de irregularidades más graves se registró entre octubre y diciembre de 2014, en los cimientos de la investigación que inició el Gobierno de Peña Nieto, y a partir de esas detenciones se obtuvieron confesiones y testimonios que facilitaron otros arrestos posteriores. Una de las implicaciones de que no se hayan admitido la mayoría de las pruebas de la Fiscalía es, por ejemplo, que no se ha podido acreditar en los tribunales la existencia de los Guerreros Unidos como grupo criminal, señala Tapia. La parte que toca al Gobierno de López Obrador y a la Fiscalía, creada como organismo autónomo unas semanas después de la toma de posesión en diciembre pasado, es que en algunas causas hubo la posibilidad de presentar nuevas pruebas que impidieran la liberación de los sospechosos, pero eso no se hizo de forma exitosa.
"Vamos a empezar de nuevo, una nueva investigación: independiente, objetiva y clara", aseguró al salir de la reunión Omar Gómez Trejo, el nuevo fiscal especial para el caso, nombrado en junio pasado. Pero la idea de reiniciar la investigación solo es parcialmente cierta porque aún se intentan impedir nuevas liberaciones y porque se busca que algunos liberados que fueron exculpados parcialmente regresen al banquillo de los acusados. Los padres fueron notificados del viraje en las investigaciones y para muchos de ellos es volver a empezar desde cero, pero hay confianza en la forma como el Gobierno de López Obrador y la Fiscalía manejan el caso, según las declaraciones públicas que han dado. Y esa confianza se fundamenta en la promesa de hacer pagar a Murillo Karam y a Zerón por sus errores, así como en indagar otras líneas de investigación a la "verdad histórica".
Elías Camhaji
México, El País
La investigación del caso Ayotzinapa se encuentra en un callejón sin salida. Tras casi cinco años, México aún no sabe qué sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el Estado sureño de Guerrero. Después de que se documentaran torturas, violaciones de derechos humanos e irregularidades, el proceso judicial naufraga: 77 de 142 implicados han sido liberados. La mayoría de los 65 imputados que aún están detenidos, salvo algunos casos contados que están en prisión por otras causas, se encuentran a un paso de obtener su libertad. Ante el fracaso en los tribunales, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) han anunciado esta semana que se reconstruirá la investigación "desde cero" y que perseguirán penalmente a los encargados que les precedieron, a quienes culpan por el naufragio de las indagatorias.
"El caso se está desmoronando", afirma Luis Tapia, coordinador jurídico del Centro Prodh, que ha acompañado legalmente a los padres de las víctimas. El horizonte judicial es desolador. De los 142 acusados, solo alrededor de una treintena está imputada por la desaparición, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, confirman fuentes cercanas al caso. Se han documentado violaciones a derechos humanos y al debido proceso contra 83 personas, de acuerdo con el Centro Prodh. Entre los agraviados están 42 policías de Iguala, 25 de agentes del municipio aledaño de Cocula, 14 civiles vinculados con el cartel Guerreros Unidos, el alcalde de Cocula y el jefe de protección civil de Iguala. Eso implica que es muy probable que al menos 66 uniformados acusados de estar coludidos con el crimen organizado, uno de los puntos que han provocado más indignación en torno al caso, no enfrenten consecuencias legales.
El último mes ha sido especialmente desalentador para los familiares de las víctimas y el devenir del proceso. Un juez desechó dos tercios de las pruebas que presentó la Fiscalía por considerar que fueron recabadas de forma ilegal y absolvió el pasado 30 de agosto por el secuestro de los estudiantes a Gildardo López Astudillo, alias El Gil. Otras tres personas fueron declaradas inocentes en esa sentencia. El fin de semana pasado, 24 policías de Iguala fueron liberados por violaciones de sus derechos humanos. A diferencia de El Gil, los agentes salieron con un auto de libertad con reservas de ley, es decir, aún podían ser enjuiciados nuevamente, en ese caso, por el delito de desaparición forzada. "El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia", acusó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas: "Las sentencias representan una infamia".
Las grietas del caso, sin embargo, no son nuevas. "Se empezó a caer en tribunales desde el año pasado", explica Tapia. Samuel Ventura Ramos, un magistrado de Tamaulipas, ya había dado en junio de 2018 "un diagnóstico demoledor" sobre el curso de las investigaciones, dice Tapia, pero fue hasta las sentencias recientes que fue señalado por el Gobierno por tumbar el caso. Antes de la última tanda de liberaciones, los primeros que fueron liberados —alrededor de una decena— eran detenidos que habían sido arrestados por hechos relacionados con la llamada "verdad histórica": la línea de investigación que impulsó la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto para dar carpetazo al asunto y que aseguraba que los alumnos habían sido quemados hasta ser reducidos a cenizas en el basurero de Cocula para después ser arrojadas al río San Juan.
Ante el derrumbe judicial, las autoridades han dado un giro político a la narrativa del caso. El Gobierno de López Obrador ha buscado desde un primer momento acompañar a los familiares de los 43 estudiantes. El de Ayotzinapa fue uno de los casos más polémicos de la gestión de su antecesor y, al mismo tiempo, una de las banderas del actual mandatario. La promesa de justicia que le ha hecho a los familiares, ya desde la campaña electoral, ha propiciado que, sin tener un horizonte judicial exitoso, los gestos de López Obrador sean constantes. Lo que está en juego para las instituciones mexicanas no es solo esclarecer la desaparición de los estudiantes, sino demostrar que se han superado viejos vicios como la opacidad del sistema judicial, los errores procedimentales que han dejado impunes grandes casos de corrupción en el pasado y la violencia del Estado contra la ciudadanía. Ese es el grito de indignación que no ha logrado extinguirse cinco años después de que los 43 normalistas fueran confundidos con criminales, estado en manos de las autoridades y nadie haya podido descifrar lo que pasó con ellos desde entonces.
Las autoridades actuales han culpado a sus antecesores del fracaso, en particular, al exprocurador general Jesús Murillo Karam y al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón. Tras reunirse este miércoles López Obrador y el fiscal con los padres de los desaparecidos se incidió en que todas las acciones que dieron lugar a la "verdad histórica" se habían hecho de forma irregular y que en parte se habían caído porque esa línea de investigación no se sostenía con los hechos que se habían podido comprobar.
El reparto de responsabilidades es más complejo. El cúmulo de irregularidades más graves se registró entre octubre y diciembre de 2014, en los cimientos de la investigación que inició el Gobierno de Peña Nieto, y a partir de esas detenciones se obtuvieron confesiones y testimonios que facilitaron otros arrestos posteriores. Una de las implicaciones de que no se hayan admitido la mayoría de las pruebas de la Fiscalía es, por ejemplo, que no se ha podido acreditar en los tribunales la existencia de los Guerreros Unidos como grupo criminal, señala Tapia. La parte que toca al Gobierno de López Obrador y a la Fiscalía, creada como organismo autónomo unas semanas después de la toma de posesión en diciembre pasado, es que en algunas causas hubo la posibilidad de presentar nuevas pruebas que impidieran la liberación de los sospechosos, pero eso no se hizo de forma exitosa.
"Vamos a empezar de nuevo, una nueva investigación: independiente, objetiva y clara", aseguró al salir de la reunión Omar Gómez Trejo, el nuevo fiscal especial para el caso, nombrado en junio pasado. Pero la idea de reiniciar la investigación solo es parcialmente cierta porque aún se intentan impedir nuevas liberaciones y porque se busca que algunos liberados que fueron exculpados parcialmente regresen al banquillo de los acusados. Los padres fueron notificados del viraje en las investigaciones y para muchos de ellos es volver a empezar desde cero, pero hay confianza en la forma como el Gobierno de López Obrador y la Fiscalía manejan el caso, según las declaraciones públicas que han dado. Y esa confianza se fundamenta en la promesa de hacer pagar a Murillo Karam y a Zerón por sus errores, así como en indagar otras líneas de investigación a la "verdad histórica".
