Cambios constitucionales y el veredicto del "pueblo": así podrían llevar a juicio a los ex presidentes en México
El partido en el poder presentará una iniciativa en el Congreso que daría un carácter vinculante a las consultas populares, incluidos los juicios a ex mandatarios por posible corrupción. Opositores y académicos opinan
Claudia Ramirez
Infobae
Aunque en numerosas ocasiones, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que "su fuerte no es la venganza" ni la persecución política, también ha insistido en que si la gente "decide" llevar a juicio a los ex mandatarios por actos de corrupción, mediante una consulta popular, él respetará la decisión.
En estos momentos, las consultas populares en México son un mero ejercicio ciudadano ya que no tienen efectos vinculantes. Para que puedan tener repercusiones debe hacerse una modificación al Artículo 35 de la Constitución, el cual habla sobre los derechos del ciudadano mexicano para participar en la vida pública del país.
Durante su Primer Informe de Gobierno el presidente fue claro al encargarle al Poder Legislativo aprobar sus propuestas sobre la consulta popular, así como la eliminación del fuero y la revocación de mandato. Tres días después, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional del día 04 de septiembre, reiteró la importancia de esta aprobación.
Pese a que López Obrador aseguró que el Ejecutivo ya no interviene en las determinaciones del Poder Legislativo ni Judicial, la petición del presidente fue un llamado a los diputados y senadores de Morena (el partido de izquierda que lo postuló a la presidencia) así como de sus partidos aliados (Partido del Trabajo y Encuentro Social), para hacer realidad estas promesas de campaña.
La clave: la modificación al Artículo 35 constitucional
Para poder llevar a cabo una Consulta Popular, el gobierno de la Cuarta Transformación necesita que se reforme el Artículo 35 de la Constitución para que las consultas sean más accesibles de convocar y hacerlas vinculatorias.
Este Artículo habla sobre los derechos del ciudadano mexicano, en virtud de los cuales puede participar en la vida pública del país.
La fracción VIII de este Artículo señala que los ciudadanos pueden participar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Estas consultas serán convocadas:
–Por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República.
-El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o Senado.
-Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.
Además establece que para que los resultados sean vinculantes se tendrá que registrar al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y será el Instituto Nacional Electoral quien tenga a su cargo la organización de éstas.
El tercer punto de esta misma fracción resalta que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
Y puntualiza que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.
Para lograr la propuesta de reforma al 35 Constitucional, se necesita la aprobación de las 2 terceras partes de las Cámaras (Diputados y Senado) así como la mitad más uno de los Congresos en los estados. Y aunque Morena tiene mayoría en las dos Cámaras, necesita aliarse con sus partidos aliados (PT y PES), pero también necesitaría los votos del PRI, PAN y Movimiento ciudadano debido a que necesita el apoyo de 333 diputados y 85 senadores.
Pero los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados han rechazado las reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato por considerar que detrás del proyecto existe un intento reeleccionista del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gallardo aseguró que López Obrador busca disminuir el requisito del 2 al 1% de firmantes inscritos en el padrón electoral para que se pueda convocar las consultas con mayor facilidad.
En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés, quien consideró que el número de ciudadanos que deben participar en una consulta popular no debe disminuir, si no debería fortalecerse.
El líder de Acción Nacional en el Senado, Mauricio Kuri, dijo en conversación con Infobae que prefieren esperar los proyectos de ley para fijar una postura.
“Tenemos que ver en donde coincidimos, no quisiera yo hacer ningún adelanto hasta no tener bien bien las iniciativas y sobre esas intentar platicarlo”, indicó.
Para el Dr. Mario Alberto Huaracha Alarcón, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estas consultas llevan un tinte político, ya que advirtió, ningún mexicano podría estar en contra de que se enjuicie a los ex presidentes que han sido señalados por temas de corrupción.
"El uso que se le ha dado a las consultas es una suerte de legitimar la política pública, la cual debe ser legitimada en materia de resultados, no en términos de qué me gustaría"
Advirtió que el carácter vinculatorio de la consulta radicaría en qué elementos jurídicos se tendrían para que la decisión mayoritaria de la ciudadanía tenga efecto legal con una sanción real.
"Aquí de lo que se habla es de pasarlos a juicio, en ningún momento yo le he escuchado al presidente hablar de algún tipo de mecanismo para realmente hacer pagar, lo único que realmente tenemos como en todos los sexenios, son acciones de castigo que tienen que ver con generar un impacto político (en la percepción pública), tal es el caso de Rosario Robles", consideró.
Huaracha Alarcón advirtió que es sumamente alto el riesgo de manipulación de las consultas en medio de un manejo de comunicación política como el del actual gobierno, en el que todas las mañanas el presidente dicta la agenda política mediante sus conferencias en Palacio Nacional
Aunque consideró que en términos técnicos tendría que haber una denuncia para poder llevar a juicio a un ex presidente, ahí radica la importancia del carácter vinculatorio de la consulta
"Sin embargo en México y bajo la política de comunicación que se tiene, no de este gobierno sino la usual rúbrica de la política de comunicación, es suficiente la sospecha en la percepción de las personas", por lo que alertó "se está trastocando el modelo de una democracia representativa para pasarlo a una democracia directa".
"La ciudadanía nunca va a ir a investigar antes de la consulta, por lo que la gente es muy dada a dejarse llevar por lo que diga el líder", en este caso, Andrés Manuel López Obrador, advirtió.
"No se está investigando a los ex mandatarios": AMLO
El pasado 03 de septiembre durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador insistió en que su gobierno no está investigando a ex presidentes y aclaró que sólo se realizarían, si la gente lo pidiera mediante una consulta popular .
De manera particular habló sobre su antecesor, Enrique Peña Nieto, a quien dijo, no se está investigando.
"No hay ninguna investigación en curso. Hay procesos que se estaban tramitando, procesos judiciales, y aparejados a esos procesos aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren expresidentes, pero eso lo definen en este caso en la Fiscalía" General de la República, señaló.
Sin embargo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), Santiago Nieto, "tiene otros datos".
El pasado 26 de agosto en una entrevista para Aristegui Noticias, Santiago Nieto reveló que el gobierno mexicano sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto.
"Sí, apenas estamos trabajando en eso (revisar las finanzas de Peña Nieto)", reveló Nieto.
En los escándalos por desvíos de fondos públicos como la "Estafa Maestra", "La Casa Blanca" , el Caso Odebrecht y los arrestos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y abogado Juan Collado (muy cercano al expresidente); el nombre de Peña Nieto ha salido a relucir, y según dijo el funcionario de la UIF, estos casos se están tomando en cuenta para la investigación en las cuentas de Peña.
"Yo creo que todo apunta (a Peña Nieto), pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación", señaló el titular de la UIF.
La Estafa Maestra
Rosario Robles (detenida el pasado martes 13 de agosto por el delito del ejercicio indebido del servicio público por los desvíos de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social) aseguró que ella le avisó al ex presidente Enrique Peña Nieto sobre las irregularidades en la Sedesol, las cuales habían sido notificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A la ex secretaria de Desarrollo Social de México se le vincula con el caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra, a través del cual diferentes dependencias del gobierno de Peña Nieto -quien fue jefe del ejecutivo en el periodo 2012-2018- habrían desviado 7.670 millones de pesos (USD 403 millones).
La Fiscalía General de la República acusa a Robles Berlanga de haber permitido como secretaria de Desarrollo Social ,cargo que ocupó entre 2012 y 2015, el desvío de más de 5.000 millones de pesos (USD 257 millones) a través de la contratación de empresas fantasma.
Rosario Robles se convirtió en la primera ex secretaria de Estado presa (de manera preventiva) por corrupción.
Peña Nieto, Emilio Lozoya y Odebrecht
Por su parte, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien está prófugo de la justicia debido a que tiene dos órdenes de aprehensión en su contra: una por la compra con sobreprecio de la Planta de Agro Nitrogenados, cuando era director de Pemex y otra por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto.
Ante el asedio judicial y desde alguna parte del mundo, Lozoya Austin aseguró que el mandatario, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el expresidente del Consejo de Pemex y ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agro Nitrogenados. Incluso pidió que el ex presidente fuera citado a declarar como testigo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto reveló que, además de la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto, la UIF ya comenzó a armar un expediente sobre Luis Videgaray, ex Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el anterior sexenio y considerado uno de los más cercanos colaboradores del ex presidente.
Javier Duarte y Peña
Quien también ha señalado a Enrique Peña, es el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, quien en una entrevista con el periódico Reforma el pasado 8 de julio, aseguró que el ex presidente le había dado dinero para ayudarlo porque tenía "cargos de conciencia" por la persecución que padecía.
Duarte de Ochoa ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar pruebas sobre el dinero, procedente del erario, que desvió a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
En julio Duarte envió una solicitud de criterio de oportunidad a la FGR, en la que, a cambio de los datos y pruebas, pidió que la información proporcionada no fuera utilizada en contra de sus ex colaboradores.
El ex gobernador se ofreció a declarar en contra del ex presidente Peña Nieto y sus copartícipes, a quienes aseguró que también entregó dinero para fines electorales.
Hasta el momento la FGR no ha dado ninguna respuesta a la solicitud presentada por Duarte.
Peña Nieto excedió su gasto en dos billones de pesos: ASF
En agosto pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) tuvo un gasto multimillonario.
En la auditoría de la Cuenta Pública 2018, la ASF señaló que el gobierno de Peña tuvo un sobregasto del presupuesto de 2 billones de pesos, es decir, 7% más a lo que le fue autorizado por la Cámara de Diputados durante todo el sexenio.
En cada uno de los seis años del Gobierno de Enrique Peña Nieto el gasto total ejercido superó al presupuesto aprobado.
La auditoría señaló que el mayor sobregasto ocurrió en 2016. Ese año, el gasto rebasó el 12% a lo autorizado, se tenía autorizado 4.8 billones y el Gobierno gastó 5.4 billones de pesos. En promedio, cada año el gasto rebasó su presupuesto en 6.7 por ciento.
La Auditoría Superior de la Federación explicó que de forma persistente, el gasto ejercido es mayor que el aprobado por los Diputados, aunque el balance presupuestario se mantiene en el mismo nivel aprobado debido a que el mayor gasto se financia con ingresos excedentes y por medio de reasignaciones.
El fantasma de "La Casa Blanca"
Casi dos años después de haber iniciado su sexenio, una revelación periodística puso en jaque a la administración del ese entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Habían quedado atrás los elogios de la prensa extranjera que, con titulares como "Saving Mexico" y "The Mexican Moment", alababan las reformas implementadas por el presidente emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, la prensa nacional e internacional condenaba los hechos, así como la nula actuación del gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña. Había una fuerte indignación social.
Fue en ese contexto que el 09 de noviembre de 2014 Aristegui Noticias, Proceso y Sin Embargo, publicaron una investigación periodística en la que se reveló la existencia de la llamada Casa Blanca, una residencia ubicada en la calle Sierra Gorda número 50 en la colonia Lomas de Chapultepec y valuada en 86 millones de pesos (7 millones de dólares, USD).
La casa fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del Tren México-Querétaro y la cual tuvo numerosas obras cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México.
Aristegui Noticias comprobó que aunque la propiedad estaba registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa, era el hogar del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa (en ese momento) Angélica Rivera y sus seis hijos.
La investigación aseguró que Peña Nieto y su esposa participaron, personalmente, con el arquitecto que diseñó la residencia, para que el trazo se ajustara a sus necesidades familiares.
El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación la cual llegó a través de la primera dama, Angélica Rivera.
Mediante un video con una duración de 7:11 minutos, la esposa del presidente aseguró ser la propietaria del inmueble, el cual dijo, adquirió con el dinero producto de 25 años de su trabajo como actriz en la empresa Televisa.
El clip causó una gran indignación por lo que el propio presidente reconoció que se equivocó al permitir que su esposa diera explicaciones.
La compra terminó por cancelarse y dos años después, el presidente pidió disculpas a los mexicanos por ese "error".
El escándalo derivó en la salida de Carmen Aristegui de MVS Radio y una intensa batalla en los tribunales que ganó la periodista, pero no hubo ninguna acción legal contra el ahora ex presidente.
Infobae
Aunque en numerosas ocasiones, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que "su fuerte no es la venganza" ni la persecución política, también ha insistido en que si la gente "decide" llevar a juicio a los ex mandatarios por actos de corrupción, mediante una consulta popular, él respetará la decisión.
En estos momentos, las consultas populares en México son un mero ejercicio ciudadano ya que no tienen efectos vinculantes. Para que puedan tener repercusiones debe hacerse una modificación al Artículo 35 de la Constitución, el cual habla sobre los derechos del ciudadano mexicano para participar en la vida pública del país.
Durante su Primer Informe de Gobierno el presidente fue claro al encargarle al Poder Legislativo aprobar sus propuestas sobre la consulta popular, así como la eliminación del fuero y la revocación de mandato. Tres días después, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional del día 04 de septiembre, reiteró la importancia de esta aprobación.
Pese a que López Obrador aseguró que el Ejecutivo ya no interviene en las determinaciones del Poder Legislativo ni Judicial, la petición del presidente fue un llamado a los diputados y senadores de Morena (el partido de izquierda que lo postuló a la presidencia) así como de sus partidos aliados (Partido del Trabajo y Encuentro Social), para hacer realidad estas promesas de campaña.
La clave: la modificación al Artículo 35 constitucional
Para poder llevar a cabo una Consulta Popular, el gobierno de la Cuarta Transformación necesita que se reforme el Artículo 35 de la Constitución para que las consultas sean más accesibles de convocar y hacerlas vinculatorias.
Este Artículo habla sobre los derechos del ciudadano mexicano, en virtud de los cuales puede participar en la vida pública del país.
La fracción VIII de este Artículo señala que los ciudadanos pueden participar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Estas consultas serán convocadas:
–Por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República.
-El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o Senado.
-Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.
Además establece que para que los resultados sean vinculantes se tendrá que registrar al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y será el Instituto Nacional Electoral quien tenga a su cargo la organización de éstas.
El tercer punto de esta misma fracción resalta que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
Y puntualiza que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.
Para lograr la propuesta de reforma al 35 Constitucional, se necesita la aprobación de las 2 terceras partes de las Cámaras (Diputados y Senado) así como la mitad más uno de los Congresos en los estados. Y aunque Morena tiene mayoría en las dos Cámaras, necesita aliarse con sus partidos aliados (PT y PES), pero también necesitaría los votos del PRI, PAN y Movimiento ciudadano debido a que necesita el apoyo de 333 diputados y 85 senadores.
Pero los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados han rechazado las reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato por considerar que detrás del proyecto existe un intento reeleccionista del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gallardo aseguró que López Obrador busca disminuir el requisito del 2 al 1% de firmantes inscritos en el padrón electoral para que se pueda convocar las consultas con mayor facilidad.
En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés, quien consideró que el número de ciudadanos que deben participar en una consulta popular no debe disminuir, si no debería fortalecerse.
El líder de Acción Nacional en el Senado, Mauricio Kuri, dijo en conversación con Infobae que prefieren esperar los proyectos de ley para fijar una postura.
“Tenemos que ver en donde coincidimos, no quisiera yo hacer ningún adelanto hasta no tener bien bien las iniciativas y sobre esas intentar platicarlo”, indicó.
Para el Dr. Mario Alberto Huaracha Alarcón, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estas consultas llevan un tinte político, ya que advirtió, ningún mexicano podría estar en contra de que se enjuicie a los ex presidentes que han sido señalados por temas de corrupción.
"El uso que se le ha dado a las consultas es una suerte de legitimar la política pública, la cual debe ser legitimada en materia de resultados, no en términos de qué me gustaría"
Advirtió que el carácter vinculatorio de la consulta radicaría en qué elementos jurídicos se tendrían para que la decisión mayoritaria de la ciudadanía tenga efecto legal con una sanción real.
"Aquí de lo que se habla es de pasarlos a juicio, en ningún momento yo le he escuchado al presidente hablar de algún tipo de mecanismo para realmente hacer pagar, lo único que realmente tenemos como en todos los sexenios, son acciones de castigo que tienen que ver con generar un impacto político (en la percepción pública), tal es el caso de Rosario Robles", consideró.
Huaracha Alarcón advirtió que es sumamente alto el riesgo de manipulación de las consultas en medio de un manejo de comunicación política como el del actual gobierno, en el que todas las mañanas el presidente dicta la agenda política mediante sus conferencias en Palacio Nacional
Aunque consideró que en términos técnicos tendría que haber una denuncia para poder llevar a juicio a un ex presidente, ahí radica la importancia del carácter vinculatorio de la consulta
"Sin embargo en México y bajo la política de comunicación que se tiene, no de este gobierno sino la usual rúbrica de la política de comunicación, es suficiente la sospecha en la percepción de las personas", por lo que alertó "se está trastocando el modelo de una democracia representativa para pasarlo a una democracia directa".
"La ciudadanía nunca va a ir a investigar antes de la consulta, por lo que la gente es muy dada a dejarse llevar por lo que diga el líder", en este caso, Andrés Manuel López Obrador, advirtió.
"No se está investigando a los ex mandatarios": AMLO
El pasado 03 de septiembre durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador insistió en que su gobierno no está investigando a ex presidentes y aclaró que sólo se realizarían, si la gente lo pidiera mediante una consulta popular .
De manera particular habló sobre su antecesor, Enrique Peña Nieto, a quien dijo, no se está investigando.
"No hay ninguna investigación en curso. Hay procesos que se estaban tramitando, procesos judiciales, y aparejados a esos procesos aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren expresidentes, pero eso lo definen en este caso en la Fiscalía" General de la República, señaló.
Sin embargo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), Santiago Nieto, "tiene otros datos".
El pasado 26 de agosto en una entrevista para Aristegui Noticias, Santiago Nieto reveló que el gobierno mexicano sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto.
"Sí, apenas estamos trabajando en eso (revisar las finanzas de Peña Nieto)", reveló Nieto.
En los escándalos por desvíos de fondos públicos como la "Estafa Maestra", "La Casa Blanca" , el Caso Odebrecht y los arrestos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y abogado Juan Collado (muy cercano al expresidente); el nombre de Peña Nieto ha salido a relucir, y según dijo el funcionario de la UIF, estos casos se están tomando en cuenta para la investigación en las cuentas de Peña.
"Yo creo que todo apunta (a Peña Nieto), pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación", señaló el titular de la UIF.
La Estafa Maestra
Rosario Robles (detenida el pasado martes 13 de agosto por el delito del ejercicio indebido del servicio público por los desvíos de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social) aseguró que ella le avisó al ex presidente Enrique Peña Nieto sobre las irregularidades en la Sedesol, las cuales habían sido notificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A la ex secretaria de Desarrollo Social de México se le vincula con el caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra, a través del cual diferentes dependencias del gobierno de Peña Nieto -quien fue jefe del ejecutivo en el periodo 2012-2018- habrían desviado 7.670 millones de pesos (USD 403 millones).
La Fiscalía General de la República acusa a Robles Berlanga de haber permitido como secretaria de Desarrollo Social ,cargo que ocupó entre 2012 y 2015, el desvío de más de 5.000 millones de pesos (USD 257 millones) a través de la contratación de empresas fantasma.
Rosario Robles se convirtió en la primera ex secretaria de Estado presa (de manera preventiva) por corrupción.
Peña Nieto, Emilio Lozoya y Odebrecht
Por su parte, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien está prófugo de la justicia debido a que tiene dos órdenes de aprehensión en su contra: una por la compra con sobreprecio de la Planta de Agro Nitrogenados, cuando era director de Pemex y otra por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto.
Ante el asedio judicial y desde alguna parte del mundo, Lozoya Austin aseguró que el mandatario, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el expresidente del Consejo de Pemex y ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agro Nitrogenados. Incluso pidió que el ex presidente fuera citado a declarar como testigo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto reveló que, además de la investigación sobre las finanzas de Peña Nieto, la UIF ya comenzó a armar un expediente sobre Luis Videgaray, ex Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el anterior sexenio y considerado uno de los más cercanos colaboradores del ex presidente.
Javier Duarte y Peña
Quien también ha señalado a Enrique Peña, es el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, quien en una entrevista con el periódico Reforma el pasado 8 de julio, aseguró que el ex presidente le había dado dinero para ayudarlo porque tenía "cargos de conciencia" por la persecución que padecía.
Duarte de Ochoa ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar pruebas sobre el dinero, procedente del erario, que desvió a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
En julio Duarte envió una solicitud de criterio de oportunidad a la FGR, en la que, a cambio de los datos y pruebas, pidió que la información proporcionada no fuera utilizada en contra de sus ex colaboradores.
El ex gobernador se ofreció a declarar en contra del ex presidente Peña Nieto y sus copartícipes, a quienes aseguró que también entregó dinero para fines electorales.
Hasta el momento la FGR no ha dado ninguna respuesta a la solicitud presentada por Duarte.
Peña Nieto excedió su gasto en dos billones de pesos: ASF
En agosto pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) tuvo un gasto multimillonario.
En la auditoría de la Cuenta Pública 2018, la ASF señaló que el gobierno de Peña tuvo un sobregasto del presupuesto de 2 billones de pesos, es decir, 7% más a lo que le fue autorizado por la Cámara de Diputados durante todo el sexenio.
En cada uno de los seis años del Gobierno de Enrique Peña Nieto el gasto total ejercido superó al presupuesto aprobado.
La auditoría señaló que el mayor sobregasto ocurrió en 2016. Ese año, el gasto rebasó el 12% a lo autorizado, se tenía autorizado 4.8 billones y el Gobierno gastó 5.4 billones de pesos. En promedio, cada año el gasto rebasó su presupuesto en 6.7 por ciento.
La Auditoría Superior de la Federación explicó que de forma persistente, el gasto ejercido es mayor que el aprobado por los Diputados, aunque el balance presupuestario se mantiene en el mismo nivel aprobado debido a que el mayor gasto se financia con ingresos excedentes y por medio de reasignaciones.
El fantasma de "La Casa Blanca"
Casi dos años después de haber iniciado su sexenio, una revelación periodística puso en jaque a la administración del ese entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Habían quedado atrás los elogios de la prensa extranjera que, con titulares como "Saving Mexico" y "The Mexican Moment", alababan las reformas implementadas por el presidente emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, la prensa nacional e internacional condenaba los hechos, así como la nula actuación del gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña. Había una fuerte indignación social.
Fue en ese contexto que el 09 de noviembre de 2014 Aristegui Noticias, Proceso y Sin Embargo, publicaron una investigación periodística en la que se reveló la existencia de la llamada Casa Blanca, una residencia ubicada en la calle Sierra Gorda número 50 en la colonia Lomas de Chapultepec y valuada en 86 millones de pesos (7 millones de dólares, USD).
La casa fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del Tren México-Querétaro y la cual tuvo numerosas obras cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México.
Aristegui Noticias comprobó que aunque la propiedad estaba registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa, era el hogar del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa (en ese momento) Angélica Rivera y sus seis hijos.
La investigación aseguró que Peña Nieto y su esposa participaron, personalmente, con el arquitecto que diseñó la residencia, para que el trazo se ajustara a sus necesidades familiares.
El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación la cual llegó a través de la primera dama, Angélica Rivera.
Mediante un video con una duración de 7:11 minutos, la esposa del presidente aseguró ser la propietaria del inmueble, el cual dijo, adquirió con el dinero producto de 25 años de su trabajo como actriz en la empresa Televisa.
El clip causó una gran indignación por lo que el propio presidente reconoció que se equivocó al permitir que su esposa diera explicaciones.
La compra terminó por cancelarse y dos años después, el presidente pidió disculpas a los mexicanos por ese "error".
El escándalo derivó en la salida de Carmen Aristegui de MVS Radio y una intensa batalla en los tribunales que ganó la periodista, pero no hubo ninguna acción legal contra el ahora ex presidente.
