Uniformes policiales y militares, un salvoconducto para el delito en Venezuela
Llevar un atuendo de una fuerza de seguridad se ha convertido en una armadura que garantiza impunidad bajo el régimen de Maduro
Virgilio Gonzalez
Infobae
Fue un hecho inédito e insólito en Venezuela: Los actores Aisak Ovalles y Pedro Huice, el director Leunam Torres y la productora Johana Villafranca fueron apresados el fin de semana pasado durante la presentación de la obra "Dos policías B en apuros". Los cargos que les imputaron, "usurpación de uniformes e insignias", respondían a los uniformes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que llevaban puestos los ejecutantes en la obra teatral.
El abogado defensor de los artistas respondió que la acusación era una tipificación errónea del delito, dado que representaban hechos ficticios. De acuerdo al artículo 215 del Código Penal venezolano, que señala que "cualquiera que usare indebida y públicamente hábito, insignias o uniformes del estado clerical o militar, de un cargo público o de un instituto científico(…) será castigado con multa de cincuenta unidades tributarias a mil unidades tributarias", no procedía ni se justificaba el encarcelamiento de los artistas ni la humillación que sufrieron cuando difundieron sus imágenes. Periodistas y activistas protestaron en redes sociales contra lo que parecían ser medidas para coartar la libertad de expresión y la manifestación artística. Finalmente, el lunes 5 fueron liberados.
Estas insólitas detenciones resultaron paradójicas porque algo que sí se ha vuelto habitual en los últimos años en Venezuela, a pesar de que se oculta oficialmente, son los casos de oficiales de las fuerzas armadas y policiales, o personas que utilizan sus uniformes sin pertenecer a las mismas, para cometer todo tipo de delitos y tropelías. Lo que remite a otro artículo del código penal, el 214: "Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares será castigado con prisión de dos a seis meses".
Sobresalen entre ellas las FAES (Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana), que enfrentan infinidad de testimonios de comportamientos criminales desde ejecuciones extrajudiciales y allanamientos arbitrarios hasta secuestros y robos con ánimos de lucro. Este escuadrón, fundado en 2017 y responsable de docenas de muertes, tiene como objetivo declarado el combate contra el crimen y el terrorismo, pero sus acciones de represión en contra de manifestantes pacíficos, de allanamientos y exterminio los vuelve instrumentos de silenciamiento de disidentes políticos.
Como si no fuera suficiente con las acciones del propio grupo, también han aparecido individuos que utilizan la apariencia de pertenecer a algún cuerpo policial para violentar la dignidad, pertenencias y hasta la vida de sus víctimas. Es un espectro muy amplio de brutalidad en el que han habido acusaciones que incluyen entre sus ejemplos más llamativos la disposición de garitas policiales falsas para robar a los vecinos, torturas bajo encargo a menores y el asesinato del escolta de un funcionario ruso. En el caso de las FAES se llevó a cabo una estandarización en las ropas y vehículos que los identifican luego de varios escándalos de suplantación del uniforme negro.
La distinción entre los funcionarios de la ley y los delincuentes comunes se va difuminando hasta que los propios ojos no bastan para distinguirlos. Poco importa la autenticidad de la vestimenta si los que la llevan operan de maneras tan similares. A lo largo de años de manifestaciones desde que el país entró en la mayor crisis económica de su historia, los opositores al régimen han sufrido todo tipo de atropellos por parte de oficiales de los cuerpos del Estado. Los uniformados han tenido carta blanca para obrar a su antojo, cobrando sobornos, subvirtiendo los procesos judiciales y a veces formando grupos organizados para ejercer la delincuencia, como un grupo de funcionarios que robaron un carro para luego extorsionar al dueño.
En un video de la organización no-gubernamental Human Rights Watch se destaca la violencia contra los protestantes, a veces llegando hasta el asesinato, y el ataque directo a figuras políticas separadas del oficialismo. Pero también se registraron múltiples instancias de robos a manifestantes, secuestros y torturas. La única constante a través de esta miríada de atropellos fue la garantía de que los responsables nunca iban a pisar una audiencia judicial. El Tribunal Supremo de Justicia se encuentra bajo el control del partido oficialista, circunstancia que llevó a la mayoría opositora del Parlamento a nombrar un Tribunal Supremo paralelo al de la dictadura.
Según el informe que publicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciando las violaciones a los derechos humanos de la administración chavista, la impunidad ha reinado en Venezuela bajo los años de gobierno del chavismo, lo cual ha permitido la proliferación tanto de pandillas criminales como de abusos de poder. El informe, producto de la visita a la capital de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia que la maquinaria oficialista "ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas" y "no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos", un seguro que los protege de las repercusiones legales por las acciones que permiten y realizan. Además, las jerarquías más altas de los cuerpos militares aparentan tener una "inmunidad de facto". En dos casos particulares, a los comandantes de las FAES y el DGCIM les revocaron las visas estadounidenses por "participar en violaciones graves de los derechos humanos", según un anuncio del Departamento de Estado de EEUU.
Un elemento que enturbia aún más el panorama es la cantidad de paramilitares al que el régimen de Maduro ha permitido extenderse en terreno venezolano durante varios años. Con la aquiescencia del régimen, se ha avalado la instauración de milicias formadas por civiles chavistas (los llamdos "colectivos") que tomaron las armas con el objetivo expreso de mantener en el poder al partido socialista. Envueltos en controversias desde su creación, las milicias reciben un entrenamiento militar mínimo a cambio de su lealtad ideológica, y sus funciones se relacionan más con la intimidación y amedrentamiento de la ciudadanía con con el mantenimiento del orden y la paz. La incorporación de un primer contingente a la Guardia Nacional Bolivariana ha fracturado aún más las jerarquías castrenses.
Pero aún quedan fuerzas externas en juego. Durante un acto oficial en mayo, Nicolás Maduro reveló en un aparente desliz la entrada de soldados cubanos a Venezuela. La influencia del castrismo sobre el país es bien conocida: Hugo Chávez siempre mantuvo buenas relaciones con Fidel y esta bilateralidad los sobrevivió a ambos, pero la medida en que La Habana se había inmiscuido en el Estado sigue siendo investigada. Su presencia es especialmente notable en los ámbitos de inteligencia y militares, que se han reestructurado radicalmente para acomodarse a los paradigmas de la isla. Las tácticas de represión y tortura que fueron observándose en los últimos tiempos se ajustan a las enseñanzas de primera mano de parte de quienes llegaban bajo las órdenes de la dictadura cubana. Así que se puede contar a los agentes infiltrados desde Cuba entre los usuarios de los uniformes policiales y militares
El futuro de las fuerzas armadas en Venezuela es incierto. El gobierno de Guaidó sigue llamando a que apoyen la restauración de la constitucionalidad del país mientras que Maduro exige fidelidad absoluta a la ideología chavista. Su progreso y evolución están directamente ligados a su capacidad de manejarse en el futuro, y hará falta más que el cambio de un uniforme para lograrlo.
Infobae
Fue un hecho inédito e insólito en Venezuela: Los actores Aisak Ovalles y Pedro Huice, el director Leunam Torres y la productora Johana Villafranca fueron apresados el fin de semana pasado durante la presentación de la obra "Dos policías B en apuros". Los cargos que les imputaron, "usurpación de uniformes e insignias", respondían a los uniformes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que llevaban puestos los ejecutantes en la obra teatral.
El abogado defensor de los artistas respondió que la acusación era una tipificación errónea del delito, dado que representaban hechos ficticios. De acuerdo al artículo 215 del Código Penal venezolano, que señala que "cualquiera que usare indebida y públicamente hábito, insignias o uniformes del estado clerical o militar, de un cargo público o de un instituto científico(…) será castigado con multa de cincuenta unidades tributarias a mil unidades tributarias", no procedía ni se justificaba el encarcelamiento de los artistas ni la humillación que sufrieron cuando difundieron sus imágenes. Periodistas y activistas protestaron en redes sociales contra lo que parecían ser medidas para coartar la libertad de expresión y la manifestación artística. Finalmente, el lunes 5 fueron liberados.
Estas insólitas detenciones resultaron paradójicas porque algo que sí se ha vuelto habitual en los últimos años en Venezuela, a pesar de que se oculta oficialmente, son los casos de oficiales de las fuerzas armadas y policiales, o personas que utilizan sus uniformes sin pertenecer a las mismas, para cometer todo tipo de delitos y tropelías. Lo que remite a otro artículo del código penal, el 214: "Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares será castigado con prisión de dos a seis meses".
Sobresalen entre ellas las FAES (Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana), que enfrentan infinidad de testimonios de comportamientos criminales desde ejecuciones extrajudiciales y allanamientos arbitrarios hasta secuestros y robos con ánimos de lucro. Este escuadrón, fundado en 2017 y responsable de docenas de muertes, tiene como objetivo declarado el combate contra el crimen y el terrorismo, pero sus acciones de represión en contra de manifestantes pacíficos, de allanamientos y exterminio los vuelve instrumentos de silenciamiento de disidentes políticos.
Como si no fuera suficiente con las acciones del propio grupo, también han aparecido individuos que utilizan la apariencia de pertenecer a algún cuerpo policial para violentar la dignidad, pertenencias y hasta la vida de sus víctimas. Es un espectro muy amplio de brutalidad en el que han habido acusaciones que incluyen entre sus ejemplos más llamativos la disposición de garitas policiales falsas para robar a los vecinos, torturas bajo encargo a menores y el asesinato del escolta de un funcionario ruso. En el caso de las FAES se llevó a cabo una estandarización en las ropas y vehículos que los identifican luego de varios escándalos de suplantación del uniforme negro.
La distinción entre los funcionarios de la ley y los delincuentes comunes se va difuminando hasta que los propios ojos no bastan para distinguirlos. Poco importa la autenticidad de la vestimenta si los que la llevan operan de maneras tan similares. A lo largo de años de manifestaciones desde que el país entró en la mayor crisis económica de su historia, los opositores al régimen han sufrido todo tipo de atropellos por parte de oficiales de los cuerpos del Estado. Los uniformados han tenido carta blanca para obrar a su antojo, cobrando sobornos, subvirtiendo los procesos judiciales y a veces formando grupos organizados para ejercer la delincuencia, como un grupo de funcionarios que robaron un carro para luego extorsionar al dueño.
En un video de la organización no-gubernamental Human Rights Watch se destaca la violencia contra los protestantes, a veces llegando hasta el asesinato, y el ataque directo a figuras políticas separadas del oficialismo. Pero también se registraron múltiples instancias de robos a manifestantes, secuestros y torturas. La única constante a través de esta miríada de atropellos fue la garantía de que los responsables nunca iban a pisar una audiencia judicial. El Tribunal Supremo de Justicia se encuentra bajo el control del partido oficialista, circunstancia que llevó a la mayoría opositora del Parlamento a nombrar un Tribunal Supremo paralelo al de la dictadura.
Según el informe que publicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciando las violaciones a los derechos humanos de la administración chavista, la impunidad ha reinado en Venezuela bajo los años de gobierno del chavismo, lo cual ha permitido la proliferación tanto de pandillas criminales como de abusos de poder. El informe, producto de la visita a la capital de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia que la maquinaria oficialista "ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas" y "no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos", un seguro que los protege de las repercusiones legales por las acciones que permiten y realizan. Además, las jerarquías más altas de los cuerpos militares aparentan tener una "inmunidad de facto". En dos casos particulares, a los comandantes de las FAES y el DGCIM les revocaron las visas estadounidenses por "participar en violaciones graves de los derechos humanos", según un anuncio del Departamento de Estado de EEUU.
Un elemento que enturbia aún más el panorama es la cantidad de paramilitares al que el régimen de Maduro ha permitido extenderse en terreno venezolano durante varios años. Con la aquiescencia del régimen, se ha avalado la instauración de milicias formadas por civiles chavistas (los llamdos "colectivos") que tomaron las armas con el objetivo expreso de mantener en el poder al partido socialista. Envueltos en controversias desde su creación, las milicias reciben un entrenamiento militar mínimo a cambio de su lealtad ideológica, y sus funciones se relacionan más con la intimidación y amedrentamiento de la ciudadanía con con el mantenimiento del orden y la paz. La incorporación de un primer contingente a la Guardia Nacional Bolivariana ha fracturado aún más las jerarquías castrenses.
Pero aún quedan fuerzas externas en juego. Durante un acto oficial en mayo, Nicolás Maduro reveló en un aparente desliz la entrada de soldados cubanos a Venezuela. La influencia del castrismo sobre el país es bien conocida: Hugo Chávez siempre mantuvo buenas relaciones con Fidel y esta bilateralidad los sobrevivió a ambos, pero la medida en que La Habana se había inmiscuido en el Estado sigue siendo investigada. Su presencia es especialmente notable en los ámbitos de inteligencia y militares, que se han reestructurado radicalmente para acomodarse a los paradigmas de la isla. Las tácticas de represión y tortura que fueron observándose en los últimos tiempos se ajustan a las enseñanzas de primera mano de parte de quienes llegaban bajo las órdenes de la dictadura cubana. Así que se puede contar a los agentes infiltrados desde Cuba entre los usuarios de los uniformes policiales y militares
El futuro de las fuerzas armadas en Venezuela es incierto. El gobierno de Guaidó sigue llamando a que apoyen la restauración de la constitucionalidad del país mientras que Maduro exige fidelidad absoluta a la ideología chavista. Su progreso y evolución están directamente ligados a su capacidad de manejarse en el futuro, y hará falta más que el cambio de un uniforme para lograrlo.
