EEUU revocó las visas de los comandantes de las dos fuerzas chavistas señaladas por tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales
El departamento de Estado incluyó en la lista negra a Rafael Enrique Bastardo Mendoza, Comandante de las Fuerzas Especiales de Policía de Venezuela (FAES), y a Iván Rafael Hernández Dala, Comandante de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), por su participación en graves violaciones de los derechos humanos
Infobae
Estados Unidos revocó las visas de Rafael Enrique Bastardo Mendoza, Comandante de las Fuerzas Especiales de Policía de Venezuela (FAES), y de Iván Rafael Hernández Dala, Comandante de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), por su participación en graves violaciones de los derechos humanos.
"Las organizaciones de seguridad e inteligencia lideradas por Bastardo y Hernández han sido implicadas por sus violaciones y abusos a los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática", explicó el Departamento de Estado en un comunicado. El gobierno de Trump señala que "estos actos" fueron ampliamente documentados en el informe del 5 de julio de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El reporte de la ex presidente chilena, revela al menos 7.523 ejecuciones extrajudiciales documentadas por una organización no gubernamental venezolana.
Rafael Enrique Bastardo Mendoza es la cabeza de la FAES. Encapuchados y con armas de guerra, los miembros de la Fuerza de Acción Especial – una unidad de élite de la PNB- se han transformado en el escuadrón de la muerte en Venezuela. Asaltan las barriadas más pobres del país. Operan con total impunidad, establecen toques de queda, simulan enfrentamientos para ocultar asesinatos y después amenazan a familiares y vecinos para que no denuncien.
Es el escuadrón policial más temido en Venezuela y, desde que escaló la tensión en las calles con la juramentación de Juan Guaidó como Presidente Encargado, esos agentes están señalados como autores de la mayoría de los asesinatos.
La FAES fue creada el 14 de julio de 2017 por Nicolás Maduro, quien explicó su fundación "para combatir el crimen y el terrorismo". Si en 2016, la Policía Nacional Bolivariana era responsable del 22% de las muertes en el país, al año siguiente, después de solo seis meses de existencia, la FAES aumentó ese lamentable récord en un 10%, hasta llegar al 32%. Su modus operandi es militar. Toman militarmente una zona concreta, como si
Iván Rafael Hernández Dala es el Comandante de la Contrainteligencia Militar (DGCIM). Bajo su mando se tortura a presos políticos. De hecho, en los calabozos de la DGCIM fue asesinado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo el 3 de julio pasado.
Aunque el ejército venezolano ha tenido una unidad de inteligencia desde 1957, desde 2001 la DGCIM se dedica a la contrainteligencia. Desde entonces, investiga a las propias fuerzas armadas y a sus oficiales. En la práctica, los ciudadanos acusados de espionaje o traición suelen ser detenidos por la Sebin (el servicio de inteligencia chavista), mientras que la DGCIM busca a los militares sospechados de delitos similares.
En marzo, un teniente de la Fuerza Aérea y desertor de la DGCIM testificó y proporcionó pruebas a una audiencia de la OEA sobre las prácticas de tortura empleadas en el Helicoide por funcionarios de la DGCIM. El testimonio podría dar lugar a cargos penales internacionales para los funcionarios implicados.
La inclusión de los dos comandantes en la lista negra del departamento de Estado se suma a la acción del gobierno de Estados Unidos del 15 de febrero de 2019 en la que se sancionaba financieramente a Bastardo y Hernández por su participación en abusos de derechos humanos, represión y corrupción. De acuerdo con la ley, además de la designación de los dos comandantes, la medida alcanza a la mujer de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y a la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios.
El comunicado además recuerda que el Departamento de Estado puede revocar los visados para los funcionarios extranjeros y sus familiares directos en los casos en que el Secretario de Estado tenga información fidedigna de que han estado involucrados en actos de corrupción significativa o en una grave violación de los derechos humanos. "Tales individuos y sus familiares inmediatos no son elegibles para entrar a los Estados Unidos", sentencia el texto.
Desde el 10 de enero pasado, cuando EEUU desconoció el segundo mandato de Maduro por fraudulento y apoyó a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el gobierno de Trump recrudeció su política de sanciones contra el régimen. El objetivo es aislarlo internacionalmente para forzar su apertura democrática.
Así, en su lista negra hay decenas de funcionarios chavistas, desde los más poderosos Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores o Diosdado Cabello, hasta militares casi desconocidos en el exterior pero que han tenido un rol muy importante para mantener a flote a la dictadura chavista. Además, en marzo de este año, el Tesoro norteamericano sancionó a PDVSA, la petrolera estatal fuente de financiamiento del régimen.
Estados Unidos revocó las visas de Rafael Enrique Bastardo Mendoza, Comandante de las Fuerzas Especiales de Policía de Venezuela (FAES), y de Iván Rafael Hernández Dala, Comandante de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), por su participación en graves violaciones de los derechos humanos.
"Las organizaciones de seguridad e inteligencia lideradas por Bastardo y Hernández han sido implicadas por sus violaciones y abusos a los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática", explicó el Departamento de Estado en un comunicado. El gobierno de Trump señala que "estos actos" fueron ampliamente documentados en el informe del 5 de julio de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El reporte de la ex presidente chilena, revela al menos 7.523 ejecuciones extrajudiciales documentadas por una organización no gubernamental venezolana.
Rafael Enrique Bastardo Mendoza es la cabeza de la FAES. Encapuchados y con armas de guerra, los miembros de la Fuerza de Acción Especial – una unidad de élite de la PNB- se han transformado en el escuadrón de la muerte en Venezuela. Asaltan las barriadas más pobres del país. Operan con total impunidad, establecen toques de queda, simulan enfrentamientos para ocultar asesinatos y después amenazan a familiares y vecinos para que no denuncien.
Es el escuadrón policial más temido en Venezuela y, desde que escaló la tensión en las calles con la juramentación de Juan Guaidó como Presidente Encargado, esos agentes están señalados como autores de la mayoría de los asesinatos.
La FAES fue creada el 14 de julio de 2017 por Nicolás Maduro, quien explicó su fundación "para combatir el crimen y el terrorismo". Si en 2016, la Policía Nacional Bolivariana era responsable del 22% de las muertes en el país, al año siguiente, después de solo seis meses de existencia, la FAES aumentó ese lamentable récord en un 10%, hasta llegar al 32%. Su modus operandi es militar. Toman militarmente una zona concreta, como si
Iván Rafael Hernández Dala es el Comandante de la Contrainteligencia Militar (DGCIM). Bajo su mando se tortura a presos políticos. De hecho, en los calabozos de la DGCIM fue asesinado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo el 3 de julio pasado.
Aunque el ejército venezolano ha tenido una unidad de inteligencia desde 1957, desde 2001 la DGCIM se dedica a la contrainteligencia. Desde entonces, investiga a las propias fuerzas armadas y a sus oficiales. En la práctica, los ciudadanos acusados de espionaje o traición suelen ser detenidos por la Sebin (el servicio de inteligencia chavista), mientras que la DGCIM busca a los militares sospechados de delitos similares.
En marzo, un teniente de la Fuerza Aérea y desertor de la DGCIM testificó y proporcionó pruebas a una audiencia de la OEA sobre las prácticas de tortura empleadas en el Helicoide por funcionarios de la DGCIM. El testimonio podría dar lugar a cargos penales internacionales para los funcionarios implicados.
La inclusión de los dos comandantes en la lista negra del departamento de Estado se suma a la acción del gobierno de Estados Unidos del 15 de febrero de 2019 en la que se sancionaba financieramente a Bastardo y Hernández por su participación en abusos de derechos humanos, represión y corrupción. De acuerdo con la ley, además de la designación de los dos comandantes, la medida alcanza a la mujer de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y a la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios.
El comunicado además recuerda que el Departamento de Estado puede revocar los visados para los funcionarios extranjeros y sus familiares directos en los casos en que el Secretario de Estado tenga información fidedigna de que han estado involucrados en actos de corrupción significativa o en una grave violación de los derechos humanos. "Tales individuos y sus familiares inmediatos no son elegibles para entrar a los Estados Unidos", sentencia el texto.
Desde el 10 de enero pasado, cuando EEUU desconoció el segundo mandato de Maduro por fraudulento y apoyó a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el gobierno de Trump recrudeció su política de sanciones contra el régimen. El objetivo es aislarlo internacionalmente para forzar su apertura democrática.
Así, en su lista negra hay decenas de funcionarios chavistas, desde los más poderosos Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores o Diosdado Cabello, hasta militares casi desconocidos en el exterior pero que han tenido un rol muy importante para mantener a flote a la dictadura chavista. Además, en marzo de este año, el Tesoro norteamericano sancionó a PDVSA, la petrolera estatal fuente de financiamiento del régimen.
