El régimen de Maduro bloqueó la entrada de los enviados de Bachelet a los sótanos donde tortura la inteligencia chavista
La española Sara Nuero Escobar y el mexicano Carlos de La Torre, representantes que dejó la alta comisionada de la ONU, no han logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados
Sebastiana Barráez
desde Caracas, Venezuela
Cuando Verónica Michelle Bachelet Jeria, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en Venezuela, anunció que aunque se iba del país quedarían dos oficiales de Derechos Humanos, "uno de ellos Carlos y la otra persona es Sara, y que eso les iba a permitir no sólo alzar la voz con los familiares de los presos políticos, sino conocer la situación y tener todos los elementos". A la vez que aseguró que "no los vamos a olvidar".
Parece que eso le importa muy poco a los funcionarios de la DGCIM, que no han permitido a la comisión visitar los sótanos donde están detenidos los militares y civiles.
La española Sara Nuero Escobar y el mexicano Carlos de La Torre, que son los dos representantes de la comisión que dejó Bachelet, no han logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados que están en los tenebrosos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Al coronel (Ej) Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de Investigaciones de la DGCIM, le importó muy poco que Nicolás Maduro le haya prometido a Bachelet que sus dos oficiales de Derechos Humanos tendrían "acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad".
La respuesta de Guerrero Mijares a los representantes de la ONU que han solicitado entrevistarse con algunos militares en la DGCIM es que no se puede hasta que no reciba la orden de aprobación por parte de su superior, que debe darla el mayor general Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar.
Si algo ha sido consistente, en las denuncias sobre violación de los derechos humanos de los militares y civiles, detenidos en la DGCIM, es que existe un modus operandi que se ha cumplido rigurosamente contra los detenidos: son allanadas sus viviendas sin orden previa, a la par que les roban dinero, joyas, ropa, alimentos y cuanto objeto de valor haya en la casa de la víctima.
Son detenidos sin orden judicial, algunos son torturados, son incomunicados y no les permiten que los vea su abogado ni su familia, son presentados ante el Tribunal sin cumplir los lapsos establecidos en la Ley y todas las denuncias se basan en informes sin ninguna investigación o en la figura de "delación", a la cual se acogen algunos para evitar la tortura, de manera que señalan a cualquier figura política que el torturador le sugiere.
Son múltiples los casos en que el detenido ha llegado golpeado y con evidentes signos de tortura a la sede de los tribunales militares, pero eso no es incluido en el acta ni el expediente porque el juez ignora la solicitud del detenido y sus abogados.
¿Los culpables?
Cuando el caso de la brutal muerte del concejal Fernando Alban y en el marco del escándalo y repudio nacional y mundial, fueron acusados dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a quienes los responsabilizaron de que por su descuido el concejal se había lanzado suicidándose. Es así como el Ministerio Público dilató la verdadera investigación sobre lo que sucedió con el edil.
Se repite el guión ahora con el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuando el Fiscal General nombrado por la Constituyente, Tareck William Saab, dijo que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del Tte (GNB) Ascanio Antonio Tarascio y el Sgto 2° (GNB) Estiben José Zarate, quienes serían los presuntos responsables.
Otra vez se propone la Fiscalía con los cuerpos de seguridad encubrir un hecho de esa magnitud responsabilizando a un joven teniente y a un sargento segundo, sin que recaiga responsabilidad alguna sobre quienes dan las órdenes y tienen la estructura de tortura en la DGCIM.
Mientras eso sucede, el Tribunal imputó a los generales de Brigada Miguel Sisco Mora y Ramón Lozada Saavedra, así como al coronel Miguel Castillo Cedeño por su participación en lo que llaman la operación Vuelvan Caras, que es el plan de conspiración que según el Gobierno estaba montado para los días 24 y 25 de junio contra Nicolás Maduro y otras figuras del Gobierno.
Sisco irá a la Policía Militar de Fuerte Tiuna, Lozada a los sombríos sótanos de la DGCIM y el coronel al anexo militar de La Pica en Monagas.
Si a la Comisión de Bachelet no le permiten hablar con los detenidos en la DGCIM, ¿qué pueden aspirar los defensores y los familiares de esos presos por razones políticas?
Aunque los sótanos de la DGCIM fueron acondicionados, pintados, tumbaron paredes y levantaron otras, de nada sirve el maquillaje si la estructura de poder y tortura continúa.
Varias peticiones hechas ante la DGCIM por parte de la Comisión de Bachelet esperan respuesta para que se abran las puertas de esas tenebrosas celdas.
desde Caracas, Venezuela
Cuando Verónica Michelle Bachelet Jeria, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en Venezuela, anunció que aunque se iba del país quedarían dos oficiales de Derechos Humanos, "uno de ellos Carlos y la otra persona es Sara, y que eso les iba a permitir no sólo alzar la voz con los familiares de los presos políticos, sino conocer la situación y tener todos los elementos". A la vez que aseguró que "no los vamos a olvidar".
Parece que eso le importa muy poco a los funcionarios de la DGCIM, que no han permitido a la comisión visitar los sótanos donde están detenidos los militares y civiles.
La española Sara Nuero Escobar y el mexicano Carlos de La Torre, que son los dos representantes de la comisión que dejó Bachelet, no han logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados que están en los tenebrosos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Al coronel (Ej) Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de Investigaciones de la DGCIM, le importó muy poco que Nicolás Maduro le haya prometido a Bachelet que sus dos oficiales de Derechos Humanos tendrían "acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad".
La respuesta de Guerrero Mijares a los representantes de la ONU que han solicitado entrevistarse con algunos militares en la DGCIM es que no se puede hasta que no reciba la orden de aprobación por parte de su superior, que debe darla el mayor general Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar.
Si algo ha sido consistente, en las denuncias sobre violación de los derechos humanos de los militares y civiles, detenidos en la DGCIM, es que existe un modus operandi que se ha cumplido rigurosamente contra los detenidos: son allanadas sus viviendas sin orden previa, a la par que les roban dinero, joyas, ropa, alimentos y cuanto objeto de valor haya en la casa de la víctima.
Son detenidos sin orden judicial, algunos son torturados, son incomunicados y no les permiten que los vea su abogado ni su familia, son presentados ante el Tribunal sin cumplir los lapsos establecidos en la Ley y todas las denuncias se basan en informes sin ninguna investigación o en la figura de "delación", a la cual se acogen algunos para evitar la tortura, de manera que señalan a cualquier figura política que el torturador le sugiere.
Son múltiples los casos en que el detenido ha llegado golpeado y con evidentes signos de tortura a la sede de los tribunales militares, pero eso no es incluido en el acta ni el expediente porque el juez ignora la solicitud del detenido y sus abogados.
¿Los culpables?
Cuando el caso de la brutal muerte del concejal Fernando Alban y en el marco del escándalo y repudio nacional y mundial, fueron acusados dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a quienes los responsabilizaron de que por su descuido el concejal se había lanzado suicidándose. Es así como el Ministerio Público dilató la verdadera investigación sobre lo que sucedió con el edil.
Se repite el guión ahora con el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuando el Fiscal General nombrado por la Constituyente, Tareck William Saab, dijo que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del Tte (GNB) Ascanio Antonio Tarascio y el Sgto 2° (GNB) Estiben José Zarate, quienes serían los presuntos responsables.
Otra vez se propone la Fiscalía con los cuerpos de seguridad encubrir un hecho de esa magnitud responsabilizando a un joven teniente y a un sargento segundo, sin que recaiga responsabilidad alguna sobre quienes dan las órdenes y tienen la estructura de tortura en la DGCIM.
Mientras eso sucede, el Tribunal imputó a los generales de Brigada Miguel Sisco Mora y Ramón Lozada Saavedra, así como al coronel Miguel Castillo Cedeño por su participación en lo que llaman la operación Vuelvan Caras, que es el plan de conspiración que según el Gobierno estaba montado para los días 24 y 25 de junio contra Nicolás Maduro y otras figuras del Gobierno.
Sisco irá a la Policía Militar de Fuerte Tiuna, Lozada a los sombríos sótanos de la DGCIM y el coronel al anexo militar de La Pica en Monagas.
Si a la Comisión de Bachelet no le permiten hablar con los detenidos en la DGCIM, ¿qué pueden aspirar los defensores y los familiares de esos presos por razones políticas?
Aunque los sótanos de la DGCIM fueron acondicionados, pintados, tumbaron paredes y levantaron otras, de nada sirve el maquillaje si la estructura de poder y tortura continúa.
Varias peticiones hechas ante la DGCIM por parte de la Comisión de Bachelet esperan respuesta para que se abran las puertas de esas tenebrosas celdas.
