Consejo de la Magistratura activa auditoría jurídica al proceso en el caso de violación múlltiple

"Lo que se ha decidido en Sala Plena es aplicar una auditoría jurídica inmediatamente", anunció este jueves, en Sucre, el consejero de la Magistratura Omar Michel Durán.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz
El Consejo de la Magistratura (CM) anunció este jueves que decidió activar una auditoría jurídica al proceso en el caso denominado "La Manada", asociado a un hecho de supuesta violación grupal a una joven de 18 años en un motel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, denunciado en diciembre de 2018.


"Se ha asumido la decisión de aplicar ese control de fiscalización más una adutoría jurídica", informó el consejero de la Magistratura Omar Michel Durán, durante una conferencia de prensa en la que se refirió a la decisión, adoptada por la Sala Plena de esa institución con sede en la ciudad de Sucre, Chuquisaca.

La determinación fue comunicada un día después de que el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, pidiera al Consejo una "auditoría completa e integral" al proceso, después que la absolución de un menor de 14 años, por la jueza Shirley Becerra, originara críticas.

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Michel Durán aclaró que el CM no decidió la suspensión de la jueza, quien el miércoles alegó en su defensa que tomó la decisión porque el Ministerio Público no probó la participación del menor. "No, por ahora miren... lo que se ha decidido en Sala Plena es aplicar una auditoría jurídica inmediatamente", reiteró el consejero.

El caso conocido como "La Manada", en referencia a uno similar en España, fue denunciado en diciembre del año pasado después que la joven y cinco varones, entre ellos el menor de 14 años, ingresaran a un motel de la capital cruceña para continuar con el consumo de bebidas y drogas, tras ser expulsados de una discoteca.

Cuatro de los acusados por violación fueron enviados a la cárcel bajo detención preventiva y el adolescente a un centro para menores.

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El 28 de junio, Becerra liberó de toda culpa al menor, quien en marzo de este año se benefició con el cese de la detención preventiva. Activistas que apoyan a la víctima denunciaron parcialización y anunciaron que apelarán la sentencia.

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