Cómo funciona la plataforma de tortura que se ha impuesto en la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela
El esquema perverso de poder, maltratos y muerte está integrado por las autoridades de la DGCIM, la justicia militar, los médicos forenses, los defensores públicos y los carceleros
Sebastiana Barráez
desde Caracas, Venezuela
En la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se fue imponiendo desde hace tiempo, pero con mayor énfasis durante 2018 y lo que va del 2019, una estructura de poder para liquidar, por vía física pero sobre todo psicológica, a quienes caen detenidos por sospechas de conspiración. No son cubanos, son militares y policías venezolanos quienes lo hacen.
El Jefe de la DGCIM es el mayor general (Ej) Iván Hernández Dala, que ha tenido una acelerada carrera de ascenso en la Fuerza Armada como hombre de confianza de Nicolás Maduro, no sólo como jefe de Contrainteligencia Militar sino de la Guardia de Honor Presidencial.
Uno de los hombres claves en ese triángulo de terror en que se han convertido los sótanos de la DGCIM, es el mayor (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, egresado de la II promoción Toma de Las Flecheras, en la EFOFAC, año 2004.
Este oficial, procedente de Puerto Cabello y cuya familia se dedica a sacar chatarra por el puerto, ocupa el cargo de jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM. Es un hombre de absoluta confianza del general Hernández Dala, lo que le ha permitido imponer actos brutales contra detenidos. No por casualidad su oficina está al mismo nivel que la del mayor general.
El otro factor en ese entramado de tortura lo constituyen los tribunales militares y la Corte Marcial. Uno de las demostraciones más relevantes de la participación de la justicia militar es lo que ha venido sucediendo con la juez del Tribunal primero de control My (Ej) Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón. Ella no solo es que hace caso omiso cada vez que un militar detenido ha sido presentado con evidentes signos de tortura, sino que además ha sido determinante para desarrollar maniobras que les impida a los detenidos presentarse con su abogado privado.
La juez a través de subterfugios hace que los imputados sean asistidos por defensores públicos militares que por supuesto nunca los defienden, porque obedecen a sus jefes superiores.
El otro elemento a considerar es un grupo de médicos forenses del Hospital de El Llanito, quienes se limitan a firmar las certificaciones sobre la situación de salud de los detenidos. Ellos omiten las marcas, moretones, golpes, heridas y cicatrices recientes de los militares presos.
En ese triángulo perverso de poder, de tortura y de muerte, está por una parte la DGCIM con sus esbirros, que allanan, torturan y montan expedientes con pruebas inventadas, por la otra la justicia militar con jueces, fiscales y defensores públicos y finalmente los carceleros, en los que también hay que incluir algunas ONGs para quienes los detenidos no son más que una estadística.
Desde el primer paso
Cuando se hace un procedimiento el Código procesal penal establece que debe notificarse al Fiscal en las primeras 8 horas y presentarlo ante el Tribunal en las primeras 48 horas.
En el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo pasaron días antes de ser presentado al Tribunal, a donde llegó brutalmente golpeado según denunció su abogado Alonso Medina.
El oficial casi no podía hablar. Lo llevaron en silla de ruedas y con signos evidentes de tortura según los testigos en el tribunal. El juez lo envió al hospital, pero fue demasiado tarde y murió.
Pero esos procesos son viciados. Lo están desde que arranca el allanamiento y la detención.
Hay más de 160 militares detenidos por razones políticas, los imputan de Traición a la Patria porque es el que acarrea más años de presidio.
No los presentan en el lapso de 8 horas, no notifican al Fiscal y menos al Tribunal, porque los torturan hasta que obtienen de ellos la información que quieren o la que los obligan a grabar y firmar. En todo ese tiempo el militar permanece detenido y violándole el debido proceso
Una vez que el detenido llega a la DGCIM le ordenan sentarse en el sótano 3 de investigaciones, donde hay un mostrador donde lo obligan a quitarse todo lo que cargue encima de prendas, documentos, etc. Luego te ponen a llenar a mano el formulario con el inventario.
Dependiendo del caso el detenido va a tortura. Y ahí viene otra etapa: entorchan al detenido, es decir es decir le colocan papel periódico o de bolsas, alrededor de los ojos y cinta pegante, lo tienen esposado hasta que llega el teniente de navío Abel Anzola y el capitán Jesús Gerardo Cardenas, entrenados en la tortura física.
Mientras el torturado grita, el Coronel Hannover Esteban Guerrero está oyéndolos desde su oficina en el sótano tres.
desde Caracas, Venezuela
En la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se fue imponiendo desde hace tiempo, pero con mayor énfasis durante 2018 y lo que va del 2019, una estructura de poder para liquidar, por vía física pero sobre todo psicológica, a quienes caen detenidos por sospechas de conspiración. No son cubanos, son militares y policías venezolanos quienes lo hacen.
El Jefe de la DGCIM es el mayor general (Ej) Iván Hernández Dala, que ha tenido una acelerada carrera de ascenso en la Fuerza Armada como hombre de confianza de Nicolás Maduro, no sólo como jefe de Contrainteligencia Militar sino de la Guardia de Honor Presidencial.
Uno de los hombres claves en ese triángulo de terror en que se han convertido los sótanos de la DGCIM, es el mayor (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, egresado de la II promoción Toma de Las Flecheras, en la EFOFAC, año 2004.
Este oficial, procedente de Puerto Cabello y cuya familia se dedica a sacar chatarra por el puerto, ocupa el cargo de jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM. Es un hombre de absoluta confianza del general Hernández Dala, lo que le ha permitido imponer actos brutales contra detenidos. No por casualidad su oficina está al mismo nivel que la del mayor general.
El otro factor en ese entramado de tortura lo constituyen los tribunales militares y la Corte Marcial. Uno de las demostraciones más relevantes de la participación de la justicia militar es lo que ha venido sucediendo con la juez del Tribunal primero de control My (Ej) Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón. Ella no solo es que hace caso omiso cada vez que un militar detenido ha sido presentado con evidentes signos de tortura, sino que además ha sido determinante para desarrollar maniobras que les impida a los detenidos presentarse con su abogado privado.
La juez a través de subterfugios hace que los imputados sean asistidos por defensores públicos militares que por supuesto nunca los defienden, porque obedecen a sus jefes superiores.
El otro elemento a considerar es un grupo de médicos forenses del Hospital de El Llanito, quienes se limitan a firmar las certificaciones sobre la situación de salud de los detenidos. Ellos omiten las marcas, moretones, golpes, heridas y cicatrices recientes de los militares presos.
En ese triángulo perverso de poder, de tortura y de muerte, está por una parte la DGCIM con sus esbirros, que allanan, torturan y montan expedientes con pruebas inventadas, por la otra la justicia militar con jueces, fiscales y defensores públicos y finalmente los carceleros, en los que también hay que incluir algunas ONGs para quienes los detenidos no son más que una estadística.
Desde el primer paso
Cuando se hace un procedimiento el Código procesal penal establece que debe notificarse al Fiscal en las primeras 8 horas y presentarlo ante el Tribunal en las primeras 48 horas.
En el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo pasaron días antes de ser presentado al Tribunal, a donde llegó brutalmente golpeado según denunció su abogado Alonso Medina.
El oficial casi no podía hablar. Lo llevaron en silla de ruedas y con signos evidentes de tortura según los testigos en el tribunal. El juez lo envió al hospital, pero fue demasiado tarde y murió.
Pero esos procesos son viciados. Lo están desde que arranca el allanamiento y la detención.
Hay más de 160 militares detenidos por razones políticas, los imputan de Traición a la Patria porque es el que acarrea más años de presidio.
No los presentan en el lapso de 8 horas, no notifican al Fiscal y menos al Tribunal, porque los torturan hasta que obtienen de ellos la información que quieren o la que los obligan a grabar y firmar. En todo ese tiempo el militar permanece detenido y violándole el debido proceso
Una vez que el detenido llega a la DGCIM le ordenan sentarse en el sótano 3 de investigaciones, donde hay un mostrador donde lo obligan a quitarse todo lo que cargue encima de prendas, documentos, etc. Luego te ponen a llenar a mano el formulario con el inventario.
Dependiendo del caso el detenido va a tortura. Y ahí viene otra etapa: entorchan al detenido, es decir es decir le colocan papel periódico o de bolsas, alrededor de los ojos y cinta pegante, lo tienen esposado hasta que llega el teniente de navío Abel Anzola y el capitán Jesús Gerardo Cardenas, entrenados en la tortura física.
Mientras el torturado grita, el Coronel Hannover Esteban Guerrero está oyéndolos desde su oficina en el sótano tres.
