Un militar venezolano fue torturado y asesinado por agentes de la Contrainteligencia chavista
Juan Guaidó, Julio Borges y Antonio Ledezma condenaron la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. "Nadie, absolutamente nadie, puede permanecer indiferente ante este horror", declaró el presidente interino de Venezuela
Infobae
Tamara Sujú, representante diplomática de Venezuela ante República Checa y activista por los derechos humanos, reveló este sábado que el Capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo murió tras ser torturado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
"#SOSVENEZUELA. El DGCIM asesina a punta de torturas al Capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el 21 de junio. Ayer llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, sólo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. Se le pedía ponerse en pie pero no podía moverse. El juez ordenó su traslado al hospital y falleció hoy a la 1 am", escribió Sujú a través de su cuenta de Twitter.
Sujú declaró que por este crimen hacía responsable a Nicolás Maduro, a Iván Hernández Dala -director del DGCIM- "y a toda su estructura represiva".
"El capitán habría confirmado asistiendo con la cabeza a la pregunta de si fue torturado por el DGCIM, pero no podía casi gesticular palabras. Sólo decía auxilio. Auxilio. Su estado era ya crítico. Llevaré personalmente este caso a la Corte Penal Internacional", afirmó la activista en su publicación que fue replicada por diversos medios venezolanos.
Y agregó: "Me dicen que el cuerpo del capitán se lo llevaron del hospital y no se sabe dónde lo tienen".
El pasado 22 de junio, Waleska Pérez, esposa del militar asesinado, denunció su desaparición física y contó que había hablado con él por última vez a las 2:00 pm del día anterior, mientras se encontraba en una "reunión personal" en Guatire, estado Miranda.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se pronunció sobre este crimen a través de su cuenta de Twitter: "No hay palabras para describir este abominable hecho. Hemos establecido contacto inmediato con la familia y la comisión de la ONU en Venezuela. He girado instrucciones a embajadores y al equipo internacional para elevar denuncia a Gobiernos y especialmente a la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet".
"Seguimos recabando información sobre este crimen para profundizar acciones. Nadie, absolutamente nadie, puede permanecer indiferente ante este horror, y mucho menos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada", agregó Guaidó en su mensaje. Y dedicó un comentario a los familiares de la víctima: "No están solos, habrá justicia".
Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas, rechazó este tipo de acciones que van en contra de las leyes y la justicia venezolana. "La narcotiranía sigue perpetrando crímenes de lesa humanidad. Denunciemos esta barbaridad", dijo.
Julio Borges, embajador de Venezuela en el Grupo de Lima, también replicó la denuncia del crimen. "Le arrebataron la vida, al igual que a nuestro hermano Fernando Albán, por defender la democracia y la libertad", escribió en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Cada minuto que pasa se hace más urgente tomar acciones contundentes contra esta dictadura que no respeta el derecho a la vida. No podemos permitir las muertes de venezolanos inocentes".
Un informe de la OEA presentado el viernes denuncia que tras el fallido levantamiento militar del pasado 30 de abril promovido por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, fueron detenidas 327 personas en dos días.
En total son 356 los presos políticos que hay en el país caribeño, añade el informe.
Desde que Maduro desconoció la autoridad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en julio de 2017, un total de 67 diputados electos han sido víctimas de persecución política por acusaciones de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, asociación para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes".
Ante estas violaciones de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo de la OEA pone como principales desafíos para atender la crisis migratoria que se reconozca los derechos a la identidad, la salud, la educación y al trabajo de los migrantes, así como otorgarle "una dimensión global" a la situación de Venezuela.
Tamara Sujú, representante diplomática de Venezuela ante República Checa y activista por los derechos humanos, reveló este sábado que el Capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo murió tras ser torturado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
"#SOSVENEZUELA. El DGCIM asesina a punta de torturas al Capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el 21 de junio. Ayer llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, sólo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. Se le pedía ponerse en pie pero no podía moverse. El juez ordenó su traslado al hospital y falleció hoy a la 1 am", escribió Sujú a través de su cuenta de Twitter.
Sujú declaró que por este crimen hacía responsable a Nicolás Maduro, a Iván Hernández Dala -director del DGCIM- "y a toda su estructura represiva".
"El capitán habría confirmado asistiendo con la cabeza a la pregunta de si fue torturado por el DGCIM, pero no podía casi gesticular palabras. Sólo decía auxilio. Auxilio. Su estado era ya crítico. Llevaré personalmente este caso a la Corte Penal Internacional", afirmó la activista en su publicación que fue replicada por diversos medios venezolanos.
Y agregó: "Me dicen que el cuerpo del capitán se lo llevaron del hospital y no se sabe dónde lo tienen".
El pasado 22 de junio, Waleska Pérez, esposa del militar asesinado, denunció su desaparición física y contó que había hablado con él por última vez a las 2:00 pm del día anterior, mientras se encontraba en una "reunión personal" en Guatire, estado Miranda.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se pronunció sobre este crimen a través de su cuenta de Twitter: "No hay palabras para describir este abominable hecho. Hemos establecido contacto inmediato con la familia y la comisión de la ONU en Venezuela. He girado instrucciones a embajadores y al equipo internacional para elevar denuncia a Gobiernos y especialmente a la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet".
"Seguimos recabando información sobre este crimen para profundizar acciones. Nadie, absolutamente nadie, puede permanecer indiferente ante este horror, y mucho menos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada", agregó Guaidó en su mensaje. Y dedicó un comentario a los familiares de la víctima: "No están solos, habrá justicia".
Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas, rechazó este tipo de acciones que van en contra de las leyes y la justicia venezolana. "La narcotiranía sigue perpetrando crímenes de lesa humanidad. Denunciemos esta barbaridad", dijo.
Julio Borges, embajador de Venezuela en el Grupo de Lima, también replicó la denuncia del crimen. "Le arrebataron la vida, al igual que a nuestro hermano Fernando Albán, por defender la democracia y la libertad", escribió en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Cada minuto que pasa se hace más urgente tomar acciones contundentes contra esta dictadura que no respeta el derecho a la vida. No podemos permitir las muertes de venezolanos inocentes".
Un informe de la OEA presentado el viernes denuncia que tras el fallido levantamiento militar del pasado 30 de abril promovido por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, fueron detenidas 327 personas en dos días.
En total son 356 los presos políticos que hay en el país caribeño, añade el informe.
Desde que Maduro desconoció la autoridad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en julio de 2017, un total de 67 diputados electos han sido víctimas de persecución política por acusaciones de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, asociación para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes".
Ante estas violaciones de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo de la OEA pone como principales desafíos para atender la crisis migratoria que se reconozca los derechos a la identidad, la salud, la educación y al trabajo de los migrantes, así como otorgarle "una dimensión global" a la situación de Venezuela.
