TCP establece indicios de responsabilidad contra Revilla por Alpacoma, la Alcaldía denuncia alineamiento político

“Lamentamos que el Órgano Judicial falle a pedido del cliente”, señaló el diputado opositor Wilson Santamaría respecto a la resolución del TCP.

Página Siete Digital / La Paz
La sala cuarta especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia 0228/2019 y declaró procedente una acción popular contra el alcalde La Paz, Luis Revilla, que establece la existencia de indicios de responsabilidad penal en su contra por el deslizamiento de basura del relleno sanitario de Alpacoma, ocurrido el 15 de enero. El director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía paceña, Fernando Velásquez, denunció alineamiento político por parte del Tribunal con el gobierno nacional.


El recurso de acción popular fue presentado por Teodoro Blanco Mollo y Simón Judas Apaza Rojas contra el ministro de Medio Ambiente y Aguas, Carlos Ortuño , y el dirigente de Achocalla, Martin Quenallata, además de Revilla. Los demandantes denuncian la vulneración de su derecho a la salud y a un medio ambiente saludable

El fallo del TCP resuelve lo siguiente:

1. Conceder la tutela solicitada, únicamente en relación al Alcalde de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

2. Denegar la tutela solicitada en relación al ministro de Medio Ambiente y Aguas, Luis Antonio Revilla Herrero, y el dirigente de Achocalla, Martin Quenallata.

3. Ordenar la notificación de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, tanto al Ministerio Público como a la Procuraduría General del Estado y establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas informe a la Juez de Garantías sobre la realización de la auditoría ambiental.


“Es una sentencia absolutamente alineada a una decisión política que no tiene en lo absoluto un marco de coherencia legal. Nos parece una aberración, sobre todo porque hacen consideraciones y atribuir responsabilidades al alcalde Luis Revilla sin tener la auditoría ambiental, se han apoyado en los informes del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y del Viceministerio de Agua potable y Saneamiento Básico sobre todo, cuando son estas entidades las que han generado posteriores informes de los planes de contingencia sobre la necesidad de contar con una auditoría ambiental que establezca causas y responsables”, señaló director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía paceña.

Velásquez indicó que diferentes instituciones del Estado buscan atacar a la gestión municipal. Según explicó el fallo del TCP ampara el convenio suscrito con los pobladores que bloquearon el acceso al relleno sanitario, pero en el caso del alcalde de La Paz el convenio no tiene validez.

“Lamentamos que el Órgano Judicial falle a pedido del cliente”, señaló el diputado opositor Wilson Santamaría respecto a la resolución del TCP, que no ve responsabilidad de los vecinos de Achocalla por el bloqueo al botadero municipal que duró más de 10 días y puso en riesgo la salud de los ciudadanos paceños.

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